Entre la crítica vacía y la falta de propuesta, la oposición se desdibuja
Por Luis Taveras
La oposición política muestra su insolvencia. Carga con una pobreza conceptual crónica. Ha contado con oportunidades inmejorables para variar el cansado guion de las detracciones, pero no las ha reconocido.
Sigue reaccionando emotivamente a los desempeños del Gobierno para descalificarlos de forma indiscriminada, sin proponer nada distinto. Un ejercicio ligero y cómodo, pero que no agrega valor social.
Desgasta la viciosa práctica de reprochar todo lo que anuncie, haga o no el Gobierno, y eso solo deja ver las intenciones políticas subyacentes. Es tiempo de que la oposición revalúe su rol desde perspectivas más orgánicas, estructuradas y de fondo.
Criticar, al nivel en que lo está haciendo, es consentir puntos a favor del Gobierno, que rápidamente la invalida a partir de lo que ella hizo o no cuando era gobierno, por aquello que decía Abraham Lincoln: «Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez». Y para desgracia, los principales partidos opositores (PLD y FP) fueron gobierno por muchos años, cargando así con un pesado pasivo. De manera que hasta por conveniencia estratégica se impone un cambio en este rancio modelo de hacer oposición emotiva/deportiva.
Recuerdo al escritor español Antonio Laga: «Los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen». La oposición debe rebasar la «crítica por la crítica» y abordarla con una mínima racionalidad, condición que le daría consistencia y credibilidad a sus planteamientos; de lo contrario, estos pasarán como políticos y serán respondidos políticamente a través de las comparaciones, un recurso retórico que el Gobierno ha explotado a su gusto.
Ahora Gobierno y oposición nos abruman con la bizantina disputa de quién hizo más obras de infraestructura en sus respectivas gestiones, un debate típicamente electoral a dos años y más de las elecciones generales. Se trata de un ejercicio dispendioso e impertinente que aporta poco a la solución de los retos que encaramos.
Abogamos por una oposición responsable, que base sus críticas en datos y análisis; que proponga modelos, matrices y políticas; que identifique inconsistencias racionales de gestión; que le exija al Gobierno información y rendición de cuentas; que vele metódicamente por la ejecución presupuestaria y por las políticas económicas y sociales. Una oposición atenta, estratégica y argumentativamente vigorosa; más proactiva que reactiva; que se adelante al Gobierno. Ese ejercicio sí la acredita y le añade valor social a su trabajo político.
El rol de la oposición en los sistemas democráticos no hay que inventarlo, está claro: actuar como contrapeso del Gobierno, vigilando el ejercicio de su poder. Se trata de una función esencial de control y equilibrio. Pero también es su obligación ofrecer perspectivas, diagnósticos y soluciones distintas a las del Gobierno, enriqueciendo el debate público y ampliando las opciones disponibles para abordar los problemas de la sociedad.
Para el mexicano Gustavo Almerza Petrie: «… la oposición es mucho más que el contrapeso natural al Gobierno en turno. Su función no se debe reducir a señalar errores o proponer soluciones alternativas durante tiempos de crisis o en el marco de reformas trascendentales. (…) tiene una responsabilidad constante: enriquecer el debate, exigir transparencia y asegurar que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades de la ciudadanía».
Y lo paradójico de todo esto es que la oposición tiene motivos y medios para innovar su discurso en un contexto de desatenciones a retos apremiantes, como son las grandes reformas pendientes: fiscal, seguridad social, eléctrica, por citar algunas. Respecto a esos desafíos el presente Gobierno, teniendo todo a su favor, no ha movido un dedo. ¿Qué mejor escenario y «excusa» para la oposición validar su papel propositivo? Pero no: provoca confrontaciones ociosas para desconcentrar al Gobierno.
Si los partidos opositores abriesen un foro para discutir propuestas de reformas, ¿no sería esta una mejor estrategia para acreditarse y de paso «cercar» al Gobierno con exigencias concretas de acciones? ¿En qué posición quedaría un Gobierno que, frente a reformas bien estructuradas, no las considerase solo porque provengan del lado opositor? ¿No es esto más estratégicamente meritorio que estar comparando logros de Gobiernos?