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Por Rafael Díaz Filpo
Juez Emérito, Primer Sustituto del Presidente del TC
El cierre de esta reflexión comparada sitúa el debate en el vértice superior del ordenamiento dogmático, allí donde se define la autoridad final sobre el contenido material de la Constitución a través del precedente vinculante y donde las altas cortes afrontan la compleja tarea de articular un diálogo fructífero con los tribunales internacionales de derechos humanos sin desdibujar la soberanía democrática originaria de sus propios pueblos.
La eficacia expansiva de la doctrina constitucional responde en ambos países a la necesidad impostergable de dotar de certidumbre y predictibilidad al Estado de Derecho, encontrando en el sistema español una base positiva en el artículo 164 de su Carta Magna complementado por el artículo 40 de su ley orgánica, mandatos que atribuyen valor de cosa juzgada a sus fallos y obligan a los juzgados del orden común a resolver los litigios aplicando las leyes y reglamentos de conformidad con la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas por el tribunal de garantías.
En la República Dominicana esa vocación unificadora adquirió una contundencia formal sin precedentes dentro del constitucionalismo regional en la reforma de 2010 y que se ha mantenido en las reformas de 2015 y 2024, proclamando el artículo 184 de nuestra Ley Fundamental que las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado, instaurando así una regla de sujeción vertical y horizontal que proscribe la rebelión jurisprudencial y consolida a la corte como la última intérprete de la soberanía popular.
Esa primacía interpretativa en el plano doméstico no opera en un vacío autárquico, sino que coexiste con la internacionalización progresiva de la tutela de la dignidad humana, planteando a los jueces constitucionales la exigencia de coordinar los catálogos de derechos con la jurisprudencia convencional sin que dicha apertura suponga la abdicación de la Constitución como cúspide jerárquica del sistema de fuentes.
En la experiencia dominicana esa coexistencia con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha exigido una rigurosa delimitación dogmática, pues si bien el artículo 74 numeral 3 instituye la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a través de la doctrina del bloque de constitucionalidad, nuestra corte ha sentado el criterio invariable de que dicha recepción se realiza siempre bajo el imperio de la Carta Sustantiva, asegurando que las decisiones de los órganos supranacionales armonicen con las cláusulas estructurales y de soberanía previstas por el constituyente nacional.
Una encrucijada equiparable ha marcado el devenir del Tribunal Constitucional español frente a las exigencias simultáneas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, un escenario multinivel donde la corte peninsular ha dejado sentado que aunque el artículo 10 numeral 2 manda a interpretar los derechos conforme a los convenios internacionales y el artículo 93 articuló la integración comunitaria, la Constitución de 1978 mantiene intacta su condición de norma suprema insustituible para tutelar los principios fundantes del orden político.
El examen de estas trayectorias evidencia que el porvenir de la justicia constitucional en ambas latitudes no radica en la subordinación acrítica ante instancias externas ni en un repliegue hermético de tintes aislacionistas, sino en un diálogo interjurisdiccional maduro y leal donde las cortes nacionales reivindican su legitimidad democrática originaria al tiempo que enriquecen sus propios precedentes con el estándar garantista internacional.
Concluye así este recorrido doctrinal entre dos naciones hermanadas por el derecho, confirmando que la jurisdicción constitucional dominicana ha conquistado una sólida mayoría de edad doctrinaria capaz de debatir con solvencia teórica frente a modelos tradicionales de Europa, erigiéndose en un baluarte inquebrantable que custodia la separación de poderes, frena las extralimitaciones reglamentarias y asegura la inviolabilidad de los derechos fundamentales en beneficio de la vida en libertad.
