Síguenos:

Destacadas

Tras 14 horas, audiencia sigue hoy a las 2:00 p. m.

Publicado

on

Después de completarse el pedido de prisión preventiva contra cinco de 11 imputados de  casos de corrupción contra el erario del Estado,  el juez José Alejandro Vargas recesó para este lunes, a las dos de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción en contra de imputados del operativo del Ministerio Público denominado Operación Anti Pulpo.

Esta decisión del magistrado fue tomada tras 14 horas de la audiencia, donde tanto la defensa de los acusados, como el Ministerio Público, expusieron sus argumentos sobre el supuesto caso de corrupción y desfalco al Estado por parte de exfuncionarios y exproveedores del Gobierno.

El Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa; para el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, ambos a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Sancristobalense, y para el acusado de testaferrato, José Dolores Santana Carmona.

Igualmente pidieron un año para la exvicepresidenta del Fonper, y hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, aunque en el caso de esta imputada la penitenciaria seleccionada para cumplir su medida es Najayo Mujeres.

El pedido de encierro preventivo está dirigido contra los exfuncionarios Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

En la audiencia, los abogados de los imputados, doctores Carlos Salcedo, Thiago Rodríguez, Wendy Lora, José Miguel Minier, Jovanny Tejada, Cándido Simón Polanco, Carlos Novas, Juan Félix Núñez, Ramón Peralta, Joselyn Gutiérrez, Marino Féliz, Manuela Ramírez y Joaquín Zapata, y otros, habían pedido al tribunal rechazar la prisión preventiva e imponer una medida menos gravosa para los encartados.

Durante la lectura de la acusación, el abogado Marino Feliz, que junto a Manuela Ramírez asume la defensa de Santiago Muñoz, había pedido al tribunal dar por leída la misma, la cual consta de 266 páginas y sólo se concluyera con el pedimento, pero esa petición encontró oposición por parte del magistrado Wilson Camacho, por lo que el abogado dejó sin efecto su pedimento.

Previo a la presentación de la lectura de la acusación de la medida de coerción, el juez dispuso la fusión del expediente del imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda con el de los primeros 10 detenidos por el Ministerio Público en el expediente de corrupción administrativa derivado de la Operación Anti Pulpo.

Vargas adoptó la decisión tras acoger un pedimento de Berenice Reynoso, quien alegó principios de racionalidad y economía procesal, mientras rechazó el aplazamiento de la medida, al entender que no debía alargarse la definición de la situación jurídica de quienes guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva bajo cargos de corrupción administrativa.

“Tratemos de que esto transcurra de la manera más tranquila y pacífica posible para que podamos concluir, porque yo quiero que concluyamos hoy, y no quiero que sea después de las 7:00 de la noche porque yo no tengo permiso, y uno sale después de las 7:00 de la noche y lo agarran los policías y trancan a uno por violar el toque de queda y sale al otro día”, comentó Vargas.

Berenice Reynoso dejó claro que no fue al tribunal a perder tiempo y que la barra del Ministerio Público acudió a la sala de audiencia a discutir de derecho.

“Caramba, esto debe ser técnico, por Diossss”, dijo cuándo varios abogados intentaron intervenir cuando leía parte de los argumentos que sustentaban la solicitud de medida de coerción en contra de los encartados, quienes en el banquillo de los acusados se mantenían escuchando las formulaciones de cargos.

“La barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derechos, nada que no sea de derecho no lo vamos a contestar, y en su momento como santiaguera, yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos”, sentenció la representante del MP.

Comparte esta noticia!

Destacadas

Acusaciones narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos

Publicado

on

Especialistas han alertado de que la situación alimenta el discurso del antipartidismo que se viene instalando en RD

En los últimos cuatro años, al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidos que se ha venido instalando en el país. El último caso es el expediente por narcotráfico Operación Falcón en el que las autoridades del Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados.

En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega, vinculada al lavado de activos. Gutiérrez Díaz fue detenido en Miami acusado de narcotráfico.

