Por Rafael Díaz Filpo
Los municipios han sido, históricamente, el espacio más próximo entre el ciudadano y el poder. Tanto así que nuestro fundador, Juan Pablo Duarte, los consideraba el primer poder del Estado. Si bien surgieron como estructuras de organización territorial, con el tiempo se han convertido en centros donde se construyen políticas públicas, identidades colectivas y, sobre todo, participación democrática.
Con la Constitución de 2010, ese rol evolucionó de manera significativa gracias al proceso de constitucionalización del derecho municipal. A partir de ese momento, el país experimentó una transformación profunda en la forma de entender el derecho. Este giro fortaleció el reconocimiento de principios, valores y derechos fundamentales como ejes rectores de todo el ordenamiento jurídico. En ese contexto, el derecho municipal dejó de ser un simple componente administrativo para convertirse en una dimensión esencial del sistema constitucional.
Constitucionalizar el derecho municipal significa dotar a los gobiernos locales de herramientas jurídicas que garanticen el desarrollo, la equidad territorial y la inclusión. Hoy, el municipio encuentra su legitimidad y alcance directamente en la Constitución. Esto marca un antes y un después en la manera en que se reconoce su autonomía, su papel en el desarrollo sostenible y su responsabilidad frente a la ciudadanía.
Este avance impone obligaciones, pero también abre oportunidades. La Carta Magna establece que los municipios deben actuar con transparencia, eficiencia y participación. En consecuencia, las alcaldías se convierten en actores clave para hacer efectiva la democracia desde lo local. La ciudadanía espera respuestas inmediatas, y la Constitución proporciona el marco legal para ofrecerlas, siempre que exista voluntad política y capacidad institucional.
El Tribunal Constitucional ha jugado un rol determinante en este proceso. A través de sentencias como la TC/0053/14, que estableció límites claros a las competencias municipales en materia de uso de suelo, ha contribuido a delimitar el alcance de la autonomía local. Además, ha reiterado que los ayuntamientos son responsables directos de garantizar derechos como la protección del medio ambiente, la participación ciudadana y la gestión ordenada del territorio.
En nuestro país, las desigualdades territoriales han sido históricas. Por ello, fortalecer el derecho municipal con respaldo constitucional es una de las vías más eficaces para alcanzar un desarrollo más equitativo. Un estudio reciente del Observatorio Político Dominicano revela que más del 70 % de las quejas ciudadanas en zonas rurales están vinculadas a servicios municipales, lo que evidencia la urgencia de contar con un marco jurídico sólido y aplicable.
La constitucionalización del derecho municipal impulsa una transformación silenciosa pero decisiva. Cada comunidad organizada, cada liderazgo local fortalecido y cada presupuesto bien ejecutado son señales de que la Constitución se está cumpliendo en lo esencial. Allí donde el poder municipal actúa con eficiencia y cercanía, la democracia avanza, y con ella, el bienestar de la gente.