Las autoridades del estado de Texas, en Estados Unidos, ejecutaron este miércoles en la noche al preso mexicano Roberto Moreno Ramos mediante una inyección letal.

Nacido en el estado de Aguascalientes hace 64 años, Moreno fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa.

A principios de esta semana la Cancillería mexicana pidió que se detuviera su ejecución al tratarse de un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional”.

Así lo consideraban las autoridades mexicanas porque Moreno formaba parte de una lista de medio centenar de reos mexicanos en Estados Unidos amparados por una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (CIJ), a quienes no se les había informado en el momento de su detención de su derecho a recibir asesoramiento consular.

La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas, sin embargo, decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno, una decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de EE.UU., que desestimó este miércoles dos peticiones para suspender la ejecución, una del abogado del reo y otra de un grupo de jueces retirados texanos.

Lo mismo hizo el mismo día un juez de Austin, quien denegó una petición del letrado de Ramos para suspender temporalmente la ejecución, en base a supuestos defectos en el juicio en el que fue condenado y en los procesos de apelación de la sentencia.

“Gracias Dios”

Según informa el diario The Washington Post, cuando en la noche de este miércoles se le preguntó a Moreno si quería hacer una declaración antes de ser ejecutado, este dio las gracias al consulado mexicano por su ayuda en el proceso de apelaciones y aseguró que estaba agradecido por el “trato humano que recibí en prisión en Texas”.

“Gracias Dios. Señor, mándame una carroza. Estoy listo”, dijo.

Moreno fue declarado muerto a las 21:36 hora local, minutos después de recibir una inyección letal del potente barbitúrico pentobarbital.

Según el The Washington Post, con Moreno, ya se ha ejecutado a 21 presos en EE.UU. este año, 11 de ellos en Texas.

El crimen

A inicios de la década de 1990 Roberto Moreno vivía con su mujer, Leticia, entonces de 42 años, y sus hijos Abigail, de 7 y Jonathan, de 3, en la pequeña localidad tejana de Progreso.

El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos “oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos“, se recoge en documentos judiciales.

Tres días después, Moreno se casó con una mujer con la que había estado teniendo una relación extramarital. Cuando la policía le pidió registrar su hogar, no se opuso.

Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa en México.

Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas. Con el tiempo, solo confesó haber matado a Leticia. Los tres cuerpos, encontrados en el hogar familiar, tenían heridas similares en las cabezas.

Al momento de su captura, el mexicano tenía pendiente una orden arresto por infracciones de tráfico.

Pero cuando un extranjero es detenido, las autoridades estadounidenses deben informarle de inmediato de su derecho a comunicarse con el consulado de supaís, según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969.

De hecho, la captura de Moreno no fue notificada a las autoridades consulares mexicanas hasta 11 meses después del arresto.

Según dijo a principios de esta semana el asesor jurídico de la Cancillería mexicana Alejandro Alday, eso “quiere decir que las autoridades locales violaron su derecho a que se le brindara la asistencia”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, no detuvo la ejecución de Moreno.

Ninguno de los abogados que defendió a Moreno en primera y segunda instancia judicial, sin embargo, utilizó este argumento.

Y, por eso, “la avenida legal para dar esperanzas” al preso era “bastante estrecha”, dijo hace unos días en rueda de prensa el director del Programa de Asistencia Jurídica en Casos de Pena Capital (MCLAP, por su siglas en inglés), Greg Kuykendall.

El MCLAP intentó sin éxito que se tuviera en cuenta que el primer abogado defensor de Moreno fue “plenamente incompetente”, pues ni siquiera presentó pruebas ni testigos para evitar que su cliente fuera condenado a muerte.

La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.

En ese momento, otros cuatro mexicanos ya habían sido ejecutados sin haber recibido asistencia consular, según recoge el Anuario Mexicano de Derecho Internacional.

La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el “caso Avena”– que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, entre los que estaba Moreno, y determinó que sus condenas fueran revisadas.

El entonces presidente George W. Bush instó en 2005 a las autoridades judiciales a cumplir la resolución, pero la Corte Suprema determinó en 2008 que la Convención de Viena carecía de validez en el país porque el Congreso todavía no la había elevado al nivel de ley nacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también concluyó en 2005 que Estados Unidos era “responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo” en el caso de Moreno.