La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) depositó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR,) para que sean investigados, dos expedientes relativos a la sustracción de discos duros del Plan Social de la Presidencia y las supuestas ventas de cargos y nombramientos en el Ministerio de Salud Pública.

La denuncia sobre el robo de estos dispositivos de almacenamiento del Plan Social fue dada a conocer por el presidente Luis Abinader días después de asumir el cargo.

Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch,  indicó que la sustracción o mal uso de los bienes e instrumentos públicos que impiden el uso de la data, de las informaciones necesarias para la continuidad y correcta ejecución de las políticas públicas es una conducta que debe ser combatida por toda la sociedad.

“No es posible que ciudadanos sin importar su condición social, puedan hacer uso privado y discrecional de bienes cuya adquisición es el resultado de una inversión de fondos provenientes del presupuesto de la República”, sostuvo la entidad.

Sobre el caso, la exdirectora del Plan Social, Iris Guaba, ha dicho que “no se llevaron los discos duros” de la institución, aclarando que sus informaciones están resguardas en un centro de servidores con nube.

El otro expediente es sobre el supuesto cobro de dinero a cambio de cargos en el Ministerio de Salud Pública. Ética e Integridad Gubernamental explicó, mediante un comunicado, que realizaron una investigación en la Dirección de Recursos Humanos del referido ministerio y tras un análisis entregaron a la PGR unos 40 documentos para que la misma valore las responsabilidades penales que estime de lugar.

La institución indicó que en sus archivos encontraron denuncias de varios años atrás relativos a la venta de posiciones y cargos en el Ministerio de Salud Pública, situación histórica, agregaron, que fue corroborada públicamente por Nelson Rodríguez Monegro, exdirector del Servicio Nacional de Salud.

Cuando se dio a conocer la información, el ministro de Salud, Plutarco Arias, advirtió que todo funcionario o servidor público que se compruebe su participación en actos de corrupción con la supuesta venta de nombramientos, será despedido de su cargo y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“La importancia de este caso y su investigación es que puede contribuir a superar una situación arrastrada, que requiere del esfuerzo de todos para mejorar la salud del sistema de la administración pública”, expresó Ética e Integridad Gubernamental.

Esta es la segunda vez que se informa, que Ortiz Bosch entregó los resultados de investigaciones sobre presuntas irregularidades ante la PGR, para que sean profundizadas y se procede realizar sometimientos a la justicia.

El pasado 10 de septiembre, Ortiz Bosch depositó, junto el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, un expediente sobre la presunta violación de todos los procedimientos en la compra de RD$11 mil 500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte de la pasada administración del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).