En los últimos años, varios altos cargos de primer nivel han sido condenados a la pena capital por los excesos del sector financiero chino
Un banquero llamado Bai Tianhui fue ejecutado en China el martes por aceptar sobornos por un total de 1.100 millones de yuanes -que al cambio son alrededor de 133 millones de euros- en uno de los últimos episodios de la implacable campaña anticorrupción impulsada por Pekín.
Bai había sido gerente general de China Huarong International Holdings, filial del grupo estatal China Huarong Asset Management, una empresa creada a finales de la década de 1990 con el objetivo de absorber los créditos fallidos de pequeños bancos públicos golpeados por la crisis financiera asiática.
Un tribunal chino dictó contra él sentencia de muerte en mayo de 2024, tras considerar probado que había utilizado su posición para conceder favores financieros a cambio de comisiones millonarias. Su ejecución cierra un caso que simboliza la deriva de Huarong desde su misión original de saneamiento bancario hacia un conglomerado financiero complejo y opaco, en el que, según las autoridades, florecieron prácticas sistémicas de corrupción y abuso de poder.
El caso de Bai está estrechamente ligado al de su antiguo superior, Lai Xiaomin, ex presidente de Huarong, ejecutado en 2021. Lai fue protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción corporativa en la historia reciente de China: fue condenado por malversar fondos públicos y aceptar sobornos por 1.790 millones de yuanes (unos 217 millones de euros). Durante el juicio, los fiscales describieron una red de enriquecimiento personal sostenida durante años, con mansiones llenas de dinero en efectivo y un uso discrecional de recursos estatales a gran escala.
Huarong nació con una función técnica y limitada -comprar préstamos incobrables, intentar recuperar valor y liquidar activos tóxicos-, pero con el paso del tiempo amplió agresivamente su radio de acción hacia la banca de inversión, los mercados de capitales y el crédito de alto riesgo. Esa expansión, alentada por un entorno de crecimiento acelerado y supervisión laxa, terminó por convertirla en un símbolo de los excesos del sector financiero chino, donde algunas entidades estatales operaban como imperios personales de sus directivos.
En los últimos años, varios altos cargos de primer nivel han sido condenados a la pena capital. Este mismo año, el expresidente del Bank of China, la cuarta mayor entidad del país, fue sentenciado a muerte por un escándalo de corrupción relacionado con más de 60 millones de euros. Por delitos similares, otro veterano banquero y alto dirigente del Partido Comunista, Zhang Hongli, ex vicepresidente del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), también recibió la pena máxima.
La ofensiva anticorrupción china ha afectado en la última década a más de cinco millones de personas, entre ellas cerca de un millón y medio de funcionarios de todos los niveles de la administración. No se trata solo de castigar delitos individuales, sino de enviar un mensaje ejemplarizante en un sistema donde el Partido Comunista busca reafirmar el control absoluto sobre el poder político, económico y financiero.
A finales de junio, Liu Yuejin, ex jefe de la brigada antinarcóticos de la Policía y ex asesor del principal órgano consultivo político del país, fue condenado a muerte por aceptar sobornos valorados en unos 14 millones de euros. En su caso, la sentencia incluyó una suspensión de dos años, una fórmula habitual en China: si el condenado no comete nuevos delitos graves durante ese periodo, la pena se conmuta automáticamente por cadena perpetua.
Por un caso de sobornos superior a 35 millones de euros, también fue condenado a muerte Wang Yong, ex vicepresidente de la Región Autónoma del Tíbet. La sentencia, dictada por un tribunal de la provincia central de Hunan, subrayaba que Wang fue despojado de sus derechos políticos de por vida y que todos sus bienes personales serían confiscados, tras probarse que utilizó su cargo para favorecer a empresas concretas en procesos de contratación pública a cambio de comisiones ilegales.
Otra condena a muerte con suspensión recayó en mayo sobre Han Yong, ex asesor del Gobierno central y máximo dirigente del Partido Comunista a nivel provincial, acusado de aceptar sobornos por valor de 32 millones de euros a lo largo de tres décadas. Meses antes, un funcionario de la región de Mongolia Interior había sido ejecutado tras ser hallado culpable de malversar más de 400 millones de euros, uno de los mayores casos financieros registrados a nivel local.el mundo