Países de tanto peso como Estados Unidos, Italia, Australia o Israel, además de varios centroeuropeos (todos ellos «receptores netos» de emigrantes), han anunciado que no se sumarán al pacto y no acudirán a Marrakech, aduciendo que temen una pérdida de soberanía o criticando que el documento no distinga entre emigración legal e ilegal.

Marruecos, que acoge la reunión los próximos días 10 y 11 de diciembre, asegura que «numerosos jefes de Estado y gobierno» asistirán a la cumbre, pero sin dar nombres, y es que el goteo de ausencias -las últimas las de República Dominicana y Eslovaquia- hace temer por el éxito de la cita.

El Pacto será «un documento no vinculante», se empeñan en repetir los responsables de la ONU, y a su cabeza la Alta Representante para las Migraciones, la canadiense Louise Arbour, quien a fines de noviembre advirtió a los países no firmantes que deberán analizar «dónde (su actitud) les deja como actores internacionales».

Arbour lamentó que «ciertas fuerzas» -que no citó- se hayan adueñado del discurso sobre la inmigración en varios países, y reclamó que el debate se circunscriba a «hechos», además de subrayar que el Pacto no contiene obligaciones específicas y por consiguiente no atenta contra las soberanías nacionales.

Se refería así al discurso alarmista sobre la emigración que se ha instalado en numerosos países del mundo, comenzando por Estados Unidos, donde su presidente Donald Trump ha hecho del control migratorio una de las grandes banderas de su mandato.

Si en la campaña electoral uno de sus temas estrella y más controvertidos fue la construcción de un muro con México, ahora se enfrenta a la caravana de 7.000 emigrantes que llegan desde varios países centroamericanos y a quienes ha prometido no permitirles entrar, llegando a amenazarlos con impedírselo con disparos, si es necesario.

Frente al discurso de mano dura de Trump, la Unión Europea no ha sido capaz de tener una sola voz ante la cumbre de Marrakech, y la cacofonía es total entre los numerosos países que la forman a la hora de abordar el enfoque migratorio.

Son los países del centro de Europa -Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia- los que con más firmeza se oponen al Pacto, mientras que Italia ha dicho que no se sumará a él «por el momento», dejando la puerta abierta a hacerlo en un futuro, y Bélgica, por su parte, sufre luchas intestinas en su gobierno precisamente por esta cuestión.

Frente a ellos, países como Alemania y España darán un apoyo explícito al Pacto con la presencia en Marrakech de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Pocos días antes de la adopción del Pacto, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, todavía llamó a los países opuestos al Pacto a «reconsiderar su posición», pues el Pacto -dijo- «es una señal clara a nuestros socios en África de que realmente queremos cooperar en pie de igualdad con ellos» para afrontar el reto migratorio.

Con un lenguaje más contundente y menos diplomático, el Alto Comisario de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, lamentaba recientemente en una entrevista con Efe el cariz que el tema migratorio está adquiriendo en Europa.

Grandi apunto que «el lenguaje político actual», en particular el que se emplea por ciertos partidos, «está arruinando» el concepto del derecho de asilo, que es algo «propio de la cultura europea», y «forma parte de los valores fundacionales» de la Unión Europea (UE).

El responsable de ACNUR hacía así referencia al discurso alarmista sobre la emigración, cuando no abiertamente xenófobo, que está ganando terreno en países de Europa y de todo el mundo y que ha permitido a partidos de ultraderecha acceder a varios gobiernos e impulsar desde ellos políticas