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Aduanas EU retiene embarques de RD por alegados abusos braceros

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WASHINGTON.- La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) retendrá a partir de este miércoles los embarques de azúcar y otros productos procesados por Central Romana, de República Dominicana, debido al alegado trabajo forzoso a que son sometidos los braceros haitianos que laboran en esa empresa.

La CBP dijo que una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) detectó al menos cinco casos de trabajo forzoso, en particular, abuso de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y exceso de horas extras.

“Esta orden de detención demuestra el compromiso de CBP de proteger los derechos humanos y los estándares laborales internacionales y promover un mercado global justo y competitivo”, explicó Troy Miller, comisionado interino de CBP.

Agregó que esa agencia continuará estableciendo un alto estándar global investigando agresivamente las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas de suministro de Estados Unidos y manteniendo la mercancía implicada fuera del pais.

En su informe de septiembre de 2022 titulado “Estimaciones globales de la esclavitud moderna: trabajo forzado y matrimonio forzado”, la OIT estima que casi 28 millones de trabajadores sufren condiciones de trabajo forzado en todo el mundo.

Agrega que «las empresas extranjeras explotan el trabajo forzoso para vender bienes por debajo del valor de mercado. También perjudica a las empresas respetuosas de la ley, amenaza los empleos estadounidenses y expone a los consumidores a apoyar inadvertidamente prácticas comerciales poco éticas».

CENTRAL ROMANA RECHAZA ALEGATOS

Central Romana Corporation rechazó los alegatos de la oficina de la CPB y dijo haber recibido «con gran asombro” la declaración pública de los oficiales de dicho organismo.

«Las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias», reza una nota de prensa.

Afirma que en las últimas décadas ha destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de sus empleados, garantizando salarios dignos y aumento de los beneficios, talleres de entrenamiento y formación, así como la capacitación en los derechos humanos y deberes de sus trabajadores.

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Sancionarían con 150 salarios mínimos artistas que hablen de drogas en sus canciones

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En el Senado de la República cursa un proyecto de ley que prohíbe todo tipo de música, publicación, publicidad, propaganda o programas a través de los medios de comunicación tradicionales, redes sociales u otro medio que contenga estímulos y mensajes subliminales auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.

La iniciativa, que tiene como proponente al senador de la provincia Hato Mayor, Cristóbal Venerado Castillo (PRM), busca modificar el artículo 36 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.

La reforma a la ley, depositada en el órgano parlamentario el pasado 02 de noviembre, es con el fin de que se amplíe la prohibición a incitar al consumo de drogas y sustancias controladas a través de las canciones, ropas y demás métodos de difusión.

Aunque en el artículo 36 de la Ley 50-88 se prohíbe el promover el uso de drogas y sustancias controladas, no contempla sanciones.

De manera textual, la legislación vigente dice: “Se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad, propaganda o programas a través de los medios de comunicación, que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas”.

Con la nueva pieza, se impedirá el uso de prendas de vestir que hagan alusión a las drogas y/o sustancias controladas, lo cual, según Castillo, incita a su consumo y hace ver como normal y legal, algo que está prohibido por el ordenamiento jurídico dominicano.

Sanciones

El pliego legislativo establece que los medios de comunicación que incumplan con lo establecido en la normativa de ley serán penalizados con multas de 100 salarios mínimos.

Asimismo, los artistas que decidan en sus canciones hablar de drogas y/o sustancias controladas recibirán una sanción de 150 salarios mínimos y la música en cuestión será vedada.

Además, los comercios que se dediquen a la venta de prendas de vestir que hagan alusión a lo que se prohíbe en el proyecto de ley, serán sancionados con una multa de 50 salarios mínimos.

En caso de los infractores reincidir en el hecho, se les aplicará el doble de las sanciones.

Para la iniciativa ser efectiva, deberá ser tomada en consideración, aprobarla mediante un informe, sancionarla en ambas cámaras y ser promulgada.

