El Editorial
Editorial invitado …Cultura trujillista
Cultura trujillista
A más de sesenta años de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, todavía el país no ha podido “destrujillizarse” del todo.
Prevalecen conductas o formas de pensar y de ejercer la autoridad con patrones semejantes, en muchos casos, a los de aquella dictadura.
Por ejemplo, la transparencia o las formas democráticas de la rendición de cuentas no han podido consolidarse en seis décadas, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para la institucionalidad.
La misma institucionalidad sigue siendo un bonito ideal, pero deviene en ficción cuando se descubre que campea una corrupción porque los mecanismos de control son violentados, sin mayores consecuencias.
Que es lo que pasa también cuando ni se hacen cumplir estrictamente las reglas de la administración correcta de los dineros públicos, ni se castiga las impericias y fallos de los funcionarios o servidores públicos.
A sesenta y dos años de la caída de Trujillo, a la prensa o a cualquier ciudadano se le dificulta acceder o recibir informaciones oportunas sobre asuntos de interés público o comunitario, pese a la existencia de la Ley 200-04, que ordena entregarlas.
Las instituciones del gobierno, de este y de los anteriores, se esmeran en sacarle el cuerpo a este deber y siempre presumen que, al ofrecerlas, están exponiéndose a algún riesgo.
El secretismo oficial, primo hermano de la censura, predomina ante cualquier necesidad, por legítima que fuera, que tuviera la sociedad para conocer cómo el gobierno maneja el erario.
En estos días, un joven de Memphis, Estados Unidos, falleció tras una golpiza que le propinaron cinco policías negros, suceso que levantó una ola de indignación y protestas en ese país.
En lugar de tapar los hechos, justificarlos o negarlos, la policía de ese Estado divulgó distintas imágenes de videos y fotos de la agresión, arrestó a los autores, desmanteló su unidad y dejó en manos de la justicia el castigo correspondiente.
En países como el nuestro, en el que se conservan vivas las costumbres trujillistas de esconder o manipular hechos, y hasta las intolerancias frente a las libertades que propicia la democracia, una respuesta así, de transparencia, es impensable.
¿Cuándo seremos, de verdad, una nación democrática, plural, donde la transparencia y la libertad de buscar y difundir informaciones no sea tan condicionada a esa cultura trujillista?
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“Jefe” PN Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta y el cambio prometido
El ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, cuando llegó al gobierno hace 4 años fue bajo la promesa de “el cambio”. Frenar y acabar con la impunidad, la corrupción, la delincuencia y respetar las leyes y la constitución dominicana. A pesar de que un segmento mayoritario de los dominicanos, 51 %, volvieron a votar por la permanencia en la dirección de la cosa pública, hay situaciones, hechos, incumplimiento que ponen en entredicho el cacareado “gobierno del cambio”. Destaca de manera relevante el cambio prometido en una de las instituciones más vilipendiada y desacredita de nuestra vida republicana: la policía nacional. “El cambio” no llega a esa institución llamada del orden público. La reforma supuestamente aplicada son más bien un retroceso de atropello y violacion a las leyes y mandatos de disposiciones de jueces y ministerio público. A diario vemos que ante total indiferencia desde el gobierno e incluso de la población, la policía nacional se convierte en juez y parte. Decide bienes y vida de ciudadanos honestos. El director nacional de la policía ,Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, no oye reclamos ni acata las órdenes judiciales de preservación y cuidado de la propiedad privada. Es que la ciudadanía tendrá que hacer justicia por sus propias manos? Cómo la jefatura de la Policía Nacional, el Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, puede apañar el incumplimiento de las leyes y reglas, alejarse del Estado de Derecho? El resultado es el irrespeto a las leyes, el desorden y la pérdida de los valores . Se le hace daño a la sociedad cuando un delito no es sancionado y desde la Policía Nacional protegen al delincuente y no cumplen con los mandatos Judiciales . Se apartan del sagrado derecho de protección de la libertad y la propiedad privada. Hasta cuándo?
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