SANTO DOMINGO.- El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) no ha concluido las auditorías iniciadas en la actual gestión, ni tampoco las que recibió de la anterior administración que se encontraban en la fase final, lo que evidencia la inoperancia de esa institución en lo que tiene que ver con la fiscalización de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
Así lo revela un “Informe sobre las políticas de compensación de la Cámara de Cuentas y puntos aclaratorios con relación al desempeño del año 2017” enviado por el pleno de la propia institución a los diferentes medios de comunicación, como medio de defensa ante la lluvia de críticas por el aumento de sueldo ilegal que se hicieron recientemente, además de gastos superfluos en que han incurrido, por lo que se ha reclamado un juicio político y su destitución inmediata.
En el informe, copia del cual recibió ULTIMAS NOTICIAS, detallan el “estatus” de las auditorías realizadas en el período que llevan al frente de la institución (2017-2018), y de la manera más descarada admiten públicamente que ninguna está concluida.
Todas las auditorías, 42 en total, se encuentran –según expresan los propios miembros de la Cámara de Cuentas en su documento de defensa- “en proceso de elaboración de Informe Legal”.
Y de acuerdo a ese mismo documento, la inmensa mayoría de esas auditorías, algunas financieras y otras investigaciones especiales, fueron iniciadas en la anterior administración de la Cámara de Cuentas que las dejó en su fase final, como queda evidenciado en el propio informe que indica que se comenzaron a trabajar en el 2015 y 2016, antes de la llegada de los actuales miembros del pleno, que fueron juramentado el 4 de febrero de 2017.
Además, en el listado de las 42 auditorías que ellos envían a los medios de comunicación en su mayoría son de ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales, sin ninguna trascendencia nacional.
Sin embargo, auditorías como la OMSA, donde se desató un escándalo de corrupción por el que fue asesinado el abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez, no figura en ese listado en el que supuestamente para su conclusión solo se está a la espera del Informe Legal de la Dirección Jurídica.
Tampoco figuran las auditorías de CORDE, CEA, las obras levantadas por la gigante de la construccion brasileña Odebrecht, que según se ha denunciado, han sido sobrevaluadas, y de otras instituciones cuestionadas por el mal manejo de los recursos públicos.
El propio informe de la Cámara de Cuentas demuestra que los actuales miembros del pleno son inoperantes, infructíferos, para cumplir con su responsabilidad de fiscalizar los recursos del Estado, pero sin embargo muy eficientes, muy vivos, para aumentarse los sueldos entre RD$75,500.00 y RD$65,300.00 mensuales y gastar millones de pesos del presupuesto de la institución en cosas superfluas, como almuerzos en restaurantes de primera, bebidas alcohólicas, cigarros de marcas, fiestas, contratación de artistas, compra de chacabanas y otras tantas cosas innecesarias para la entidad fiscalizadora.
El presidente de la CCRD, Hugo Álvarez Pérez; el vicepresidente, Pedro Ortiz Hernández; el secretario del Bufete Directivo, Carlos Noes Tejada (El Chino); Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera se aumentaron los sueldos tan pronto obtuvieron un incremento en el presupuesto de la institución para este año, cuando alegaron en el Congreso Nacional que necesitaban mayores ingresos para la contrataciones de auditores y técnicos para avanzar muchas auditorías que se encuentran prácticamente paralizadas, y así realizar una labor más eficiente.
PLAN DE AUDITORIAS
En el informe, de manera escueta se refiere a las obras ejecutadas por la Constructora Odebrecht, solo señalando que “se encuentran siendo ejecutadas”, como para salir del paso y seguir haciéndole cuentos a la sociedad.
Así vienen haciéndolo desde que estalló el escándalo de los sobornos pagado por esa empresa brasileña a mediados del año pasado, por cuyo caso unas diez personas fueron enviadas a prisión como medida de coerción, aunque luego esta medida le fue variada por presentación periódica.
Ni siquiera por la gravedad de los casos Odebrecht, OMSA y CEA, y las presiones de la sociedad, la Cámara de Cuentas cumple con su misión de fiscalizar la gestión de los recursos públicos conforme a la Constitución, a la legislación y normativas vigentes.