SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, aseguró que esta institución fiscalizadora ha estado suministrando al Ministerio sen la medida de lo posible las informaciones que ha requerido para sus investigaciones de casos de supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno.
“Nunca se les ha negado ningún informe de auditoría a las autoridades. Antes de comenzar la investigación yo fui cuatro veces a la Procuraduría y llevé toda la documentación, y la que han pedido se la hemos suministrado”, señaló.
Sin embargo, alegó que «hay situaciones, por ejemplo, si ellos piden los vídeos de los cuatro años de gestión, eso es un proceso».
Pide esperar resultado de indagatoria
Respecto a lo dicho por el director del PEPCA, Francisco Camacho, de que la Cámara ha adulterado auditorías, señaló que el Ministerio Público está haciendo las indagatorias de lugar y habría habría que esperar el resultado de las mismas.
”Eso es parte de la investigación, vamos a ver qué prueba tiene el Ministerio Público; cuando ellos la presenten, entonces nosotros nos defenderemos”, indicó.
El funcionario adelantó que en cuatro años al frente de la institución, se realizaron 161 auditorías y 25 informes especiales que fueron enviados el Ministerio Público, además de 22 auditorías, que se encuentran en la dirección jurídica, atrasadas.
Analizan situación
El pleno de la Cámara de Cuentas analizaba este martes la situación de ese órgano fiscalizador un día después de que el Ministerio Público allanara su sede central.
Los miembros del organismo directivo comenzaron en la mañana una reunión, la cual se mantenía aún a las 4:00 de la tarde.
Aunque para esta hora fue convocada una rueda de prensa, la misma posteriormente fue cancelada. El Departamento de Comunicaciones de la Cámara dijo este miércoles se informaría para cuándo sería reprogramada.
En la reunión de este martes el Pleno, junto a un grupo de abogados, buscaba determinar qué actitud tomar.
Contradicciones entre abogados
Los abogados Eduardo Jorge Prats y Julio Cury informaron que representarán en los tribunales a los miembros de la Cámara de Cuentas y resaltaron que la PEPCA se extralimitó durante el allanamiento, ya que además de documentos sobre informaciones requeridas, se llevó equipos y mantuvieron a los miembros del Pleno incomunicados durante la intervención al edificio.
Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que el Ministerio Público tiene facultad legal para recabar las pruebas requeridas para profundizar sus pesquisas.
Dijo que el Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, y la institución que tiene la facultad para investigar la comisión de infracciones y hechos punibles.
Explicó que el Código Procesal Penal en su artículo 184 le faculta a registrar locales públicos y dependencias estatales, con la debida autorización judicial de mandamiento u orden de allanamiento.
“El contenido del artículo 12 de la ley 133-11 orgánica del Ministerio Público que establece que este órgano “(…) podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la República para el cumplimiento de sus funciones, quienes están obligados a prestarla sin demora y suministrar las informaciones, documentos e informes que les sean requeridos. El funcionario que se negare a prestar la colaboración requerida o entregar las informaciones, documentos e informes solicitados, incurre en obstrucción de justicia y será sancionado con las penas que dispone el artículo 188 del Código Penal”, proclamó.