Pasaba el año 2021, cuando el mundo empezó a salir de la pandemia del COVID-19 y los mercados del petróleo irrumpieron con un alza en sus precios por diferentes factores provocados por el virus, situación que llevó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a firmar un convenio para “ayudar” a los transportistas.
Específicamente en septiembre de ese año, esas dos instituciones sellaron un acuerdo, al cual este medio tuvo acceso, en el que quedó establecida una “ayuda” a los transportistas dominicanos para “sobrellevar” el encarecimiento del combustible tras la pandemia, comprometiendo, en su primer documento, RD$304,990,000 de las arcas del Estado durante cinco meses para 14 federaciones, con un tope mensual, para la entrega de gasoil.
Este acuerdo, como bien dice el documento, tenía fecha de expiración. Sin embargo, en marzo del año 2022, sin que se hiciera pública una auditoría, evaluación, mediación o explicación, las mismas dos instituciones firmaron un acuerdo que se extendería durante más de tres años.
Desde entonces, el dinero que compromete el Estado dominicano en “subsidios” para los transportistas no ha dejado de crecer. Han sido al menos ocho adendas y un monto superior a los 9 mil millones de pesos para la entrega de gasoil. Este medio obtuvo mediante pedidos de libre acceso a la información pública los documentos que muestran cómo ha sido el crecimiento y desarrollo de esta “ayuda”.
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El mecanismo
Desde la primera vez que se ejecutó esta iniciativa, el esquema no ha cambiado en lo esencial: el MICM, dirigido hasta inicios de 2026 por Víctor ‘Ito’ Bisonó, depositaba dinero, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera, en manos de distribuidores mayoristas de combustibles autorizados y transportistas con títulos habilitados, los cuales a su vez entregaban gasoil a los choferes afiliados a distintas federaciones de transporte, con un tope mensual que el acuerdo fijó.
Mientras que el Intrant, según el acuerdo, era el encargado de validar que las facturas correspondieran a esos topes antes de que el pago se autorizara.
Bajo ese mecanismo, la curva de los montos ha ido subiendo. De un tope mensual de 61 millones de pesos que establecía el convenio que dio origen a todo, pasó a RD$105 millones en marzo de 2022 a RD$136 millones en mayo de ese mismo año y siguió un crecimiento vertiginoso que superó los 250 millones de pesos.