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Faltan 95 funcionarios por declarar sus bienes

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Más de 95 funcionarios no han presentado la declaración jurada de su patrimonio, entre ellos, según los registros de la Cámara de Cuentas, hay diplomáticos, subdirectores, gobernadores y un legislador.

En el mismo reporte unos 360 funcionarios salientes de sus cargos a partir del 16 de agosto, tampoco han presentado su declaración de bienes y más de 20 la presentaron incompleta y están pendiente de actualización, para totalizar 483 casos.

Entre estos están Walkiria Celeste, gobernadora civil en Azua y también los gobernadores salientes Francisco Santana y Manuel Eduardo González de San Pedro de Macorís y San José de Ocoa, respectivamente, quienes están en violación de la Ley 311-14 que creó el sistema de Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos que le otorga un plazo de 30 días para cumplan con el pendiente después que son designados o reemplazados.

La misma ley indica en su artículo 14 que los servidores públicos en funciones que dentro del plazo establecido no presenten su declaración de bienes, están incurriendo en faltas de tercer grado que puede dar lugar hasta con su destitución.

Según el reporte de la Cámara de Cuentas actualizado al día 17 del presente mes, con relación al Congreso Nacional falta el diputado Saulo Sierra Valenzuela, de Haina, San Cristóbal, quien no ha presentado la declaración de sus bienes.

Entre los diplomáticos que están violando la normativa legal figuran Hugo Maximiliano Guiliany Cury, embajador en Irlanda, con sede en Reino Unido; Santiago Rodríguez Figuereo y Rafael Antonio Acosta, cónsules en Madrid, este último saliente.

También Mercedes Altagracia Brito e Irma Mireya Batista y cónsules en Genova e islas Canarias, España respectivamente, esta última saliente.

Entre otros diplomáticos que no han presentado la declaración de bienes están Juan Féliz Gil, Jorge Nicolás Cordero, Adriano Rafael de los Santos en Valencia, Sevilla y Barcelona, España, según el mismo reporte de la Cámara de Cuentas.

En este mismo renglón aparece Carlos Gabriel García, viceministro del ministerio de Relaciones Exteriores, saliente.

Entre los subdirectores que están violando la Ley 311-14 están Domingo de Jesús Almonte y Feliz Antonio Henríquez del Instituto del Tabaco; Silvestre Ventura, Migración; Mariana Tavárez de los Santos, Mercados Dominicano de Abasto; Silverio Severino, Comedores Económicos; Edward Maríñez Ogando, Corporación del Acueducto de Santo Domingo y Justino Tavarez Cabrera del Coseno Estatal del Azúcar.

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La isla atrapada: crónica de nuestra narcosociedad

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REFLEXIONES EN EL CAMBIO #91
Por José Francisco Peña Guaba

Más de 40 años de incidencia en el país del lavado y el narcotráfico han hecho que estás actividades ilícitas hayan permeado a todo el cuerpo social dominicano, en una realidad innegable toda la nación está atrapada y junto a ella también nuestros vecinos insulares, la República de Haití, para hacer de este destino terrenal una isla atrapada en el Caribe, en el más nocivo e indefendible accionar: el tráfico internacional de drogas.

Fue con la Primera Intervención Norteamericana del 1916 en nuestro país, que como producto de las costumbres importadas por los invasores se registra el consumo de ciertos tipos de drogas y sustancias controladas, que para el año 1924 dicho consumo obligó a que se reglamentará la importación, preparación, distribución, venta o regalo de opio, morfina, cocaina y otras drogas narcóticas.

Siendo sinceros, sujetándonos a la verdad histórica, en los 31 años de la Tiranía Trujillista (1930-1961) el problema de las drogas fue prácticamente inexistente pero, es a mediado de la década de los años 1960 y a principios de 1970, que se incrementa el consumo de estás sustancias psicoactivas, extendiéndose su uso a todas las capas sociales, es precisamente en este contexto que el 12 de mayo de 1975 se promulgó la Ley Núm. 168, de fecha 12 de mayo de 1975, que regulaba la importación, fabricación, venta, distribución y uso de drogas narcóticas.

El crecimiento exponencial del negocio del lavado y el narcotráfico se fortaleció de tal manera en los 1980, con el auge de los poderosos cárteles de Medellín y Cali, que inició un involucramiento en tan lucrativo e ilegal negocio de ciudadanos de nuestra diáspora, sobre todo en Estados Unidos, que trabajaron al servicio de esas grandes corporaciones delictivas y que terminaron con hacer bases de operación, para el trasiego de las drogas desde nuestra nación para esas mundiales organizaciones del tráfico de estupefacientes, debido a ello es que el 30 de mayo de 1988, se promulga la Ley Núm. 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, que a la vez creó el Consejo Nacional de Drogas y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Más de 4 décadas de inserción constante en todas las capas de nuestra sociedad han hecho del lavado la actividad económica más importante en nuestra media isla, haciendo del blanqueo de capitales la principal inversión en muchas áreas del quehacer comercial, producto de los voluminosos beneficios obtenidos por las Organizaciones del Tráfico de Drogas (OTD) instaladas aquí, es por ello, que el lavado está presente en mayor o en menor medida en todos los negocios de compras y ventas que se realizan en nuestro país.

