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Trata de personas y tráfico de migrantes: Un dislate jurídico que lesiona la soberanía nacional

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Leonel Fernández
Santo Domingo, RD
En el proyecto de ley sometido por el poder ejecutivo al Congreso Nacional sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, se sostiene que su objetivo consiste en “prevenir, perseguir, sancionar y erradicar el delito de la esclavitud, sus prácticas análogas, la explotación, el tráfico ilícito de migrantes, y la trata de personas en todas sus modalidades”.

Llama la atención, sin embargo, que a lo primero que hace referencia el presidente de la República, es que en el país existe “el delito de la esclavitud”.

Eso resulta extraño. Desde hace más de 200 años la esclavitud fue abolida en nuestro país. Por lo tanto, ¿en qué se fundamenta el jefe del Estado para afirmar que en nuestro país hay esclavitud? ¿Quiénes son los amos; quiénes los esclavos?

Por lo demás, la República Dominicana es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del año 2000.

Igualmente, ha suscrito los dos protocolos emanados de esa convención, sobre trata de personas y tráfico de migrantes, mejor conocidos como los Protocolos de Palermo, por haberse originalmente debatido y suscrito en esa ciudad italiana.

El ordenamiento jurídico de la República Dominicana hace aplicable de forma directa los tratados internacionales que han sido debidamente ratificados por el Estado. Por consiguiente, no se requiere de ninguna ley para su debida aplicación, ya que los tratados tienen fuerza normativa y constituyen parte del bloque de constitucionalidad.

A pesar de eso, con la finalidad de ampliar el contenido de lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas y los protocolos de Palermo, nuestro país promulgó dos leyes: la 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del 2003 y la 285-04 sobre migración y su reglamento.

Por lo tanto, de lo que se trata ahora, en realidad, es del propósito del gobierno de reformar esas leyes para incorporar los criterios de los pactos mundiales de migración y refugiados de las Naciones Unidades y de la Declaración de los Ángeles que el país había rehusado firmar.

Los excesos del proyecto

El proyecto de ley introducido por el gobierno contiene 24 principios rectores que orientan su parte dispositiva y 95 artículos en conjunto. Modifica 10 disposiciones legales, entre las que se encuentran, además de las mencionadas, la ley orgánica de registro civil; la del régimen electoral; la ley de pasaporte; la de migración y su reglamento; el Código de Trabajo; la ley de matrimonio infantil; la ley de lavados de activos; la ley sobre crímenes y la de delitos de alta tecnología.

Como puede apreciarse, la reforma que plantea el poder ejecutivo en su proyecto de ley sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes excede los compromisos internacionales suscritos por el Estado dominicano como consecuencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada.

¿Cuáles son, pues, las razones o motivos que impulsan al gobierno a realizar una reforma que va más allá de los compromisos establecidos en los tratados internacionales en materia de trata de personas, tráfico de migrantes y refugiados?

Para algunos, es haber cedido a las presiones internacionales de las cuales la República Dominicana ha venido siendo objeto en los últimos tiempos. Son las presiones para otorgar la nacionalidad dominicana a aquellas personas nacidas de padres con estatus migratorio irregular.

Pero también son las que procuran desconocer el derecho soberano de que disponemos para deportar a cualquier ciudadano extranjero que se encuentre de forma ilegal en el territorio nacional; así como la de pretender obligarnos a recibir refugiados, especialmente de nuestro país vecino, Haití.

Todo eso, naturalmente, al tiempo que se incumple con normas elementales de responsabilidad y solidaridad de la comunidad internacional, de proceder a la concesión de ayuda humanitaria en situaciones de graves crisis, calamidades o vulnerabilidades de poblaciones en riesgo.

Violaciones a la soberanía

Durante mi segunda gestión de gobierno (2004-2008) se promulgó la actual resolución 492-06 que aprueba el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre del 2000.

De conformidad con dicha resolución, se adoptarán medidas legislativas para tipificar como delito en el derecho interno las conductas consideradas como de trata de personas; su penalización, la repatriación de las víctimas de esa acción delictiva y el reforzamiento de los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas.

Contrario a esas disposiciones, en el proyecto de ley sometido por el gobierno, las víctimas de la trata de personas, así como las de tráfico ilícito de migrantes, no podrán ser repatriadas a su país de origen.

