Por Rafael Díaz Filpo
Juez Emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicans
La democracia comienza a debilitarse cuando la actividad electoral se adelanta y el Estado proyecta señales políticas desde el propio ejercicio del poder. La reciente decisión de la Junta Central Electoral sobre la prohibición de encuestas y sondeos fuera de los plazos establecidos por la ley obliga a observar con serenidad una realidad que desde hace tiempo viene produciendo preocupación dentro de la vida pública nacional: el crecimiento anticipado de dinámicas proselitistas y de posicionamiento político desde distintos sectores del escenario nacional.
La Junta Central Electoral tiene el deber constitucional y legal de preservar el equilibrio democrático y garantizar que las reglas electorales sean respetadas por todos los actores políticos, razón por la cual sus disposiciones deben ser observadas con responsabilidad institucional y no desde intereses circunstanciales o conveniencias momentáneas.
Ahora bien, también resulta necesario reconocer una realidad evidente dentro del sistema político dominicano. Quienes administran el poder gubernamental manejan recursos públicos, ejecutan obras, desarrollan programas sociales y mantienen una presencia institucional permanente que inevitablemente genera posicionamiento político, cuestión que obliga a ejercer el poder con prudencia democrática para evitar que las ejecutorias estatales terminen funcionando como mecanismos indirectos de promoción electoral.
El problema nunca ha sido exclusivamente la publicación de encuestas. El verdadero desafío consiste en preservar condiciones razonables de equilibrio dentro de la competencia política, particularmente cuando el aparato estatal posee capacidades económicas, mediáticas y territoriales muy superiores a las de cualquier organización opositora.
La institucionalidad electoral no puede limitarse únicamente al control de mediciones políticas mientras paralelamente se desarrollan prácticas de promoción anticipada vinculadas al ejercicio del poder público. La equidad democrática exige coherencia, equilibrio y respeto integral a las reglas que sostienen el sistema electoral.
República Dominicana ha logrado consolidar importantes niveles de estabilidad democrática durante las últimas décadas, aunque esa estabilidad requiere prudencia de todos los sectores políticos y especial moderación de quienes ejercen el poder, porque allí donde el Estado comienza a confundirse con intereses electorales coyunturales, también comienza a deteriorarse la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema democrático y en la credibilidad de sus instituciones.