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Persecución Anticorrupción RD

Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso no dan abasto en los tribunales con 5 casos de corrupción

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Los directores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no dan abasto con la gran cantidad de audiencias que se celebran en los tribunales de cinco casos de presuntos actos de corrupción.

Es tan así que en un solo día tribunales apoderados han conocido hasta dos audiencias de revisión obligatoria de la medida de coerción o de revisión a solicitud de partes, en los casos de entramados de corrupción.

Ante esa situación, Wilson Camacho, Yeni Berenice Reynoso y la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Pepca se han tenido que dividir para participar en los casos de Antipulpo, Medusa, Coral, Coral 5G, Operación 13 y otros procesos.

Solo este lunes se conoció la revisión obligatoria de la medida de coerción a cuatro de los implicados en el caso Antipulpo, contra quienes el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deivi Peguero, le ratificó la prisión. La revisión obligatoria fue fijada nuevamente para el 16 de mayo.

Ayer también el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 4 de marzo el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción a los implicados en el caso Coral, cuyo principal acusado es el general Adán Cáceres.

Mientras que, para hoy martes, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pautado el conocimiento de otra revisión obligatoria de la medida de coerción a varios implicados en el caso Medusa, al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y Javier Alejando Forteza. La audiencia había sido aplazada el pasado viernes.

No obstante, la semana pasada el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló un recurso de amparo interpuesto por el ex procurador, declarando su incompetencia, con el cual se busca que el Ministerio Público pida disculpa al ex funcionario y que se borre toda información que tenga que ver con el caso Medusa.

En tanto que el pasado 17 de febrero el Cuarto Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción aplazó para el 18 de febrero, luego de que el tribunal intima al MP presentar acusación, tras vencerse el plazo.

Para el 9 de marzo también el Cuarto Juzgado de la Instrucción fijó el conocimiento de la revisión obligatoria del ex procurador y de Forteza.

Mientras que para el 10 de marzo se fijó el conocimiento de varias solicitudes presentadas por la defensa del ex funcionario del Gobierno de Danilo Medina, recluido en la cárcel de Najayo.

Se recuerda que Berenice Reynoso, ha advertido de que este año de 2022 será “muy intenso y desafiante” en la lucha contra la corrupción administrativa.

En 2021 dejó como resultado el sometimiento a la justicia de 35 imputados y la incautación de bienes millonarios.

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Asegura en fraude Supérate hay involucrados altos funcionarios

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SANTO DOMINGO.- En el fraude millonario contra la tarjeta Supérate hay involucrados funcionarios del Gobierno, reveló el expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario.

Condenó que las autoridades solo pretendan responsabilizar de ese hecho a unos cuantos colmaderos, cuando para cometer un robo millonario como ese se requirió de tecnología sofisticada que no están al alcance de esos pequeños comerciantes.

Dijo que «lo más deplorable es que el robo se haya perpetrado en contra de las personas más pobres; es decir, del que recibe 200 o 500 pesos al mes para poder comer».

DICE GOBIERNO ADMITIO ROBO

“El propio Gobierno admite que más de 100 millones de pesos han sido sustraídos de la tarjeta Supérate que ellos acaban de crear. Y de un robo tan sofisticado, que solo es posible a través de un personal bien formado y con acceso a una tecnología especializada quieren culpar a los pobres colmaderos», cuestionó.

Agregó que «la gravedad del caso es que no le están robando el dinero a la clase media, sino a la gente más pobre, al que recibe 500 o 200 pesos al mes para poder comer».

Subrayó que «ese crimen lo están haciendo a través de los colmados, pero no lo están cometiendo los dueños de esos pequeños negocios, porque no tiene equipos para hacer eso».

