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América Latina

Elecciones en Perú | Qué inspiración toma Pedro Castillo de Evo Morales, Rafael Correa y otros líderes de izquierda de América Latina

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El sorpresivo ascenso de Pedro Castillo como líder político en Perú plantea una pregunta básica: ¿con qué figura de la variopinta izquierda latinoamericana se identifica?

El interrogante gana relevancia después que en el escrutinio de la segunda vuelta electoral peruana, finalizado este martes, se impusiera Castillo con 50,1% de los votos contra 49,9% de la candidata derechista Keiko Fujimori.

Pero la definición oficial del ganador aún puede tardar varios días, mientras se resuelve un pedido de Fujimori de revisar unos 300.000 votos y anular cerca de 200.000 en zonas donde Castillo tuvo más apoyo.

Este maestro rural de 51 años, postulado por un partido que se autodefine marxista-leninista, era un virtual desconocido en la región hasta su triunfo en la primera vuelta de abril, lo que provocó la búsqueda de semejanzas con otros políticos de izquierda.

Algunos señalan que Castillo está influido por lo que hizo Evo Morales al gobernar Bolivia entre 2006 y 2019, o Rafael Correa al gobernar Ecuador entre 2007 y 2017.

  • Pedro Castillo
  • Evo Morales
    Pedro Castillo y Keiko Fujimori
    Composite picture with Peruvian rival presidential candidates Pedro Castillo and Keiko Fujimori

«Pedro Castillo se propone establecer una economía popular con mercados, inspirada, justamente, en el modelo de Bolivia y del Ecuador», escribió el premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, en una columna de abril donde sostenía que la democracia de su país correría riesgos con una victoria de ese candidato.

Morales fue una de las primeras figuras políticas de la región en apoyar a Castillo, quien al final de su campaña buscó aproximarse a otro líder quizá menos controvertido de la izquierda de América Latina que también lo respaldó: el expresidente uruguayo José Mujica.

«Qué bien que sintonicemos la causa del pueblo», le dijo Castillo a Mujica durante un encuentro virtual que ambos mantuvieron días antes de la segunda vuelta. «Siempre he estado pendiente de sus actividades».

La cuestión, entonces, es qué toma Castillo como ejemplo de esos y otros líderes de la izquierda regional.

«Rediseño del Estado»

Un motivo por el cual Castillo ha sido comparado a Morales, Correa o el expresidente venezolano Hugo Chávez es su propuesta de cambiar la Constitución de su país, como hicieron esos políticos al impulsar sus proyectos de «socialismo del siglo XXI».

Mujica, por el contrario, evitó modificar la Constitución uruguaya mientras gobernó entre 2010 y 2015.

El partido por el cual Castillo fue candidato, Perú Libre, «tiene posiciones de izquierda más radical, más asociadas a Evo (Morales) que a Mujica en Uruguay», dice Farid Kahhat, un experto peruano en relaciones internacionales, a BBC Mundo.

Conferencia de Evo Morales.
FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES
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Evo Morales> el expresidente boliviano ha observado similitudes entre él y Castillo.

Un plan de gobierno de Castillo presentado antes de la segunda vuelta electoral sostiene que «la Constitución actual prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad».

El objetivo señalado es convocar, mediante un referéndum, a «una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución» que reconozca expresamente los derechos a la salud, la alimentación y la vivienda, entre otros.

También prevé un «rediseño del Estado que garantice la toma de decisiones transparente con participación activa de la ciudadanía» y «practique la planificación estratégica, regule e invierta».

«Bienvenida la inversión privada, pero con reglas claras. No exploten a nuestros trabajadores», sostuvo Castillo en el último debate de la campaña por la presidencia.

Aún está por verse cómo lograría eso.

Rafael Correa.
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Mientras gobernó Ecuador, Rafael Correa tuvo una agenda que algunos comparan con la que impulsa Castillo en Perú.

Pero muchos recuerdan que el programa de gobierno presentado por Perú Libre para la campaña dice que el Estado debe ser nacionalizador y tiene la misión de revisar, renegociar o anular contratos con empresas transnacionales.

También plantea que 80% de las utilidades que generen queden para el Estado, y el resto quede para las compañías.

Castillo ha propuesto renegociar contratos con empresas de la minería, un sector que representa casi 60% de las exportaciones en Perú, y eventualmente nacionalizar distintos minerales y el gas.

Todo esto también evoca lo que hicieron Correa en Ecuador y Morales en Bolivia al rediseñar el Estado, darle un rol más regulador de la economía, renegociar contratos con petroleras extranjeras y ordenar nacionalizaciones en el área de hidrocarburos.