Esto se consigna en el principio número 15, de no devolución, el cual sostiene: “Se aplicará el principio de derecho internacional de no devolución de la posible víctima… con la prohibición de no retorno forzoso a su lugar de origen, lo cual solo podrá realizarse por petición expresa de la víctima”.

En el proyecto de ley hay una falta de diferenciación entre persona objeto de tráfico ilícito de migrante y migrante irregular o ilegal. Eso tiene el peligro de convertir a todos los migrantes ilegales en víctimas de tráfico ilícito, con lo cual el Estado dominicano estaría impedido de ejercer su derecho soberano de deportación de quienes se encuentran de manera ilegal en nuestro territorio.

Más aún, impondría al Estado dominicano la obligación de concederles, en forma gratuita, a los migrantes irregulares, las atenciones de educación, salud, casa de acogidas, ayuda para la obtención de trabajo y permiso de residencia.

Como si todo eso fuera poco, las personas beneficiaras de esta ley también tendrían derecho de acceso a la seguridad social del régimen subsidiado, a todos los planes sociales estatales y a la posibilidad de traer al país a sus familias, dentro del plan de reunificación familiar, previstas en los artículos del 63 al 71 del referido proyecto de ley.

Los artículos 33 y 34 indican, de manera muy clara, cómo ha de financiarse todo eso: con un impuesto especial obligatorio puesto a cargo de todas las personas jurídicas y entidades del país.

En fin, un dislate jurídico que lesiona la soberanía nacional.

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Último minuto! Gran jurado vota para acusar penalmente al expresidente Trump en Nueva York

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Nueva York: Un gran jurado de Nueva York votó a favor de acusar formalmente al expresidente Donald Trump este jueves por su papel en el pago de dinero por silenciar a una estrella porno.

En un informe publicado el periódico neoyorquino, The New York Times, establece que la acusación estremecería la carrera presidencial de Trump para 2024, además de que se convertiría en el primer ex presidente de la nación en enfrentar cargos criminales.

La acusación por delito grave, presentada bajo sello por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, probablemente se anunciará en los próximos días, según The lNew York Times.

El periódico recordó que durante décadas Trump ha evitado los cargos penales a pesar del escrutinio persistente y las investigaciones repetidas, lo que ha creado un aura de invencibilidad legal que la votación para acusar ahora amenaza con perforar.

Donald Trump había asegurado que el martes pasado se iba a producir su detención, ante la cual había pedido a sus partidarios que salieran a la calle, sin embargo, no solo no se produjo, sino que tampoco el gran jurado trató su caso.

Sus acciones en torno a su derrota electoral de 2020 son el foco de una investigación federal separada, y un fiscal de Georgia se encuentra en las etapas finales de una investigación sobre los intentos de Trump de revertir los resultados de las elecciones en ese estado.

Pero a diferencia de las investigaciones que surgieron durante su tiempo en la Casa Blanca, este caso se basa en un episodio de mal gusto que es anterior a la presidencia de Trump.

El lunes, los 23 miembros de ese gran jurado convocaron por segunda vez a David Pecker, expropietario de The National Enquirer, para que explicara lo que sabía sobre el pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio sobre una relación sexual.

Trump siempre ha negado cualquier romance con la estrella porno Stormy Daniels, quien había estado tratando de vender su historia de una cita con el expresidente durante la campaña.

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Comité para Latinoamérica y el Caribe de la IS asume tres importantes resoluciones de impacto regional

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El organismo encabezado por el ingeniero Miguel Vargas, reelecto como su presidente, resaltó que las situaciones en Haití, Venezuela y Nicaragua ponen en peligro la democracia en la región.

Santo Domingo. – El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe emitió sendas resoluciones sobre la situación en Haití, Venezuela y Nicaragua, las que afirmó ponen en peligro la democracia en la región.

Tras reunirse en Santo Domingo, el organismo condenó las realidades que se viven en los citados países, donde, a su juicio, se ha inhabilitado el Estado de derecho.

El Comité, encabezado por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien fue reelecto para presidirlo, expresó su preocupación por la crisis económica, social e institucional que padece Haití.

También afirmó que la emergencia humanitaria derivada de la situación en Venezuela ha expulsado a más de siete millones de sus nacionales fuera del país.