PIDE INVESTIGACION PGR 

“Ahí hay involucrados funcionarios del gobierno, lo que debiera ocurrir es que la Procuraduría General de la República, que tiene al frente a Mirian Germán, una mujer muy responsable, y la propia Yeni Berenice y Wilson Camacho, realice una investigación sobre los reales responsables de la sustracción de más de 100 millones de pesos que se produjo en el programa Supérate”, planteó Rosario en el programa D’Agenda, que se difunde por Telesistema en República Dominicana y TV Quisqueya Estados Unidos, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Lamentó que los programas de asistencia social implementados por los gobiernos del expresidente Leonel Fernández le hayan quedado grande a la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader.

DESORDEN SEGURIDAD SOCIAL

El dirigente opositor también fustigó el «desorden» en el sistema de la Seguridad Social, «donde por rebatiñas internas de los actuales funcionarios, los trabajadores y la población, en sentido general, se ven impedidos de recibir una adecuada asistencia en materia de salud».

En ese sentido, denunció que se ha producido un colapso en la política social del Gobierno. “Hay un desastre, hay un colapso en las políticas sociales del Gobierno».

«Al gobierno del Partido Revolucionario Moderno le quedó grande las políticas sociales que inició el gobierno del doctor Leonel Fernández y que al día de hoy todavía se mantenían vigente”, declaró.

Citó el problema que se ha generado con la pérdida de más de ocho mil millones de pesos de los fondos de pensiones de los trabajadores

Lamentó que en el enfrentamiento interno que mantienen funcionarios de la seguridad social, ninguna de las partes plantea que le “debe llegar algo a los que aportan” que son los trabajadores.

ENFRENTAMIENTOS POR CHISMES

“Hay una discusión de quén debe administrar esos fondos. En el fondo lo que se discute es cuál sector de la oligarquía se queda con manejo y control de esos recursos, eso es todo lo que se discute”, sentenció.

Insistió en que los enfrentamientos por chismes y cuotas de poder entre los funcionarios de la seguridad social lo que demuestra es que el PRM ha vuelto a ser el Partido Revolucionario Dominicano.

“El problema de su partido lo están llevando a la administración pública, y esa diferencia entre ellos está trayendo como consecuencias que una cantidad enorme de ciudadanos no tenga acceso a la salud, porque sus niveles de ineficiencia no ayudan a resolver los problemas que se le presentan a los dominicanos en ese sentido”, explicó.

 

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Denuncian irregularidades en licitaciones INAPA y Plan Social VIDEO

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SANTO DOMINGO.- A pesar de los mecanismos establecidos por el Gobierno para evitar casos de corrupción, las licitaciones en el Instituto Nacional de Alcantarillado y Aguas Potables (INAPA) y el Plan Social de la Presidencia se ven viciadas, conforme un reportaje del programa Nuria Investigación Periodística.

El primero de octubre de 2021, el presidente Luis Abinader anunció el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, cuya obra contempla una inversión estimada total de más de 1,204 millones de pesos, con una proyección de tiempo de ejecución de dos años e impactará la vida de unas 900 mil personas.

Dos semanas después, el 14 de octubre de 2021, INAPA convocó a los interesados en presentar propuestas en la obra “construcción sistema de saneamiento Arroyo Gurabo y su entorno, municipio Santiago” mediante una publicación en un periódico de circulación nacional, como establece la Ley.

OFERTAS REFERENTES

Dos meses después, el 13 de diciembre de 2021, INAPA recibió las ofertas referentes a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional número INAPA-CCC-LPN-2021-0044 para la obra, en la que participaron 13 oferentes y finalmente fueron seleccionados ocho empresas constructoras, incluyendo Rigarunville SRL, a la que le fueron adjudicados trabajos por más de 316 millones de pesos.

La empresa, cuyas actividades comerciales van desde servicios profesionales de ingeniería hasta banca e inversiones, fue creada el 15 de febrero de 2012 por Ignacio Manuel González Franco y Domingo Antonio Balbuena, con 999 cuotas y una cuota, respectivamente.