«Nada de chavismo»

Una diferencia entre Correa y Morales es que éste, un exsindicalista cocalero, contó con un mayor nivel de organización social para ser electo primer presidente indígena de Bolivia que el que tuvo el economista ecuatoriano.

En este sentido, algunos ven más similitudes entre Morales y Castillo, un líder magisterial en Perú y exrondero (miembro de las rondas campesinas, unas organizaciones comunales de defensa), electo en gran medida por el voto rural.

«Castillo se parece más a Evo, sí tiene algún nivel de organización social detrás», compara Kahhat. «También hay un elemento étnico detrás de su convocatoria, aunque no sea siempre explícito».

Tacabamba.
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Castillo ha contado con el apoyo de organizaciones sociales peruanas para su rápido ascenso al poder.

El propio Morales tuiteó en abril que Castillo tiene «un programa similar» al que él impulsó en Bolivia, con una «revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social».

Pero otros advirtieron a los peruanos que Morales buscó ser reelecto más allá del límite de mandatos que establecía la Constitución que él mismo impulsó en Bolivia.

«No se olviden que el que tiene el lápiz para escribir la Constitución después se cree el dueño y único intérprete de la Constitución, y la viola», dijo el expresidente boliviano Jorge Quiroga en la cadena peruana RPP Noticias antes del balotaje.

En su campaña, Castillo evitó opinar sobre las reelecciones de Morales, negó tener «modelos» de gobierno y juró dejar el poder tras finalizar su mandato en julio de 2026, sin buscar ser reelecto.

Pedro Castillo
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Algunos analistas marcan una distinción entre Castillo y Perú Libre, el partido marxista que lo postuló pero al que no pertenece.

El entonces candidato peruano se comprometió a respetar la democracia y los derechos humanos, en respuesta a los temores de que podría seguir el camino de otros líderes de izquierda en la región acusados de derivas autoritarias.

En particular, procuró diferenciarse del gobierno socialista de Venezuela. «Nada de chavismo», dijo y pidió al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que «arregle sus problemas internos» antes de referirse a Perú.

No obstante, Mujica entendió oportuno dar un consejo a Castillo durante la charla que ambos mantuvieron en vivo por Facebook hace unos días.

«No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: me equivoqué», le dijo el expresidente uruguayo tras advertir que «no es fácil torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles».

Mientras fue presidente Uruguay, Mujica legalizó el aborto, el matrimonio gay y la marihuana, opciones a las que se opone Castillo, quien se define católico y está casado con una evangélica.

José Mujica.
FUENTE DE LA IMAGEN,EPA
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José Mujica ha dado apoyo a Castillo, pero hay diferencias notorias entre lo que él hizo como presidente de Uruguay y lo que ha propuesto Castillo para Perú.

Tras las elecciones, el hombre que hizo campaña con un sombrero de paja de ala ancha y montado a caballo volvió a prometer respeto por la democracia y la Constitución vigente, así como por la estabilidad económica y financiera.

Algunos de sus asesores han descartado medidas intervencionistas como el control de precios o de importaciones, y sugirieron que en vez de nacionalizaciones podrían renegociarse impuestos a las empresas mineras.

Algunos distinguen entre Castillo y el partido que lo postuló, cuyo líder, Vladimir Cerrón, es un médico de izquierda radical que estudió en Cuba, ha expresado afinidad con el gobierno venezolano y fue inhabilitado en las elecciones por una sentencia por corrupción cuando era gobernador de la región de Junín.

«El partido tiene inclinaciones autoritarias. Castillo no milita en ese partido e incluso no es marxista-leninista», dice Kahhat. «Pero él mismo ha hecho algunas declaraciones que también suponen un riesgo de regresión autoritaria».

Por ejemplo, recuerda que Castillo mencionó en la campaña la posibilidad de desactivar el Tribunal Constitucional para elegir uno nuevo por mandato popular, otra idea que algunos consideraron inspirada en la Bolivia de Evo Morales.

«Después, en la segunda vuelta ha cambiado su discurso», señala Kahhat, «pero la pregunta hoy es a qué Pedro Castillo le crees».

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Abinader entre tres mandatarios de América Latina en millones de documentos filtrados

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El presidente Luis Abinader, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador, son los tres mandatarios de América Latina que aparecen en los Pandora Papers la mayor colaboración periodística en la historia, que examinó 11.9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países.