La isla “La Hispaniola” es todo un paraíso para el narcotráfico en nuestro país, porque los dominicanos hoy no solo la transportan a EUA y Europa, sino que también la producen en Colombia y principalmente desde Venezuela pero, más aún somos los dominicanos los reyes de la distribución, porque tienen el control de la venta minorista, sobre todo porque tienen la venta al detalle en la Costa Este estadounidense, que componen los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, entre otros, según los informes de las agencias internacionales que combaten a tan malsana y lucrativa actividad.

Los dominicanos hoy ya no son simples peones en la ecuación, juegan papeles de vital importancia en la jerarquía de los grandes cárteles internacionales, cuya cabezas todavía son de México y Colombia pero, nuestra localización es privilegiada en el Caribe, además la falta de controles efectivo a la inversión delictiva nos hace atractivo e igual que los más de 6 millones de turistas que hemos recibido anualmente antes de la pandemia, nuestro gran bomm inmobiliario, el que seamos el hub logístico de cargas marítimas más importante de toda el área, por tener miles de vuelos desde varios aeropuertos, ser la economía más grande con el PIB más alto de la Región del Caribe pero, sobre todo el contar con servicios financieros y bancarios susceptibles a la penetración de “los dineros calientes” o “narcodólares” nos hacen territorio inigualable para sus actividades, claro está, si a todo esto le sumamos de igual manera que también los representantes de las organizaciones del narcotráfico han penetrado con sus inmensos recursos económicos en los cuerpos armados y policiales, en todas las estructuras gubernamentales, en la justicia, y como se comprueba hasta en la política, han convertido la República Dominicana en uno de los centros más importantes del narcotráfico internacional, como nos tiene identificado el Departamento de Estado de la Gran Nación del Norte.

Imagínense si esto está aquí así en dominicana ni hablar de Haití, que es muchisimo peor, por la gravedad de la impunidad total en la que operan los cárteles, se les imputa a nuestros vecinos la categoría de “narcoestado” desde hace muchos años, porque desde el 2007 el propio Presidente haitiano de la época, René Préval, en entrevista desde Santo Domingo, declaró a los periódicos locales sobre dicho flagelo, exponiendo claramente la condición de indefensión dramática que tenía y todavía mantiene la nación más pobre de América, para enfrentar al narcotráfico internacional, y sus palabras fueron:

“En vez de querernos acusar a nosotros de narcoestado, lo que tienen que hacer esos sectores es reconocer, que no tenemos la capacidad estructural ni económica para poder encarar esa agresión tan contundente y fuerte que hacen los narcotraficantes” admitiendo con ello el ya fallecido Jefe de Estado que la guerra de Haití con los organizaciones del tráfico de drogas estaba pérdida.

En República Dominicana ingresa dinero de tan peligrosa, ilícita y violenta actividad por varias formas y vías, de acuerdo con la OTD (Organización de Tráfico de Drogas) estás sustancias se producen al por mayor desde el extranjero, al parecer desde Venezuela, ganando sumas extraordinarias de beneficios, según datos de la Fundación Insight Crime con sede en Washington, institución dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, los que la trasiegan o trasladan sirviendo de puente para enviarla a otros destinos, estos suelen ganarse entre 1,500 hasta 3,000 dólares americanos por kilo enviado, los que la distribuyen como minoristas en los diferentes estados norteamericanos, y en toda Europa pero, también los del microtráfico local, que la distribuyen de manera criminal a los miles de puntos de ventas de drogas existentes a nivel nacional, ya que hay más de 400 mil adictos consumidores al día de hoy en nuestro país.

Solo en América la operación del narcotráfico genera más de 100 mil millones de dólares de beneficio anual, en donde se queda en este centro de operación caribeño más de un 15% de esos recursos, o sea que aquí hay un blanqueo de capitales de más de 15 a 18 mil millones de dólares anuales, según el estudio de una importante ONG, realizado para una comisión del Congreso de los Estados Unidos.

Hay que admitir que no es tarea fácil identificar los recursos del lavado o del blanqueo de capitales, ya que se realizan en miles y miles de transacciones comerciales disfrazadas, como legítimas con la indulgencia e implicación de funcionarios corruptos, que facilitan los flujos financieros ilícitos, y protegen a los malhechores, la verdad es que casi todas las acitividades comerciales que se realizan en el país dependen en un importante porcentaje de esos dineros mal habidos, que a fuerza de blanquearse ya también están coaligados con los recursos lícitos.

