La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sometió ante la Fiscalía del Distrito Nacional a tres empresas por posible alteración de los certificados de registro mercantil durante el proceso de obtención y actualización de sus respectivos registros de proveedores del Estado (RPE).
La institución informó en un comunicado de prensa que la comisión de estos delitos violenta el artículo 147 del Código Penal Dominicano, el cual dispone que la falsedad de escritura pública sea castigada con tres a 10 años de prisión.
Asimismo, el artículo 29 del reglamento 543-12 de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas establece que la presentación de documentación falsa o alterada es causa de inhabilitación permanente en el RPE, además de las consecuencias de tipo penal.
Pimentel aprovechó para exhortar a las entidades contratantes a presentar los incumplimientos cometidos por proveedores ante el órgano rector para proceder a su investigación y sanción.
De igual modo, insistió en la necesidad de promover acciones de interoperabilidad con las bases de datos de las cámaras de comercio del país para minimizar este tipo de riesgos.
Hasta el 11 de mayo pasado la actual gestión había inhabilitado a 33 proveedores del Estado por causas que van desde falsificación documental hasta incumplimiento contractual y con los casos descritos suman 36.