Razones para proponer la iniciativa

Una de las razones que motivó al senador Cristóbal Venerado Castillo proponer la pieza, según consta el documento de ley, es que los medios de comunicación “están llenos de propaganda que ha normalizado el hecho de escuchar canciones, que inciten la ingesta y el consumo de drogas y sustancias controladas, sin que exista ninguna pena, ni prohibición para esto”.

Detalla también que pese a esto se ha propagado el uso de diseños y serigrafía en las prendas de vestir con mensajes subliminales en apoyo a este tipo de sustancias.

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De al menos 20 personas involucradas en 4 grandes casos de corrupción administrativa sólo 8 están en prisión

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Yudelka Domínguez
Santo Domingo, RD.
Desde el 2020 a la fecha el Ministerio Público ha desarticulado varios casos de estafas contra el Estado dominicano. De estos, cuatro han sido los principales casos seguidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En ellos se dictó prisión preventiva a al menos 20 implicados. A la fecha sólo 8 personas permanecen están arrestados y corresponden los casos Antipulpo, Coral, Coral 5G y Medusa.

En todos se dictó de tres a 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y se declaró el caso como complejo.

Las principales figuras de estos casos son Juan Alexis Medina Sánchez, Adan Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Es bueno aclarar que el Código Procesal Penal de República Dominicana en su artículo 241 establece algunos parámetros en los que se puede variar la prisión preventiva. Uno de ellos es cuando su “duración exceda de doce meses”, mientras que otro artículo establece que 18 meses en el caso de que sea declarado un proceso complejo.

Antipulpo
El primero de agosto de 2020, el Ministerio Público desarticuló una red de corrupción administrativa que supuestamente desfalcó al Estado dominicano con más de RD $4 mil millones. Por este caso fueron apresadas 11 personas de las cuales solo a 7 se le dictó prisión preventiva como medida de coerción.

Estos fueron Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Fernando Rosa Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

Al solicitar la variación de medida de coerción y en algunos casos colaborar con el Ministerio Público, la justicia dominicana fue variando la prisión preventiva. Los últimos en salir lo hicieron el pasado mes de agosto.

El juez del séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Deiby Timoteo Peguero dispuso arresto domiciliario para Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa Rosa y José Dolores Santana Carmona. A Alexis se le impuso el pago de 60 millones de pesos bajo aseguradora; 30 millones a Fernando Rosa y 20 millones para Dolores Santana.

Coral
Cuatro meses después de dar a conocer el caso Antipulpo, el Ministerio Público dio a conocer la “Operación Coral” con el arresto del mayor general Adan Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

Además de la Pastora Rossy Guzmán Sánchez; su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En mayo de 2021, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión contra Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Alejandro Montero, Tanner Flete Guzmán y Rossy Guzmán.

Este martes la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, le varió la medida contra Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete Guzmán, únicos que quedaban en prisión.

En el caso del Adán Cáceres y Rafael Núñez de Aza, se dispuso el pago de RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país.

A la pastora Rossy Guzmán le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico y a su hijo Tanner Flete, además del arresto domiciliario, tiene impedida la salida del país y deberá usar un brazalete electrónico.

Coral 5G
Un caso que se desprende del Coral es el Coral 5G, donde a pesar de tener al menos 13 personas involucradas sólo a cinco se les dictó prisión preventiva como medida de coerción.

Los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD); Boanerges Reyes Batista (ARD); el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores; José Manuel Rosario Pirón y Jehudy Bladesmil Guzmán Alcántara, fueron sentenciados en diciembre del año pasado a 18 meses prisión preventiva.

Todos permanecen aún bajo arresto.

Medusa
En julio de 2021 la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Rodríguez Imbert y Javier Alejandro Forteza Ibarra, implicados en el caso Medusa.

En este caso en que al inicio habían implicados alrededor de nueve personas existen en la actualidad 41 personas físicas y 22 empresas. De acuerdo al titular del Pepca, Wilson Camacho solo en sobornos el caso supera los supera los 1,000 millones de pesos.

Las tres personas que fueron sentenciadas a prisión preventiva todavía se encuentran bajo arrestolistindiario

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