Igualmente, reafirmó su condena al deterioro democrático y a los ataques a los derechos y libertades fundamentales en Nicaragua.

Dichas resoluciones se hacen públicas luego de que la comisión de estilo designada a los fines de que las revisara. A continuación, las tres resoluciones íntegras sobre cada una de estas naciones:

RESOLUCIÓN SOBRE HAITÍ

La crisis económica, social e institucional que padece Haití constituye una preocupación de los partidos miembros de la Internacional Socialista de América Latina y Caribe.

El Comité reitera su llamamiento a la comunidad internacional, en especial a los organismos multilaterales (ONU, OEA) y a Estados Unidos, Francia, Canadá, la Unión Europea y otros a ir en apoyo de Haití y actuar como agentes promotores en la construcción de un consenso amplio entre los distintos actores sociales y políticos del país con miras a su estabilización, seguridad y superación de la crisis, permitiendo emprender la reconstrucción social y económica que lleve a Haití por la senda del desarrollo.

La Internacional Socialista expresa su compromiso de promover de forma decidida alrededor del mundo la búsqueda de una solución pacífica a la crisis en Haití con el concurso activo de la Comunidad Internacional.

En este sentido, el Comité se compromete a la creación de una comisión regional de seguimiento y acompañamiento, con los partidos políticos miembros, para proponer soluciones posibles y realistas.

RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA

La crisis venezolana ha tenido repercusiones globales. La emergencia humanitaria derivada ha expulsado a más de siete millones de venezolanos fuera de su país. Hoy el tema venezolano es de vital importancia para América Latina, para todo el hemisferio occidental y para varios países de Europa.

En Venezuela se han deteriorado las libertades ciudadanas, se han incrementado la pobreza y las desigualdades. Para la Internacional Socialista, la superación, en paz y en libertad, de la crisis venezolana es un imperativo tanto ético como político.

Pedimos el reinicio de la negociación en México con facilitación del Reino de Noruega. Todo avance en este proceso es un paso importante en la mejora de las condiciones de vida de los venezolanos.

Exhortamos a las partes a alcanzar un acuerdo integral que permita a los venezolanos tener una vida digna y plena, creando un marco institucional que esté al servicio de todos los ciudadanos, con plenas garantías para el ejercicio de todos sus derechos.

La plataforma unitaria que agrupa la oposición democrática convocó a elecciones primarias para el 22 de octubre. La IS apoya y estará atenta a este proceso.

La resolución definitiva de la cuestión venezolana pasa por el apoyo al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución electoral a la crisis sistémica que vive Venezuela, mediante elecciones democráticas, libres y verificables.

RESOLUCIÓN SOBRE NICARAGUA DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Los partidos hermanos miembros del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunidos en Santo Domingo el día 26 de marzo de 2023, reafirman su condena al deterioro democrático y a los ataques a los derechos y libertades fundamentales en Nicaragua; al cumplirse cinco años de las movilizaciones masivas a favor de la democracia…

La violación de derechos humanos en Nicaragua está llegando a estrados de barbarie: presos políticos, detenciones ilegales, reformas inconstitucionales, limitación absoluta de los derechos civiles de la oposición política a grado de totalitarismo.

Todavía hay muchos presos políticos, entre los que se encuentra Monseñor Rolando Álvarez, lo cual destaca el cinismo de la dictadura y su naturaleza antidemocrática.

Pedimos al gobierno nicaragüense que restituya todos los derechos de los que ha despojado a los ciudadanos nicaragüenses a través de la enmienda constitucional aprobada de manera irregular que supone la privación del derecho a la nacionalidad. Llamamos a que el Parlamento de Nicaragua revoque esta ley punitiva que socava los derechos humanos fundamentales.

Ante esta situación, el presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, ofreció de manera inmediata la nacionalidad española a los cientos de presos políticos liberados hasta ahora, y a todos los que se encuentran en situación de apatridia. Acción que fue seguida por otros gobiernos solidarios de la región que también ofrecieron la nacionalidad.

Además, hacemos un llamamiento al gobierno nicaragüense para que tome las medidas necesarias para garantizar que todos los presos políticos sean liberados y se tomen medidas concretas para proteger los derechos de sus ciudadanos y trazar un nuevo camino hacia la restauración de la democracia en el país.

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