SANTO DOMINGO – Profesionales del área del derecho, consultoría legal y economistas analizaron hoy la importancia de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, durante un panel realizado en el espacio radial La Súper 7 en la Mañana, de La Súper 7 (107.7 FM).
Los analistas son María Alexandra Pezzotti, directoral legal de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA); Francisco Álvarez, abogado y catedrático; Roberto Mella Cohn, economista y consultor tributario y Claudia Álvarez Troncoso, consultora sobre lavado de activos.
Para el abogado Francisco Álvarez, la ley 155-17 ha venido a llenar un vacío en el país, ya que no se contaba con un marco regulatorio que establezca las políticas de prevención y las sanciones contra quienes traten de convertir el dinero ilícito en licito a través de actividades comerciales.
Álvarez recuerda que el G8 (ocho países más industrializados del mundo) se reunió en 1989 y expresó preocupación por el auge del narcotráfico y decide crear el Grupo Acción Internacional (GAFI), para estudiar las reglas a fin de adoptar medidas por el lavado de activos.
“Es un año después que el GAFI se reúne y aprueba cuarenta recomendaciones para reducir el lavado de activos y posteriormente nueve medidas más para combatir el terrorismo, siendo cada una de estas recomendadas a los países para tomar en cuenta”, comentó.
“En el 2003, cuando los ojos del mundo se fijaron en nosotros, cuando el tema de los fraudes bancarios pues de buena a primera vimos las evaluaciones que teníamos y era un desastre total; de hecho ahora recientemente en la evaluación del 2016, si se percatan de los resultados de esa evaluación se van a dar cuenta de que de las 18 esenciales, de los que llaman el núcleo, que son 18, se incumplían 14, pero de las 40 se incumplían 36”, dijo Álvarez.
El reconocido abogado recuerda que la anterior legislación establecía sanciones pero era en términos muy generales, pero ahora la Ley 155-17 contempla señalamientos directos, hasta para los abogados, contables, notarios, agencias de vehículos, agentes de bienes raíces, actores que antes no eran incluidos en los expedientes.
Sostuvo que la diferencia de la derogada (ley 72-02) sobre lavado es que no se cumplía, pero ahora desde el Estado existe interés para hacer cumplir la actual (la ley 155-17). ¿Por qué, porque ahora sí y antes no, porque si no se cumple corremos el riesgo de caer en una de las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y ustedes saben cuáles son las consecuencias de caer en esa lista, sencillamente se nos reduciría la inversión extranjera en cantidad y calidad”, agregó Álvarez.
Tras defender la aplicación de dicha legislación, Francisco Álvarez entiende que la misma no afecta en lo absoluto a los abogados, porque no se le pide a este profesional que informe sobre un caso en el que actúe en defensa de un cliente.
Claudia Álvarez
Claudia Álvarez Troncoso, experta en prevención de blanqueo de capitales, dijo que era una necesidad la actualización de la normativa (ley 72-02), porque tenía diez años y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el 2012 actualizó sus recomendaciones para enfrentar el delito.
De acuerdo con Claudia Álvarez, desde el 2005 la República Dominicana no cae en una lista entre los países con malas calificaciones en el cumplimiento de las normas para combatir el lavado, aunque hay algunas metas por cumplir a partir de la aprobación de la ley 155-17.
Asimismo, descartó que la legislación haya sido una imposición del GAFI y sectores internacionales como han denunciado sectores, porque se discutió desde 2014 en coordinación con una gran cantidad de gremios, la Asociación de Bancos y el Gobierno.
María Pezzotti
De su lado, María Pezzotti, directora legal de la ABA, señala que el reto mayor es más para el sector público que para el privado porque de acuerdo con las evaluaciones, los reportes de operaciones sospechosas o de riesgos eran bien altas, pero las investigaciones y de condena en la Justicia, muy mínimas.
Destacó que el papel del sector privado es informar a los organismos estatales sobre operaciones o transacciones ilegales, por lo que insiste en que el seguimiento a la aplicación de la ley 155-17 debe ser una prioridad de las autoridades.
Con respecto a la preocupación que han externado algunos abogados, Pezzotti explica que la misma no es por los datos que tendrían que revelar de sus clientes, sino porque hay una serie de conocimiento que ellos deben contar y aplicaciones que son supervisadas por Impuestos Internos.
“Entonces, yo creo que la preocupación va por esa vía porque ahora hay que hacer toda una inversión, un proceso de educación del personal y ciertamente son efectos importantes que hay que cumplir”, aseguró Pezzotti para agregar que si no cumplen, los abogados podrían correr el riesgo de sanciones administrativas.
Roberto Mella
Con respecto a la tarea de los abogados también habló Roberto Mella Cohn, economista y consultor tributario, quien aclara que la ley no establece que el profesional es sujeto obligado por defender a un imputado, pero cuando oculta los fondos de su cliente ahí lo responsabiliza penalmente por incumplimiento de la norma.
En el marco del panel, también habló el director de la revista País Dominicano Temático, el periodista y escritor Menoscal Reynoso, quien conjuntamente con la Súper 7 (107.7 FM) coordinó el panel, para que la población pueda enterarse de los alcances de la ley 155-17.