EMPRESAS FANTASMAS

El nombre del socio minoritario, Domingo Antonio Balbuena Mena, predomina en un aviso de inactivación del Registro Nacional de Contribuyentes de empresas fantasmas o no localizadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De un total de 200 empresas, unas 44 tienen como representante a Domingo Antonio Balbuena Mena, lo que nos da a entender que es una compañía de carpeta que pareciera que estuvo desactivada hasta que en el 2021, donde en este registro mercantil ya ni Balbuena Mena ni González Franco están como socios sino Mario Rafael Sarkis Llaneza Kury, quien vende sus 900 cuotas por un valor de 90 mil pesos a Jeannette Isabelle Llaneza Luna, una joven estudiante de apenas 21 años de edad, quien también asumió como gerente.

OPINION DE EXPERTOS

El equipo de Nuria Investigación Periodística consultó a un experto para que dé su opinión ante estas situaciones que se presentan con mucha regularidad: la activación de compañías viejas o de carpetas para dar la apariencia de años de experiencia o recién creadas y la colocación como gerente de una joven inexperta.

En el pliego de condiciones se establece que deben tener cinco años de experiencia en la materia y la pregunta es cómo esta compañía que estuvo inactiva pudo tener más de 5 años de experiencia en el rubro en el que participó.

El ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, señaló que un tipo de obra así debe estar sustentado por un principio de razonabilidad, que no la hay, porque obviamente una persona con 20 años no tiene calidad ni el tiempo ni la experiencia para poder licitar en ninguno de ese tipo de obra. Básicamente, no obstante de que se aplique la libre empresa, no debió participar de la propuesta.

No se explica cómo una empresa puede ganar una licitación cuando presenta por ejemplo que fue creada en Neyba en 2012, cambió su dirección al Distrito Nacional en 2014 y actualmente, está supuestamente en la avenida Rómulo Betancourt, pero presenta una certificación de la DGII de la oficina de Neyba.

“Por qué se fueron a Neyba? Eso había que verlo. Ahora yo estoy seguro. Yo estoy seguro que con una solicitud que hubiese hecho el comité de licitación era a la vez a la de a la DGII se hubiera eliminado. Por qué? Porque muchas veces en esas oficinas locales se tejen muchísimos problemas, muchísima componenda, que a veces hasta por un pago mínimo le dan una certificación”, dijo el ingeniero Tejada.

POCA RIGUROSIDAD

Otra demostración de la poca rigurosidad de los comités de compras y contrataciones es que no verifican que las certificaciones de experiencia que el pliego de condiciones exigen a las empresas para garantizar su expertis en dicha construcciones.

Por ejemplo, una certificación de experiencia dada por la constructora Harmaville, cuyo director general es Rafael Llaneza, curiosamente el mismo apellido de la actual gerente, Jeanette Isabelle Llaneza.

Otra certificación otorgada por la Constructora Rallak, cuyo titular es nada más y nada menos que Mario Llaneza, el antiguo dueño de Rigarunville, quien vendió la compañía a su hija, Jeanette Isabelle Llaneza. Además de que los familiares son los que están emitiendo las certificaciones, otra falta evidente es que no mostraron experiencia en obras similares a la licitada.

EN EL PLAN SOCIAL

El Plan Social de la Presidencia, dirigido por Yadira Henríquez, es otra institución del gobierno que se salta los controles de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, al hacerse de la vista gorda con anomalías de los oferentes que ganan las licitaciones que convoca la entidad encargada de suplir la ayuda social del Gobierno.

Por ejemplo, la adquisición de alimentos crudos para ser donados número PASP-CCC-LPN-2021-0001, que inició en febrero de 2021, y el proceso número PASP-CCC-LPN-2021-003 de compra de electrodomésticos del 23 de abril de 2021, por más de 432 millones de pesos, en el que solicitan una carta de autorización del fabricante, la cual no está contemplada en la Ley.

El programa consultó a expertos en compras públicas, que han participado en varios procesos, para que den su opinión, incluyendo uno que prefirió ocultar su identidad y considera que esta carta del fabricante se presta a irregularidades y a una posible confabulación entre oferente-industrial e incluso hasta la misma institución.

