Según el tribunal chino, entre 2015 y 2023 las operaciones vinculadas a la familia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (alrededor de 1.200 millones de euros)
China ha cerrado con la pena máxima uno de los capítulos más oscuros de su lucha contra las redes criminales del Sudeste Asiático. Once miembros de la familia Ming, un clan mafioso que durante años gobernó de facto amplias zonas del norte de Birmania, fueron ejecutados este jueves tras ser condenados por homicidio, detención ilegal, fraude y la gestión de casas de juego.
La sentencia la dictó en septiembre del año pasado un tribunal de la provincia de Zhejiang y fue ampliamente difundida por los medios estatales, que quisieron lanzar una advertencia clara: Pekín actúa con dureza contra las redes criminales transnacionales.
Los Ming formaban parte de las llamadas «cuatro familias» del norte de Birmania, clanes de etnia china que dirigían estafas, casinos y milicias armadas. Durante años controlaron Laukkaing, capital de la región autónoma de Kokang, una ciudad fronteriza con China que mutó en un escaparate de burdeles, casinos y trata de personas.
Según el tribunal chino, entre 2015 y 2023 las operaciones vinculadas a la familia Ming generaron más de 10.000 millones de yuanes (alrededor de 1.200 millones de euros). Levantaron un sofisticado entramado de fraude online que atrapó a miles de trabajadores chinos, traficados hasta Birmania con falsas ofertas de empleo y obligados, bajo amenazas y torturas, a engañar -normalmente mediante estafas telefónicas- a miles de víctimas en todo el mundo.
A través de anuncios en redes sociales y aplicaciones de mensajería, se captaba a jóvenes chinos con promesas de empleos bien pagados. Una vez cruzaban la frontera, sus pasaportes desaparecían y comenzaba el cautiverio. Jornadas interminables frente a pantallas, guiones de estafa emocional, castigos físicos por no cumplir los objetivos y, en los casos extremos, torturas y asesinatos ejemplarizantes. Los complejos estaban vigilados por hombres armados y gestionados como una especie de granjas humanas del fraude.
El corazón del imperio de la familia Ming estaba en el Crouching Tiger Villa, un complejo en Laukkaing dirigido por el líder del clan, Ming Xuechang, quien había sido miembro del Parlamento estatal de Birmania y mantenía vínculos estrechos con las estructuras de poder locales.
Como otros jefes criminales y señores de la guerra, el capo supo blindar su negocio gracias a la connivencia durante años las autoridades locales, tanto de la Junta Militar que dio el golpe de estado en 2021, como de las milicias rebeldes que luchan contra los militares.
Los negocios de los Ming comenzaron a desmoronarse en 2023. La presión de Pekín, el aliado más poderoso e influyente del régimen birmano, empujó a que los militares actuaran. Ese mismo año, varios miembros del clan fueron arrestados y las autoridades chinas ofrecieron recompensas de hasta 70.000 euros por información que condujera a la captura del resto de la familia.
El caso de un actor chino que viajó a Tailandia para un supuesto trabajo y acabó encerrado en un centro de estafas en Birmania, se viralizó en las redes sociales del gigante asiático y puso rostro a una tragedia que llevaba años gestándose en silencio. Historias así provocaron la ira pública y aceleraron la presión de Pekín. Las detenciones y extradiciones marcaron un precedente: por primera vez, los grandes clanes del norte de Birmania dejaban de ser intocables.
Las sentencias de muerte fueron aprobadas a finales del año pasado por el Tribunal Popular Supremo de Pekín, que consideró que las pruebas presentadas sobre los crímenes cometidos desde 2015 eran «concluyentes y suficientes». Según la sentencia, las actividades de los Ming habían contribuido además a la muerte de 14 ciudadanos chinos.
El patriarca, Ming Xuechang, se suicidó bajo custodia antes de ser condenado. Entre los detenidos que han acabado ejecutados se encontraba su hijo, Ming Guoping, líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang, una milicia alineada con la Junta golpista de Birmania.
Kokang, la región donde se asentó el poder de los Ming, es un enclave de mayoría étnica china, con vínculos históricos, lingüísticos y comerciales con China. Durante años fue un refugio natural para redes de contrabando, drogas y juego ilegal. Tras el golpe militar de 2021 y el aislamiento internacional de la Junta, estas redes criminales se convirtieron en una fuente esencial de ingresos para el régimen militar, que aceptó dinero y armas a cambio