Santo Domingo.- El ex ministro de Industria Comercio y Mipyme, José del Castillo Saviñón, rechazó que su patrimonio haya crecido entre el año 2013 al 2018, como lo acusaran este lunes, y defendió las decisiones que tomó en su momento para que el país ampliara su capacidad de importación  de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con la construcción de almacenamientos, al afirmar que “gracias a esa decisión, el país no padece por la falta de ese producto, que era un constante dolor de cabeza”.

Del Castillo Saviñón, además, expresó que está en disposición de ir a cualquier instancia, para defender sus ejecutorias al frente de las instituciones que ha administrado, porque actuó apegado a la Ley y no tiene de qué arrepentirse, porque siempre trabajó a favor de las grandes mayorías.

A continuación, un el comunicado de José del Castillo Saviñón:

Mienten descaradamente los que hablan de que nuestro patrimonio se incrementó entre el año 2013 y 2018, todo lo contrario, sólo hay que ver nuestras declaraciones juradas hechas en cumplimiento estricto de la Ley.

Con relación a nuestras actuaciones como ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MIC, 2012-2016), dentro de las razones que motivaron la decisión de un ajuste en el flete de importación del Gas Licuado de Petróleo (GLP), mediante la Resolución No. 367-BIS, adoptada al efecto en el año 2015, estuvo la necesidad de crear las condiciones para la ampliación de la capacidad de importación y almacenamiento del país, a los fines de acceder en mejores términos al mercado internacional.

Contrario a lo que se ha dicho, esta decisión no se produce para favorecer a un importador en particular, sino que estableció condiciones generales sobre un componente de la fórmula de paridad de importación (PPI), para ser aplicado por todos los importadores nacionales y en el marco de las atribuciones que la Ley y los reglamentos le otorgan al MIC

Debido entre otras cosas, a que la República Dominicana tenía serias limitaciones en su disponibilidad de almacenaje, un máximo de diez  días, y dependía de un sólo suplidor internacional que ha mantenido durante la última década un almacenamiento flotante en un buque cisterna anclado en la Bahía de Ocoa, lo que genera un sobrecosto en la logística de suministro de este producto.

Históricamente, estas circunstancias han llevado al MIC a la adopción de resoluciones emitidas por los diferentes gobiernos, variando el componente de flete de la indicada fórmula de paridad de importación.

Para solucionar de una vez y por todas estas desventajas logísticas, como parte de las premisas utilizadas para establecer el nuevo componente de flete, en la indicada resolución se incorporaron condiciones que han permitido, que en los últimos dos años, los importadores hayan ejecutado planes para la construcción de nuevas facilidades para la importación de GLP.

Hoy, por primera vez, y gracias a esta decisión, el país cuenta con la capacidad de recibir los barcos más grandes disponibles para el suministro de GLP y con facilidades de almacenamiento que garantizan un mes de consumo nacional, lo cual prácticamente hace imposible que “volvamos a afrontar situaciones de desabastecimiento de éste producto”; libera al país de depender de un solo suplidor; lo que le exime de pagar un alto costo logístico por el alquiler de un almacenamiento flotante; y, le permite acceder al mercado de “contratos futuros” beneficiándose aún más de las fluctuaciones de los precios internacionales, en adición a la capacidad de contratar el mayor volumen de suministro disponible por vía marítima en el mercado internacional

Esta nueva realidad, es lo que hoy ha generado las condiciones para que se produzca una disminución significativa en los componentes del Precio de Paridad de Importación (PPI) del GLP, y de esta manera el Gobierno pueda disponer los cambios que propuso al Congreso Nacional como parte de la adenda depositada por el Ministro de Hacienda al Proyecto de Ley de Presupuesto y Gastos correspondiente al año 2018.

Por último queremos manifestar, que como ex-funcionario público, estanos conscientes de que tenemos la obligación de dar todas las explicaciones relativas a las acciones y actuaciones ejecutadas en el ejercicio de nuestras funciones, por lo que siempre estaremos dispuestos a ejercer ese deber ante cualquier instancia que lo requiera, ante la opinión pública y ante el pueblo dominicano.