El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) analiza otorgar un perdón de deportación y Autorización de Empleo (EAD) a aquellos inmigrantes indocumentados que reporten abuso laboral.
“La Administración Biden está considerando opciones para ofrecer protecciones de deportación a los inmigrantes que trabajan en el país sin autorización si informan sobre un empleador abusivo”, indica un reporte de The Wall Street Journal.
El diario cita un un memorando interno que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió al director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tae Johnson.
El documento, se agrega, fue enviado este martes, donde se pide a Johnson y otros funcionarios de inmigración que trabajen en un plan para ayudar a perseguir a los empleadores que contratan a indocumentados y abusan de su condición irregular.
“El memo le pide al Sr. Johnson, y a otros altos funcionarios de inmigración, que desarrolle opciones de políticas en los próximos 60 días para llevar a cabo ese cambio”, se agregó.
Según el informe del Journal, la nueva política de la Administración Biden sería “una de las prioridades” en materia migratoria.
De lograrse ese ajuste, es posible que haya una batalla en tribunales, como ha ocurrido con otras políticas de la Administración Biden para intentar reducir la persecución de inmigrantes indocumentados, como las primeras guías de ICEde este año que impedían la detención de personas sin récord criminal.
El plan surge también en medio de la discusión en el Senado por una tercera opción a presentar a la parlamentaria Elizabeth MacDonough para incluir un plan de ciudadanía para indocumentados bajo el proceso de Reconciliación, luego de que la experta rechazara dos opciones, incluido el cambio a la Ley del Registro.
Este diario confirmó que el Senado trabaja una opción para evitar la deportación de indocumentados y otorgarles EAD, pero activistas rechazan esa posibilidad, al considerar que deja “en el limbo” a los inmigrantes.
“La clave es la ciudadanía, registro sí, sería lo mejor”, dijo Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, en el podcast El Diario sin Límites. “Se tiene que luchar po la ciudadanía, no otra forma de estatus temporal”.
El primer plan en el Senado era otorgar ciudadanía a ocho millones de inmigrantes, incluidos ‘dreamers’, gente con el Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y otros empleados esenciales durante la pandemia de COVID-19.
El segundo plan era modificar la fecha de la Ley del Registro, para que inmigrantes que llegaron al país antes del 2010 pudieran aplicar por una ‘green card’.