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JCE vigilará uso recursos asignados a partidos políticos, en 23 años partidos manejan RD$20,261 millones

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  • En 23 años partidos manejan RD$20,261 millones; dependencia JCE vigilará uso

  • IFES recomienda establecer mecanismos rigurosos para el control de los recursos se manejan en financiamiento de las organizaciones políticas y dice es tiempo de implementar reformas

Desde 1998 al presente 2021, los partidos políticos de la República Dominicana han recibido RD$20,261,643,658.00 como parte de la contribución económica que les otorga el Estado, recursos que a partir de este año serán fiscalizados por una dirección especializada de la Junta Central Electoral (JCE).

Bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos la Dirección Especializada de Control Financiero vigilará el financiamiento público y privado, tanto de las organizaciones políticas como de los precandidatos y candidatos a cargos electivos.

La meta es verificar que los sistemas internos de fiscalización partidaria se encuentren en funcionamiento y que se realice una adecuada distribución de los recursos entregados anualmente por el Estado.

La dirección a cargo del antiguo secretario general de la JCE Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, fue creada en diciembre del pasado año 2020 y deberá dar un estricto seguimiento al régimen de financiamiento de los partidos y detectar posibles violaciones a la ley.

Un informe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) sobre “Financiación de los partidos políticos para el mejoramiento del proceso electoral en la República Dominicana” establece que el sistema electoral del país se encuentra en un buen momento para hacer una reforma en materia de financiamiento de partidos políticos. El planteamiento lo hacen tomando en cuenta que en el 2021 es un año no electoral y que actualmente las organizaciones se encuentran en un proceso de reconstrucción de cara a las próximas contiendas.

Recomienda establecer criterios y mecanismos rígidos para el control de los recursos, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de otras fuentes ilícitas, así como para disminuir la corrupción política.

“Comenzar un proceso de reforma en materia de financiamiento de partidos políticos evitaría problemas a futuro y sentaría las bases para el desarrollo de procesos electorales de mejor calidad”, recomienda el estudio.

Recursos partidos

En 23 años el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos RD$20,261,643,658.00; siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron RD$4,013,903,594.00 debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero.

En 1998 el monto aprobado fue de RD$171,683,880.00; en 1999 la contribución arribó los RD$105,823,185.00 y ya para el 2000 se incrementó a RD$224,231,085.00. Actualmente hay 26 partidos y movimientos reconocidos ante la JCE, de los cuales cuatro ostentan la categoría de mayoritarios. Se trata de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre el 2001 y el 2010 las partidas oscilaron entre los RD$ 147,982,947.00 y RD$1,085,488,234.00; en el 2011 fueron RD$590,960,548.00 para el 2012 por ser electoral los recursos fueron RD$ 1,403,210,000.00.

Desde el 2013 y hasta el 2015 el reparto económico fue de RD$ 805,043,460.00 y en el 2016 que hubo elecciones los montos asignados fueron RD$ 1,610,086,923.00; para el 2017 se volvió a la partida de RD$805,043,460.00.

A partir del 2018, la contribución económica destinada a las organizaciones políticas fue incrementada al pasar a los RD$1,260,400,000.00; en el 2019 fueron RD$1,506,933,594.00. Para el presente año 2021 se entregará una partida similar a la del 2018; unos RD$1,260,400,000.00.

De las leyes

De acuerdo con la Ley de Partidos 33-18 se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes que: no puedan determinar su procedencia u origen, que provengan de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Los partidos no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en gastos e inversiones no permitidos, si no cuentan con sistema contable y no presentan informes.

En la actualidad, los bancos múltiples en su lucha contra el lavado de activos se mantienen vigilantes con el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros. Han pactado acuerdos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, así como tienen contacto con la Procuraduría General de la República.

Visión sobre lo ilícito

La contaminación de la política con los dineros provenientes del narcotráfico y el lavado de activos es, desde hace varias décadas, un gran desafío para la integridad de la democracia, aseguró Eddy Olivares, exmiembro de la JCE.

A su juicio, el uso de los recursos ilícitos en la política va en contra de la transparencia y la equidad que debe prevalecer en las competencias electorales.

Olivares sostiene que han sido ineficaces todas las disposiciones legales implementadas para evitar la infiltración de los fondos del narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa en la actividad política.

En ese orden, explicó que la Ley 33-18, penalizó el financiamiento ilegal, al disponer la condena de los candidatos, partidos, agrupaciones, movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables, al pago de una multa equivalente al doble de la contribución ilícita recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Sin embargo, afirmó que en el país nunca un partido o candidato ha sido condenado por financiamiento ilícito.diariolibre

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Senador Dionis Sánchez pide investigar gastos de 5,000 millones de pesos en publicidad del Estado

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El senador Dionis Sánchez criticó hoy que durante los últimos 10 años se han gastado un promedio de cinco mil millones de pesos por año en publicidad, cuando existen provincias como Elías Piña, Pedernales, Independencia y otras que «no hay forma de que se le asigne recursos para cumplir con las necesidades».


Al presentar al hemiciclo una resolución que solicita la creación de una comisión para que investigue los gastos publicitarios en dicho período, así como el destino del monto y la efectividad lograda por el Estado con las campañas.

«Nosotros necesitamos, según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución, ver a quienes se le ha pagado ese dinero, cuáles han sido han sido las campañas y qué tan efectiva han sido para que el Estado siga embarcándose en este tipo de gastos», proclamó.


Sánchez, del partido Fuerza del Pueblo, citó como ejemplo que un ministerio, el cual no mencionó por su nombre, le está pagando a un programa la cantidad tres millones de pesos durante tres meses.

«A ese mismo programa, renovado su contrato, cuatro millones de pesos durante cuatro meses, a un millón de pesos por mes. Y creo que aquí no hay ningún senador que reciba por mes, para invertirlo, para gastarlo, para hacer acciones sociales en su provincia, un millón de pesos», dijo.

En referencia a lo que reciben los legisladores, indicó que se usan para comprar ataúdes, porque mientras el estado dominicano sea deficitario para cubrir las necesidades de las personas, ellos tienen que actuar de esa forma

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ICE detuvo a 72,000 inmigrantes en el año fiscal 2021, el periodo con menos arrestos en una década

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Aunque el presidente Joe Biden está siendo señalado por la deportación de cientos de inmigrantes, la mayoría de esas acciones son hacia personas atrapadas cerca de la frontera, ya que, al interior del país, los arrestos por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron los más bajos en una década.

“La Migra” ha realizado alrededor de 72,000 arrestos administrativos durante el año fiscal que terminó en septiembre, frente a 104,000 durante el año fiscal 2020, según un reporte de The Washington Post.

Se agrega que el promedio de arrestos había sido de 148,000 personas anualmente desde 2017 hasta 2019. El informe toma en consideración los reportes de los agentes enfocados en deportaciones, es decir la agencia ERO, la cual es una división de ICE.

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