Por Rafael Díaz Filpo
Hablar de derechos fundamentales es referirse a las garantías esenciales para vivir con dignidad, libertad y justicia. En nuestro tiempo, su regulación enfrenta nuevos desafíos, especialmente cuando las leyes ordinarias intentan restringir derechos protegidos constitucionalmente, y más aún cuando entran en juego temas sensibles como la migración irregular.
La República Dominicana, en particular, se ve golpeada por un flujo masivo e incontrolado de inmigrantes ilegales provenientes de Haití. Esta situación genera enormes presiones sobre los servicios de salud, educación, seguridad y empleo. Defender la aplicación efectiva de los derechos fundamentales implica también proteger la soberanía, la estabilidad y la paz social del país. Un Estado que no regula su territorio ni resguarda sus recursos pone en riesgo su propio proyecto nacional. La dignidad humana merece ser protegida, pero, al mismo tiempo, debe salvaguardarse el derecho de un pueblo a conservar su identidad, su orden y su viabilidad como nación.
El concepto de derechos fundamentales parte de su carácter inherente e irrenunciable. Estos derechos no dependen de la voluntad política de turno, sino que emanan directamente de la dignidad humana. En Iberoamérica, y particularmente en la República Dominicana, la reserva de ley exige que cualquier regulación o limitación de estos derechos sea realizada mediante una ley formal, emanada de un órgano legislativo legítimo y respetando el marco constitucional.
No se trata de desconocer los principios de humanidad y solidaridad, sino de entender que toda política migratoria debe ser equilibrada: respetuosa de los derechos, pero firme en la defensa del interés general. La protección de los derechos humanos y el resguardo de la soberanía son deberes complementarios en una democracia constitucional.
La actualidad nos confronta con tensiones palpables. En muchos países, incluida la República Dominicana, la inmigración irregular plantea retos reales a la garantía de los derechos fundamentales. El derecho a la educación, a la salud o a la identidad choca a veces con políticas migratorias restrictivas o con leyes ordinarias que pretenden limitar su acceso. Esta situación pone a prueba el principio de supremacía constitucional y el alcance real de la reserva de ley.
La reserva de ley exige respeto a la jerarquía normativa y reafirma que los derechos fundamentales no pueden ser relativizados por decisiones coyunturales. Frente a estos dilemas, el rol del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia nacional e internacional resulta crucial para garantizar que el derecho de la persona humana prevalezca sobre intereses administrativos o políticos inmediatos.
Este y otros temas de profundo impacto jurídico y social los desarrollo con mayor amplitud en mi libro La Reserva de Ley en Iberoamérica, donde analizo cómo la regulación de los derechos fundamentales debe mantenerse fiel a los principios constitucionales y al compromiso universal con la dignidad humana.
La realidad actual exige, más que nunca, una defensa firme y activa de la reserva de ley como instrumento esencial para proteger los derechos fundamentales. La Constitución debe ser la brújula que oriente cada política pública, especialmente cuando la tentación de regular derechos por la vía de la simple conveniencia amenaza con vulnerar aquello que debe permanecer inalterable.