Los documentos filtrados y analizados por 600 periodista de 150 medios, incluyendo El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN, muestran que Abinader está vinculado a dos sociedades de Panamá: Littlecot, Inc, que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso, S.A., de la que los tres hermanos son accionistas.

Ambas compañías fueron creadas antes de que Abinader se convirtiera en presidente. Littlecot fue creada en 2011 y Padreso en 2014. Los documentos muestran que fueron incorporadas como tenedoras de activos en República Dominicana, pero no incluyen detalles sobre dichos activos.

El primer mandatario dominicano dijo a ICIJ que Littlecot, Inc, controla una propiedad familiar en la zona de La Romana, mientras que Padreso S.A. tiene acciones en otras seis empresas que poseen propiedades y terrenos, mayormente de la Universidad O&M de su familia.

Documentos adicionales indican que, en un principio, ambas compañías contaban con acciones al portador, en las que no aparece el nombre del dueño real.

En el año 2015, una ley entró en vigor en Panamá y obligó a las compañías a revelar los nombres de los dueños de estas acciones. En 2018, un abogado que representaba a los Abinader entregó un documento a Overseas Management Corp, un proveedor de servicios offshore, en el que dio a conocer los nombres de los hermanos como accionistas de las compañías, en lugar de “al portador”.

Sobre las acciones al portador, el mandatario respondió por escrito que  “Estas compañías fueron creadas por consultores que contratamos para comprar las compañías en estas jurisdicciones. Para facilitar transacciones comerciales con los clientes y reducir las trabas administrativas de las empresas durante la incorporación, algunos abogados tienden a utilizar acciones al portador. Una vez que cualquiera de las compañías se asigna a un cliente particular, las acciones al portador se convierten en acciones ordinarias, y se incluyen en la estructura familiar de manera expedita”.

Respecto a la razón por la cual tiene entidades offshore, Abinader dijo: “Hasta finales de 2008, el sistema legal de República Dominicana no tenía una ley corporativa eficiente y actualizada. Usar compañías dominicanas para comprar bienes o intercambiar bienes en el extranjero solía ser un reto (y todavía lo es) debido a la falta de reconocimiento que estas compañías tienen en jurisdicciones extranjeras. Por otra parte, nuestro sistema legal permitía a las entidades extranjeras realizar operaciones y comprar bienes en el país”.

“Para organizar la estructura más eficiente para nuestra familia, creamos una serie de compañías en varias jurisdicciones: entidades locales para controlar bienes en República Dominicana y realizar operaciones en el país, y compañías holding en jurisdicciones extranjeras para los activos y operaciones que podían involucrar a más de una jurisdicción, y con ello facilitar la apertura de cuentas, transferencias de acciones, reconocimiento universal de estas entidades, así como para tener un sistema de gobernanza corporativo fuerte, entre otros beneficios”, agregó el presidente dominicano.

Tanto Littlecot Inc, como Padreso, S.A., junto a otras siete offshore, forman parte de un Fideicomiso Revocable, donde el Abinader, no tiene ninguna participación en la administración del mismo, según sus abogados. La información fue entregada a la Cámara de Cuentas, a su llegada a Palacio.

En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerolíneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa entre sus operaciones offshore un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas.

La decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un ex banquero conservador y millonario que en abril pasado logró la presidencia ecuatoriana. El mandatario, según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que abrió estas compañías opacas porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. También sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.

Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina.

Alcogal creó la mayoría de las 78 compañías que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigación de Armando.info, está una parte importante de la jerarquía chavista.

En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones sobre este tipo de inversiones.

Este posible conflicto afecta especialmente al ministro de Economía, quien ha llevado adelante una reforma fiscal que ha reducido la presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.

Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades más polémicas del gigante sudamericano por sus conexiones con la élite financiera, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes.

El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades «fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group». «Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad», indica la nota.

El presidente del Banco Central, Campos Neto, era propietario de dos empresas, Cor Assets y ROCN Limited, ambas registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos.

El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central.

También insiste en que ha construido su «patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero».

Colombia es otro de los países donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas políticas. Entre las personalidades que figuran en la filtración destacan dos ex presidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Ambos, que mantienen una notable influencia política, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya habían dejado el poder. Gaviria constituyó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Como constata la investigación de Connectas y El Espectador, Gaviria forma parte de la sociedad panameña MC2 desde 2012 junto a su hermano Luis Fernando, quien constituyó la matriz colombiana en 2006.

La empresa ha realizado operaciones en el campo de la comercialización, transporte, compresión y almacenamiento de gas natural. El ex presidente no respondió a las preguntas del ICIJ, y su hermano, al ser interrogado sobre si estas actividades habían sido declaradas a las autoridades colombianas, señaló: «La información financiera y tributaria está amparada por la reserva documental».

