Era lunes, justo el día siguiente al final de Semana Santa, cuando empezó la quema de neumáticos y basura, pedreas y saqueos de centros comerciales. Los capitaleños salieron a las calles, dando inicio a un clima de violencia y tensión social dejando, al final de la jornada de ese día, con un saldo de varios muertos, decenas de heridos, destrozos y numerosas personas arrestadas.

A 40 años de aquel 23 de abril de 1984, la memoria histórica dominicana recuerda “La poblada de abril”, una férrea manifestación protagonizada esencialmente por los capitaleños en reclamo por la subida repentina de los precios de productos básicos durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, producto de un acuerdo sobre deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Tres días de violentas jornadas se vivieron el 23, 24 y 25 de abril en los barrios Espaillat, Las Cañitas, 24 de abril, Simón Bolívar, Capotillo, Guachapita, Cristo Rey, Gualey, Villa Juana, Villa María, Los Mina, Los Guandules, Villas Agrícolas y algunas provincias, producto de las medidas que subieron los precios de productos de la canasta básica durante la Semana Santa de 1984.

Estas disposiciones afectaron la capacidad adquisitiva de los principales productos de la canasta básica de la gente más pobre, ya que la inflación alcanzó más de un 500%, como resultado de las negociaciones a las que arribó el gobierno con el FMI.

La socióloga Rosario Espinal, en su artículo “La sociedad civil movilizada y las reformas democráticas en la República Dominicana”, explica que, como resultado del acuerdo, con el que se buscaba renegociar la deuda externa, las medidas que causaron mayor desagrado entre la masa popular fueron la aplicación del impuesto de valor agregado a los productos, hoy conocido como ITBIS, la reducción o eliminación de subsidios públicos a la población agrícola y la liberación del mercado cambiario.

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La reducción de salarios a los empleados públicos y el alza de precio en los productos, así como la devaluación del peso dominicano, debido al alza desproporcionada del dólar, fueron los ingredientes para que desde finales del 1983 médicos, maestras y enfermeras iniciaran huelgas y manifestaciones callejeras, que terminaron en estallido la mañana del 23 de abril del año siguiente.

Las acciones de la Policía Nacional y fuerzas castrenses fueron cuestionadas por ese día, ya que la prensa relataba que “la violencia había superado su poder” y se veían debilitados intentando frenar el desastre solo con el uso de bombas lacrimógenas.

En una publicación del 15 de abril de 1985, el periódico “Ultima Hora” hacía alusión a una noticia de ese mismo medio en abril 1984, citando que “las autoridades fueron tomadas de sorpresa por la organización y efectividad de las manifestaciones de protesta (…) sin dar tiempo a que las autoridades pudiesen contener los desórdenes en una barriada, los manifestantes se trasladaron a otro lugar”.

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Para el martes 24 de abril, el panorama fue completamente distinto, ya que a través del uso de la fuerza y con armas de fuego, un número superior de fuerza militar salió a las calles a frenar la creciente violencia que alcanzó provincias del Cibao, Este y Sur del país, siendo esencialmente miembros de las Fuerzas Armadas quienes tomaron el control de la situación.

Melvin Mañón reseña en el libro “Cambio de mandos”, que una de las medidas adoptadas por el Gobierno fue la salida del aire de algunas emisoras y una televisora, una decisión que asegura “fue ampliamente criticada” y que algunos medios recurrieron a la autocensura para evitar ser sacados del aire.

Los medios fueron Radio Popular, La Voz del Trópico y Tele-Inde Canal 13, amparado el gobierno en el artículo 110 de la ley de Telecomunicaciones que prohibía las “informaciones contrarias a la seguridad del Estado y el orden público”.

La represión militar fue severa y letal, lo que se evidenció en el aumento significativo de personas fallecidas y heridas durante el segundo día, reportadas el miércoles 25 en rueda de prensa encabezada por el primer mandatario.

El reporte durante ese día lo inició el jefe de las Fuerzas Armadas, Ramiro Matos González, quien sostuvo que, en su labor de defender la independencia, integridad y orden público, la Policía “mantenía un control total ante los sucesos violentos producidos en el país”.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) también tuvo participación, con la comparecencia de Winston Arnaud, secretario general de ese partido, quien reiterativamente dejó ver el alegado apoyo de la oficialista organización a las decisiones del gobierno, actuando como una sola fuerza, al igual que una posición conciliadora con la situación.

Habla Jorge Blanco

Al llegar su turno, el presidente Jorge Blanco recordó las acciones de abril de 1965, cuando ocurrió la “Guerra de abril” que desencadenó la segunda intervención norteamericana, para acto seguido referirse a la situación de tensión en la que estaba puesta la mirada de los dominicanos: los actos violentos que ocurrían ese día.

El jefe del Estado lo describió como una violencia sistemática y dirigida, incriminando directamente a un “sector del partido reformista” como responsables, así como a ex militares, militantes y dirigentes de extrema izquierda, de quienes dijo estaban ensayando para tales fines.

“Esta violencia no tuvo ningún carácter de espontaneidad y fue sistemáticamente dirigida, y al mismo tiempo inspirada por una unificación de esfuerzos, gestiones, acciones y conductas debilitantes de un sector del partido reformista, ligado a antiguos ex militares dominicanos, militantes y dirigentes de la extrema izquierda dominicana, estos últimos que venían entrenando para estos fines”, manifestó desde el Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que desde el agosto anterior los organismos de seguridad identificaron que en las escuelas dominicanas se impartían cursos doctrinarios con vestigios de entrenamiento en la guerrilla urbana y rural.

“Los servicios de seguridad del estado habían detectado cursos doctrinarios en escuelas con vestigios de entrenamiento en la guerrilla urbana y rural que revelaba la intención manifiesta de perturbar el orden constitucional y democrático de nuestra república y a esos propósitos respondían a muchos ensayos huelguísticos puestos en práctica en distintas comunidades del país sin que apareciera un grupo dirigente”, expresó, para luego ofrecer una lista enumerada con los resultados en los días 23 y 24.

De acuerdo al reporte leído por Jorge Blanco, unas 14 demarcaciones fueron los escenarios donde tuvieron lugar los actos violentos, con saqueos en la mayoría de ellas, siendo estas localidades el Distrito Nacional, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, La Romana y San pedro de Macorís.

Asimismo, se registraron daños en Higüey, Barahona, La vega, Bonao, San juan de la Maguana, Baní, Moca y Villa Altagracia.

En el Distrito Nacional, los muertos registrados el día 23 fueron ocho, 33 heridos 1,448 detenidos. Mientras, en las provincias no se registraron muertos ese día. Solo dos heridos y 402 detenidos.

Sin embargo, el 24, en el Distrito Nacional se registraron 13 muertos, 74 heridos y 752 detenidos.

En provincias hubo 16 muertos, 48 heridos y 1,756 personas con algún tipo de lesión.

Conforme a datos oficiales, durante los días 23 y 24 de abril de 1984 se registraron 37 fallecidos, 157 heridos y 4,358 detenidos.

La cifra de fallecidos registradas flotan en un mar de incongruencias, a juzgar entre los datos oficiales y los números reseñados en la prensa local, al no coincidir en una cantidad exacta. Hay quienes dicen que se aproxima a 40, un dato similar a los 37 que sumó Jorge Blanco en rueda de prensa, Sinn embargo, otros refieren que las cifras mortales superaron los 60 muertos.