En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figura Juan Maldonado, exdiputado y titular de la Dirección General Comunidad Digna, acusado de narcotráfico en la Operación Falcón.

En cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por el último caso está preso el dirigente del PRM en Bonao y exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.

En el expediente Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo e inició en mayo del 2017, varios dirigentes de la cúpula del PLD y del PRM fueron acusados. Figuran Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes siguen en juicio.
Originalmente fueron acusados Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD. Del PRM, Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del PRD.

Según la encuesta Latinobarómetro, para el 2018 solo el 14 % de los ciudadanos confiaba en los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad.

¿Cómo han respondido los partidos?

La respuesta del PLD y del PRM sobre sus dirigentes involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, ha sido las acusaciones entre un grupo y otro en un intento por sacar provecho político de la situación. El PRM dijo que respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, con “un Ministerio Público independiente”. “Por décadas, nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga”, dijo.

El PLD se ha limitado a pedir al PRM que diga cuánto dinero recibió del narcotráfico en la pasada campaña, mientras que ha dicho que se trata de persecución política y justicia selectiva el sometimiento por corrupción de los dirigentes de esa organización.

Costo facilita narco penetre partidos

Para el politólogo Engels Villanueva el narcotráfico ha encontrado la oportunidad de ampararse en las estructuras partidarias en un sistema político-electoral cada vez más costoso. “El mayor abono de esta relación ha sido la débil estructura democrática de República Dominicana y la financiación de las campañas electorales. Políticos se apalancan en esta estructura mafiosa, ante los escasos mecanismos de control y como una apuesta para financiar sus campañas electorales y evidentemente que estas estructuras del crimen organizado penetran y debilitan la institucionalidad democrática, porque comprometen a los políticos para que les aseguren impunidad”, sostuvo.

Consideró que el hecho de que los golpes al narcotráfico provengan de organismos internacionales como la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es una muestra de que las instituciones que combaten ese tipo de crimen necesitan fortalecerse. “No es posible que los partidos políticos no sean sujetos obligados en la Ley de Lavado de Activos, es decir, que no están obligados a depurar y verificar el origen de los fondos que reciben. Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados, y al parecer este no es un tema prioritario en los debates de las reformas que tenemos pendientes”, observó.

Acusaciones fortalecen el discurso antipartidos

Con la propuesta del presidente Abinader de que los integrantes de ciertos órganos del Estado como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no tengan militancia política partidista como mecanismo para garantizar independencia, se activaron algunas alarmas de que ese enfoque alimenta el discurso antipartidista y ahora los sometimientos por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción afectan aún más la credibilidad de las organizaciones. Villanueva consideró que el antídoto de los partidos ante esa realidad debe ser mayor transparencia. “Partidos y políticos están obligados a mayor transparencia porque es igual a mayor confianza y participación democrática y por ende más confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, apuntó. También llamó a poner controles al financiamiento privado.elcaribe

Comparte esta noticia!
Continuar leyendo

Destacadas

Suprema designa juez Napoleón Estévez caso Operación Falcón

Publicado

on

SANTO DOMINGO.-  La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Napoleón Estévez como juez de instrucción especial en la investigación de la Procuraduría General sobre la red de lavado de activos y narcotráfico internacional, recién desmantelada a través de la Operación Falcón.

Tomó la decisión luego de recibir la tarde de este jueves el expediente  sobre este caso mediante el Auto 16-2021.

El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina desigó  a Estévez amparado en el artículo 17 de la Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.

La solicitud de designación de juez especial fue hecha por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con motivo de una investigación contra diputados Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo) y  Héctor Darío Féliz Féliz (PRD-Pedernales).

La SCJ recibió el expediente “Falcón” del Ministerio Público, el cual junto a otras entidades nacionales e internacionales, realizó allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y El Seibo y La Altagracia

Comparte esta noticia!
Continuar leyendo

Destacadas