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Acusaciones narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos

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Especialistas han alertado de que la situación alimenta el discurso del antipartidismo que se viene instalando en RD

En los últimos cuatro años, al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidos que se ha venido instalando en el país. El último caso es el expediente por narcotráfico Operación Falcón en el que las autoridades del Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados.

En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega, vinculada al lavado de activos. Gutiérrez Díaz fue detenido en Miami acusado de narcotráfico.

En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figura Juan Maldonado, exdiputado y titular de la Dirección General Comunidad Digna, acusado de narcotráfico en la Operación Falcón.

En cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por el último caso está preso el dirigente del PRM en Bonao y exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.

En el expediente Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo e inició en mayo del 2017, varios dirigentes de la cúpula del PLD y del PRM fueron acusados. Figuran Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes siguen en juicio.
Originalmente fueron acusados Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD. Del PRM, Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del PRD.

Según la encuesta Latinobarómetro, para el 2018 solo el 14 % de los ciudadanos confiaba en los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad.

¿Cómo han respondido los partidos?

La respuesta del PLD y del PRM sobre sus dirigentes involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, ha sido las acusaciones entre un grupo y otro en un intento por sacar provecho político de la situación. El PRM dijo que respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, con “un Ministerio Público independiente”. “Por décadas, nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga”, dijo.

El PLD se ha limitado a pedir al PRM que diga cuánto dinero recibió del narcotráfico en la pasada campaña, mientras que ha dicho que se trata de persecución política y justicia selectiva el sometimiento por corrupción de los dirigentes de esa organización.

Costo facilita narco penetre partidos

Para el politólogo Engels Villanueva el narcotráfico ha encontrado la oportunidad de ampararse en las estructuras partidarias en un sistema político-electoral cada vez más costoso. “El mayor abono de esta relación ha sido la débil estructura democrática de República Dominicana y la financiación de las campañas electorales. Políticos se apalancan en esta estructura mafiosa, ante los escasos mecanismos de control y como una apuesta para financiar sus campañas electorales y evidentemente que estas estructuras del crimen organizado penetran y debilitan la institucionalidad democrática, porque comprometen a los políticos para que les aseguren impunidad”, sostuvo.

Consideró que el hecho de que los golpes al narcotráfico provengan de organismos internacionales como la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es una muestra de que las instituciones que combaten ese tipo de crimen necesitan fortalecerse. “No es posible que los partidos políticos no sean sujetos obligados en la Ley de Lavado de Activos, es decir, que no están obligados a depurar y verificar el origen de los fondos que reciben. Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados, y al parecer este no es un tema prioritario en los debates de las reformas que tenemos pendientes”, observó.

Acusaciones fortalecen el discurso antipartidos

Con la propuesta del presidente Abinader de que los integrantes de ciertos órganos del Estado como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no tengan militancia política partidista como mecanismo para garantizar independencia, se activaron algunas alarmas de que ese enfoque alimenta el discurso antipartidista y ahora los sometimientos por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción afectan aún más la credibilidad de las organizaciones. Villanueva consideró que el antídoto de los partidos ante esa realidad debe ser mayor transparencia. “Partidos y políticos están obligados a mayor transparencia porque es igual a mayor confianza y participación democrática y por ende más confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, apuntó. También llamó a poner controles al financiamiento privado.elcaribe

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Senador Dionis Sánchez pide investigar gastos de 5,000 millones de pesos en publicidad del Estado

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El senador Dionis Sánchez criticó hoy que durante los últimos 10 años se han gastado un promedio de cinco mil millones de pesos por año en publicidad, cuando existen provincias como Elías Piña, Pedernales, Independencia y otras que «no hay forma de que se le asigne recursos para cumplir con las necesidades».


Al presentar al hemiciclo una resolución que solicita la creación de una comisión para que investigue los gastos publicitarios en dicho período, así como el destino del monto y la efectividad lograda por el Estado con las campañas.

«Nosotros necesitamos, según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución, ver a quienes se le ha pagado ese dinero, cuáles han sido han sido las campañas y qué tan efectiva han sido para que el Estado siga embarcándose en este tipo de gastos», proclamó.


Sánchez, del partido Fuerza del Pueblo, citó como ejemplo que un ministerio, el cual no mencionó por su nombre, le está pagando a un programa la cantidad tres millones de pesos durante tres meses.

«A ese mismo programa, renovado su contrato, cuatro millones de pesos durante cuatro meses, a un millón de pesos por mes. Y creo que aquí no hay ningún senador que reciba por mes, para invertirlo, para gastarlo, para hacer acciones sociales en su provincia, un millón de pesos», dijo.

En referencia a lo que reciben los legisladores, indicó que se usan para comprar ataúdes, porque mientras el estado dominicano sea deficitario para cubrir las necesidades de las personas, ellos tienen que actuar de esa forma

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ICE detuvo a 72,000 inmigrantes en el año fiscal 2021, el periodo con menos arrestos en una década

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Aunque el presidente Joe Biden está siendo señalado por la deportación de cientos de inmigrantes, la mayoría de esas acciones son hacia personas atrapadas cerca de la frontera, ya que, al interior del país, los arrestos por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron los más bajos en una década.

“La Migra” ha realizado alrededor de 72,000 arrestos administrativos durante el año fiscal que terminó en septiembre, frente a 104,000 durante el año fiscal 2020, según un reporte de The Washington Post.

Se agrega que el promedio de arrestos había sido de 148,000 personas anualmente desde 2017 hasta 2019. El informe toma en consideración los reportes de los agentes enfocados en deportaciones, es decir la agencia ERO, la cual es una división de ICE.

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