En el caso del ex presidente Pastrana, la investigación muestra cómo el político conservador estuvo vinculado, al menos desde 2016, a una sociedad offshore en Panamá con la que administró parte de su patrimonio familiar. En su defensa, el ex mandatario asegura que declaró esta actividad y que el objetivo de los movimientos era “invertir en el extranjero y convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.

En Argentina los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Durán Barba, consultor político que catapultó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Muñoz (ya fallecido), ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepción de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra pública a los gobiernos peronistas.

Mucho más abultado es el resultado de la investigación en México, donde los documentos señalan a más de 3.000 personas. Entre ellas, sobresalen tres de los empresarios más ricos del país: el magnate minero Germán Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicación. Sus fortunas juntas suman más de 30.000 millones de dólares.

Aunque el destino que dieron al dinero fue diferente, coincidieron en usar paraísos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente. Larrea llegó a abrir entre 2013 y 2016 nueve sociedades en las Islas Vírgenes Británicas con las que controlaba, sin dejar apenas rastro, la adquisición de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos.

Aramburuzabala compró propiedades millonarias en Utah y Nueva York así como dos aviones privados. Y Vázquez Aldir y su entorno, a través de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avión y al menos dos mansiones. Ni Larrea ni Aramburuzabala han respondido a las peticiones de aclaración de consorcio de periodistas. Vázquez, a través de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en México como en el extranjero.

Pero no solo fueron los multimillonarios quienes incurrieron en estas prácticas (legales siempre que no se oculten al fisco). Los Papeles de Pandora muestran como alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore.

Así ocurrió en los círculos próximos al ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) y también en grandes proveedores de la petrolera pública mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de dólares.

Un personaje político que emerge con fuerza en México es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2017 figuraba como único propietario de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas con activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

La compañía era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2018, el año que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Preguntado por estos movimientos, el ex consejero presidencial se ha limitado a señalar que en las fechas en que realizó las inversiones no era funcionario público sino un profesional independiente.

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América Latina

Cuba no permitirá «una internet paralela» de EEUU, dice viceministro

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Cuba no permitirá que Estados Unidos habilite «una internet paralela», como pretende la administración del Joe Biden, por considerar que sería un acto de «injerencia», dijo este martes un alto funcionario cubano.

«Estados Unidos lo que quiere es brindar una internet paralela a nuestro país (…), y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia, porque estaría violando no sólo nuestra Constitución, sino también el propio preámbulo de la Constitución de la Unión internacional de Telecomunicaciones (UIT)», dijo el viceministro cubano de Comunicaciones, Wilfredo González, en una entrevista con la AFP.

El viceministro precisó que la iniciativa de Washington «estaría violando el ciberespacio» de Cuba, lo que «sería inaceptable».

«Estamos en la posición de evitar cualquier tipo de acciones de este tipo», enfatizó González, tras preguntarse en qué otro «país del mundo existe una internet paralela».

Respecto a la críticas que ha desencadenado la aprobación y puesta en vigor este martes del primer reglamento cubano de ciberseguridad, que tipifica delitos como la «subversión social» en la red, González defendió el derecho de la isla de «establecer sus propias regulaciones y reglamentaciones» para el uso de internet y la redes sociales bajo los principios de la UIT.

Esta norma «amplía la posibilidad de trabajar ante cualquier incidente de ciberseguridad» y «el mal uso de las tecnologías en el ciberespacio».

El Senado de Estados Unidos aprobó el martes pasado una enmienda que crearía un fondo destinado a desarrollar y desplegar la tecnología existente con el objetivo de proveer de internet a los cubanos.

Durante las históricas protestas que sacudieron a la isla el 11 y 12 de julio, el gobierno cubano cortó el internet móvil unos cinco días. El presidente Biden anunció entonces que su gobierno estudiaba cómo podía restaurar la conectividad.

«Estados Unidos está utilizando internet como un arma para agredir a nuestro país», denunció González. Destacó que esa política de Washington es «de doble moral», porque «bloquea» por un lado y «genera una subversión en el ciberespacio» por el otro.

El internet móvil, que llegó a Cuba apenas en 2018, se ha convertido en el gran aliado de organizaciones ciudadanas para expresar sus demandas y fue vital el 11 de julio cuando las manifestaciones se reprodujeron de manera masiva en las redes en toda la isla.

Según el viceministro, más de 7,7 millones de cubanos, más del 68% de la población, acceden a internet.

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