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Hoy conocen medidas de coerción a implicados Coral 5G; MP pide 18 meses y abogados que los juzguen en libertad

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A las 10 de la mañana el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá medidas de coerción contra los 13 implicados en la Operación Coral, incluidos tres generales activos quienes fueron detenidos a mediados de semana por su presunta implicación en un entramado militar que malversó miles de millones de pesos en el Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial y el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística.

La jueza Kenya Romero será la encargada de escuchar tanto la versión del Ministerio Público como la de los abogados defensores, que han indicado que sus defendidos no representan un elemento de fuga.

El viernes, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público solicita coerción para 13 implicados en la operación que se ha denominado 5G.

Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal y una vez más ratificamos y confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte, cuya única medida de coerción que será posible imponer, será la prisión preventiva”, dijo Ortiz.

La coordinadora de Litigación de la Pepca ofreció los detalles del proceso al responder preguntas de los periodistas de diversos medios de comunicación que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego que depositara la instancia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Ortiz dijo que las evidencias depositadas incluyen documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios que, como en todos los casos que ha presentado el Ministerio Público, conducirán a la prisión preventiva de los imputados.

Sostuvo que el Ministerio Público sigue ampliando la investigación. “Coral 5G apenas comienza, las investigaciones continúan ”, sostuvo, mientras respondía a los comunicadores.

Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.

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República Dominicana registra otros 230 casos de covid-19; solo 1,607 personas tienen el virus activo

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Programa de Medicamentos de Alto Costo Costo beneficia con tratamientos Covid-19 a más de 11,778 pacientes
El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 230 contagios de coronavirus, sin que se notificaran decesos a causa de la pandemia en las últimas 24 horas.

En su boletín diario sobre la evolución de la pandemia, Salud Pública precisó que en el país se han registrado 409,232 casos de covid-19 y 4,212 muertes desde marzo del pasado año, cuando se notificó la presencia del virus en territorio nacional.

Un total de 1,607 personas tienen el virus actualmente en el país, donde 303 personas están hospitalizadas a causa de la covid-19, para una ocupación de camas del 13 %.

En tanto, las unidades de cuidados intensivos (UCI) están al 24 % de su capacidad, con 139 camas ocupadas, mientras que los ventiladores en uso son 96, para un 20 % de la disponibilidad.

La tasa de positividad diaria se ubicó en 8.32 %, mientras que la de las últimas cuatro semanas se sitúa en 6.31 %.

En la última jornada se procesaron 4,310 muestras para detectar la covid-19.

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Yeni Berenice denuncia sectores defienden imputados han desatado una campaña contra instituciones persiguen corrupción

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La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso denunció este miércoles que en los últimos días se ha iniciado a desatar una campaña feroz contra las instituciones y órganos que persiguen la corrupción en la República Dominicana.

La directora nacional de Persecución del Ministerio Público acusó a la barra de la defensa y algunas personas de desatar esta campaña, alegadamente porque los imputados han visto que el clima de impunidad que reinaba en el país “ya no existe”.

Reynoso respondió en estos términos al ser cuestionada por la denuncia realizada por la esposa del exprocurador Jean Alain Rodríguez de que la vida del exjefe del Ministerio Público estaba en “peligro” al ser puesto en la misma celda que varios de los acusados de encabezar la red de narcotráfico y lavado de activos denominada Larva.

La magistrada aseguró que el Ministerio Público garantiza la seguridad de los internos y que hasta el momento no se ha reportado un solo caso de que la vida de un recluso haya estado en riesgo en los distintos centros penitenciarios.

“En modo alguno, el sistema penitenciario ha garantizado y su compromiso es garantizar la seguridad de todos los internos, y en ese sentido hemos asumido ese compromiso, no hay un solo caso en el que se haya puesto en riesgo, lo que estamos viendo es que algunas barras de defensa y algunas personas han empezado a ver que ese clima de impunidad histórico ya no existe, y han desatado organizadamente una campaña contra instituciones y órganos, como Cámara de Cuentas, judicatura, Ministerio Público, y lo único que tiene esta campaña que no es aleatoria, es que ese clima de impunidad no va a seguir”, dijo Reynoso.

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En relación a la operación Anti Pulpo, Reynoso aseguró que se incorporaron nuevas pruebas contra los imputados, encabezados por Alexis Medina, hermano del expresidente de la República Danilo Medina.

La procuradora fiscal también aseguró que hay nuevos imputados en el caso Pulpo y que eso se verá en la acusación formal que será presentada en los próximos días.

No se refirió si uno de esos imputados nuevos lo sería el expelotero Sammy Sosa, quien ha sido interrogado por las autoridades en varias ocasiones por su presunta vinculación a empresas de Alexis Medina.

“Este ha sido un proceso complejo que tiene cientos de pruebas nuevas, imputados nuevos, con comisión de hechos muy graves, el MP tiene miles de pruebas en este proceso, pero los próximos días el equipo que está trabajando prácticamente 24 horas en dos turnos estaremos depositando la acusación que estamos dando los toques finales”, indicó.

La funcionaria del órgano persecutor dijo que en la acusación formal del caso Pulpo se observará como los imputados distribuían y recibían los sobornos para formar la red de corrupción, que a su juicio, impactó de manera negativa en la seguridad ciudadana y la salud en la República Dominicana.

“Esas personas que distrajeron esos recursos, cuando salga la acusación Anti Pulpo se observará como se recibían los sobornos, todo ese clima de corrupción, esa impunidad que impactó la seguridad ciudadana del país a través de la Policía, los hospitales”.

La procuradora adjunta ofreció estas declaraciones al ser aplazada para el 20 de diciembre la revisión de la medida de coerción contra el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez.

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