El presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que es su deber, el del partido que lidera así como también de los aliados, advertir que la propuesta del gobierno dominicano de que el diálogo se realice bajo los auspicios u organización del Consejo Económico y Social, resulta inapropiado.
“¿Por qué razón resulta inapropiado? Porque conforme al artículo 251 de la Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral”, explicó Fernández en una alocución dirigida al país.

Señaló que de manera específica, la Carta Magna, expresa que “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley.”

Apuntó también que esa ley, que es la 142-15, en su artículo 3, indica que: “El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia.”

Dijo que ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo Económico y Social al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo.

“Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral, resulta inconstitucional”, enfatizó.

El presidente de FP expresó que el Consejo Económico y Social, que el gobierno aspira organice y conduzca el diálogo para solucionar la crisis política e institucional ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado 16 de febrero, es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia y coordinado con otros Ministerios.

“Por lo tanto, al ser un órgano del gobierno, está también descalificado políticamente para servir de organizador del referido dialogo nacional. Más aún, siendo el gobierno un actor de principal importancia en la crisis generada, carece de la legitimidad para organizar y dirigir un diálogo cuyo propósito es, precisamente, superar la crisis de confianza que actualmente existe con respecto al propio gobierno y a la Junta Central Electoral”, prosiguió explicando Fernández.

Dijo que la objeción a que sea el Consejo Económico y Social el que sirva de marco de referencia para la conducción del diálogo nacional, se debe, no a la oposición al mismo en sí, del cual ha sido uno de sus principales promotores, sino al hecho del carácter inconstitucional y políticamente ilegitimo el que lo realice ese órgano consultivo del Estado.

“Aceptar participar en un diálogo cuyo organizador carece de las facultades constitucionales para hacerlo, y carezca de legitimidad política para impulsarlo, sería contrario al fortalecimiento del estado social y democrático de derecho al que aspiramos; y una nueva estocada institucional a la democracia dominicana”, manifestó.

Señaló que no es su deseo impugnar las cualidades de honorabilidad y de capacidad de las personalidades integrantes de dicho Consejo Económico y Social, que está consciente podrían hacer una importante contribución en la búsqueda de soluciones de la actual crisis que nos agobia.

“El establecer la inconstitucionalidad del referido órgano consultivo del Poder Ejecutivo para ser el centro de gravitación del diálogo nacional, no constituye una mero acto de formalidad legal. Se trata, más bien, de que bajo cualquier circunstancia y condiciones, resulta imprescindible respetar y hacer respetar nuestra Constitución”, dijo.

Sugiere jóvenes se manifestaron tengan un espacio en el diálogo

Señaló que es criterio de la Fuerza del Pueblo (FP) y de los partidos aliados, de que habiendo desempeñado la juventud dominicana, un rol democrático trascendental en las recientes jornadas de defensa de nuestra institucionalidad, debe reservársele un papel igualmente relevante en la mesa de negociaciones.

Apuntó que el gobierno no debe empecinarse en desempeñar un rol de mediación, a través de sus instituciones, en el diálogo tan anhelado en estos momentos por el pueblo dominicano, sino que debe, simplemente, limitarse a asumir su rol de parte en el proceso, como todos los demás.

Llamó a que en lugar de generar obstáculos y dilaciones para su realización, se contribuya de manera franca y sincera a su culminación exitosa en beneficio de todo el pueblo dominicano.

A raíz del fracaso de los comicios municipales propuso el diálogo

Recordó que esta propuesta de diálogo surgió tras la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero que causaron consternación e indignación en la población dominicana, reinando un espíritu de desconfianza y de enojo frente al gobierno y las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE).

“Frente a esa situación, en nuestra calidad de presidente de la FP, nos dirigimos al país ese mismo día, con la finalidad de proponer un diálogo, que sobre la base de la participación de diversos sectores de la vida nacional, construyese un consenso que permitiese la búsqueda de una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis institucional generada por la suspensión del proceso comicial”, manifestó Fernández.

Dijo que sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil, se incorporaron también a estos esfuerzos, produciéndose encuentros, consultas y hasta acuerdos preliminares para proceder en la dirección del diálogo.

Apuntó que esa agenda se concentraba en tres puntos esenciales: La conformación de una comisión de acompañamiento a la JCE, establecimiento de garantías electorales para los dos próximos procesos, y establecer las responsabilidades de lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero.

Expresó que todos los sectores estuvieron de acuerdo con los puntos y se consideraron distintas instituciones y personalidades, entre las cuales se encontraban el CONEP, en representación del sector empresarial; la Conferencia del Episcopado, por la Iglesia Católica; un representante de la Iglesia Evangélica; Participación Ciudadana, por la sociedad civil; y una destacada figura nacional.

Como acompañantes internacionales, manifestó que se estimó procedente la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, sugerencias que fueron vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados en la creación de un clima propicio para la celebración de este gran diálogo, pero que esto se ha visto obstruido por el gobierno, ya que su propuesta promovía la participación de actores estrechamente vinculados a la esfera oficial.