SANTO DOMINGO.- El economista Iván Rodríguez, sugirió este domingo al gobierno emitir certificados financieros del Banco Central por valor de RD$100,000 millones y adquiridos, nueva vez, por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que le garantiza estabilidad monetaria y cambiaria.
Indicó que su recomendación está basada en la experiencia asumida en ese sentido por la anterior administración, para enfrentar la paralización económica a casusa de la pandemia del covid-19, además de evitar el endeudamiento en el mercado financiero internacional.
En mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, en común acuerdo con las administradoras de fondos de pensiones (AFP), llegaron a un acuerdo económico para que las entidades que gestionan los ahorros de los trabajadores compraran RD$40,000 millones en bonos.
Rodríguez produjo estas consideraciones al ser entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada domingo a las 10:00 AM por Teleradio América.
“Emitir deuda en pesos dominicanos que realiza el Banco Central con la compra de certificados en el mercado abierto para colocarlo en el mercado secundario es la mejor manera recibir recursos en la actual crisis económica que vive el país y el mundo”, explicó.
Sostuvo que con ese tipo de operaciones se obtiene una mayor rentabilidad y garantizar mejores pensiones a los dueños de esos fondos que son los trabajadores públicos y privados.
Agregó que además se consigue que los organismos multilaterales como el FMI, el BID y el Banco Mundial, sean más tolerantes y flexibilicen el tiempo de aprobar, aumentar y desembolsar los préstamos al país.
“Tenemos la ventaja de que la República Dominicana es un país que sabe honrar sus compromisos con ellos, y eso se puede mantener hasta que se regularice la economía”, expresó.
Evasión IST e ITBIS
De otro lado, el ex viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, también se mostró partidario de que el gobierno se desprenda de un conjunto de gastos superfluos, o “gastos tributarios”, que se generan en instituciones que no tienen razón de existir.
“Esos gastos forman parte de los problemas que el gobierno debe trabajar cuando se aboque a realizar una reforma fiscal para recibir recursos que no le llegan al Estado, porque se decide favorecer determinada iniciativa privada”, argumentó.
Calculó que esa evasión implica alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a unos RD$300,000 millones, correspondiendo el 60% al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el 40% restante al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
“Pero las autoridades tienen que tener cuidado en este último renglón”, advirtió, “porque dentro del ITBIS se registran consumos masivos que se deben mantener esas excepciones, porque afectaría a los más pobres”.
Empero, refirió que cientos de productos que consumen básicamente segmentos de altos ingresos, lo que deben mantenerse gravados, porque éstos se benefician más a ciertos renglones de alimentos que los sectores de bajos ingresos.
Insistió en señalar que existen determinados sectores que reciben exenciones que no lo necesitan, según se ha determinado en estudios realizados en ese aspecto, por lo que en un pacto fiscal se pueden excluir.
La reforma tributaria
En este aspecto, Rodríguez consideró que si bien el ciudadano común y corriente entiende por reforma fiscal como el aumento de los impuestos, “pero el concepto va más allá que reformar el sistema tributario, porque implica la actividad financiera del sector público”.
En ese sentido, el experto económico consideró que el gobierno debe reflexionar acerca de qué reforma tributaria, a cuánto aspira recaudar y mejorar su capacidad de prestar servicios por la vía con gastos más eficientes.
“Esa reflexión debe hacerla durante los meses que le restan al año en curso, para en el 2022, enviar al Congreso un proyecto de reforma fiscal ponderado y definido en sus capacidades de prestar servicios con gastos más eficientes”, significó.
Dijo que el actual Código Tributario “es muy complejo”, por el entramado de exenciones por impuestos sobre la renta, que por su complejidad facilita el alto nivel de evasión, el que calculó en un 60%.
Recordó que un estudio hecho en ese sentido durante el anterior gobierno, el porcentaje de evasión fiscal por el pago de ITBIS, que es el primer impuesto que aporte al sistema tributario, es de un 40%.
“Ese porcentaje de evasión podría reducirse un 15 punto y llevarla al 25%, porque aquí hay muchas empresas que se declaran pérdidas, debido a que el Código Tributario se lo permite”, acotó.
Mayo 16 de 2021
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