“Cuando ese fabricante o esa industria dice bueno, yo se lo voy a dar a X persona, es porque ya tiene básicamente lo que podríamos llamar un arreglo previo con esa persona y no se lo da a nadie más”, dice uno de los expertos.

Mientras el ingeniero Teodoro Tejada, experto en compras públicas, explicó que es una carta violatoria al artículo 3 de la Ley 3 41 06, por un principio de contratación, viola el principio de equidad, viola el principio de transparencia y viola el requisito de igualdad.

Todos estos requerimientos del comité de compras han beneficiado a empresas ligadas a una persona en particular: Munir Manuel Kury Hazoury.

En la licitación de abanicos ganó su empresa Inversiones Qtek, porque La Innovación solo le dio la carta de autorización a ellos. La empresa Inversiones Qtek, registrada en mayo de 2011, propiedad de Munir Manuel Kury Hazoury y su padre Christian Kury Rosario, recibió la adjudicación de más de 42 millones de pesos por la compra de aceite, sardinas, pastas y agua embotellada y más de 192 millones de pesos por concepto de abanicos, neveras, licuadoras, estufas, entre otros enseres del hogar a ser donados por el Plan Social.

Otras empresas que ganaron también estuvieron ligadas a Munir Kury. Tal es el caso de Comerdom, que hasta el 17 de febrero de 2021, meses antes de la licitación era propiedad de él pero el Plan Social le adjudicó 82 millones de pesos en enseres del hogar y más de 29 millones en alimentos.

En la actualidad, según consta en su certificado de registro mercantil, Comerdom tiene como socios a José Oscar Báez Aquino y a Nicanor Peralta Brito. Este último se desempeña como gerente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, al llamarlo dijo que se dedica a otra actividad.

“Es inaudito, no debió permitir eso, porque es que lo peor de condiciones, muchas veces lo que es ir a gente que el comité de compra y contrataciones que tiene que velar por los pliegos de condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento de 43, que yéndose ese Comité de compra y contratación, es responsable de que nada de eso suceda ahora. Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hacen los locos”, dice el experto Tejada.

También, el Comité de Compras del Plan Social tampoco se dio cuenta de que otra de las empresas adjudicadas con más de 31 millones de pesos en electrodomésticos se encuentra cerrada.

Se trata del hipermercado La Canasta del Pueblo SRL, ubicada en la Zona Industrial de Herrera, creada en 2013 por su titular, José Luis Beato Casanova. Como pueden apreciar, actualmente, sus instalaciones están funcionando como un parqueo de camiones.

“Muchas veces ellos saben exactamente lo que está pasando y se hace lo loco. Muchas veces, porque no es verdad que ellos no se van a dar cuenta que su compañía tuvo inactiva o es empresa para vender. Por lo tanto. Entonces obviamente hay una violación de la ley que hay que investigar”, añadió Tejada.

Al igual que esta otra irregularidad. Según la Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio, la empresa era Gran Contribuyente y la licitación estaba dirigida a mipymes. Uno de los expertos establece que aun con pleno conocimiento, el Plan Social realizó la adjudicación.

“Se le demuestra que no es mipyme. Entonces en el sobre a. Ellos certifican, bajo fe pública, que la empresa es mi pyme. Luego de demostrarle todo eso vía alguacil en el sobre, me dijeron que se confundieron, que la empresa no es mi pyme. Que se confundieron”.

Ante todas estas anomalías que detectamos en pocos minutos de análisis, la gran cuestionante es cómo estas empresas logran burlar los controles de transparencia.

“Mientras usted tenga un comité de licitación que lo dirija el titular, lo compone el administrativo, el corredor jurídico, el director de libre Acceso a la información pública y el de planificación. Todos son cautivos empleados del titular. Entonces es ese comité es culpable”, indicó el ingeniero Tejada.

Plantea que deben ser incluidos técnicos especialistas en el rubro. Incluso va más lejos y asegura que los pliegos de condiciones se han convertido en el principal vector de corrupción en las compras y contrataciones públicas.

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