El gobierno dominicano, el de los Estados Unidos, la Unión Europea, los poderes públicos nacionales y nuestro sector privado deben ponerse todos de acuerdo para hacer una verdadera profilaxis con exactitud quirúrgica en nuestra narcosociedad, a los fines de lograr parar de raíz tan perniciosa actividad, persiguiendo a los reales involucrados, creando y haciendo operable todas las regulaciones y mecanismos de control para disminuir su incidencia pero, deben hacerlo en correcta coordinación y con mucho cuidado, porque pudiesen sin quererlo destruir una parte importante del aparato productivo y comercial de la nación, pudiendo poner el prestigio de personas y familias en entredicho, que producto de la natural mezcla de recursos que se realizaron en condición de normalidad absoluta, produciendo habituales operaciones comerciales en nuestra sociedad, si no se toma mucho cuidado pueden hacer que terceros de buena fe se vean involucrados en redes mafiosas por no tener conocimiento de las reales actividades de los que parecían ser comerciantes o empresarios honorables.

Como en toda actividad ese dinero ilícito también llegó a la política a financiar campañas desde hace mucho tiempo a todos los niveles de elección, solo que motivados por las injustas o indiscriminadas leyes electorales nuestras las OTD se dieron cuenta que ellos también podrían postular a los suyos al congreso y a los ayuntamientos, y que para ello solo necesitaban para lograrlo lo que les sobraba a borbotones: dinero, es por ello que a través del voto preferencial los narcos y lavadores, postularon a los suyos, a sus esposas y familiares, a cercanos asociados o a miembros de sus equipos de trabajo como lo prueban hoy las últimas operaciones anti drogas realizadas, confirmando que estos están sentados en el congreso y en las alcaldias.

Los “dineros calientes” han ido a parar a los equipos de campañas nacionales y locales, sobre todo de los proyectos de la oposición, que son los que más lo necesitaban y que terminaron infiltrados hasta la médula, todo porque creían que todo sería como siempre, tan natural y normal como de costumbre, y hoy esto choca con la política de transparencia y de un Ministerio Público independiente del presidente Luis Abinader.

De las acciones de este Ministerio Público, de las delaciones y acuerdos con los procesados aquí y en Estados Unidos pero, sobre todo de la presión que ejerce los organismos internacionales, que persiguen a los cárteles y sus asociados, vamos a ver los dominicanos la teleserie de mayor nivel, audiencia e impacto social conocida hasta ahora, por los altos cargos involucrados, por los que son de elección popular, por los rangos militares y los apellidos de los implicados, den también por seguro que saldrán a la luz fotos, videos y hasta grabaciones que harán cambiar la política y a la sociedad entera, porque veremos hasta donde llegó la mano larga del narcotráfico.

Lo que llegó a Colombia hace 30 años y a otros países hace más de una década, le tocó ahora el turno a nuestra patria, producto de que este cáncer ya hizo metástasis, y no espera más, y de la manos del Cambio ha llegado estos vientos que transformarán irremediablemente nuestra sociedad para siempre, aunque creo que también a ellos les afectará, al final será está una verdadera apuesta por la transparencia y a la no impunidad, que espero los ciudadanos críticos sabrán valorar del presidente Luis Abinader.

Siempre se ha dicho que la actividad del narcotráfico es una actividad para hombres y mujeres de mucha valentía personal, amantes del peligro y adictos a la adrenalina, que atraídos por el riesgo, van decididos muchos a vivir, tal vez, poco tiempo pero bien, porque aunque nacieron en la pobreza se niegan a vivir y morir en ella, es por ello que militantes de izquierda de los años 70 acostumbrados al enfrentamiento feroz en las calles con la policía llegados a los Estados Unidos, producto del éxodo de muchos de ellos a la gran manzana, se dedicaron a hacer dinero dentro de ese mundo del narcotráfico, y conocieron la bonanza económica, viviendo en una especie de exilio dorado dentro de las entrañas del monstruo, ellos fueron los que le abrieron caminos a muchos otros en las peligrosas organizaciones de tan ilícita actividad, porque les sobraban valor y no conocían el miedo.

Estos humildes ciudadanos salieron de nuestros barrios y de zonas rurales diezmadas por la miseria, estos corajudos hombres van decididos a hacer fortuna de la manera que sea, o a morir en el intento, muchas veces pensando en su familia o en dejar atrás los recuerdos de hambre en que crecieron, es por ello que refiriéndose a estos ciudadanos del infortunio, un afamado periodista mexicano Diego Enrique Osorno expresó “han encontrado en la violencia, el sicariato y el narcotráfico una posibilidad de realizar su anhelos y de ser protagonistas en una sociedad que les ha cerrado las puertas”.

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JCE vigilará uso recursos asignados a partidos políticos, en 23 años partidos manejan RD$20,261 millones

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  • En 23 años partidos manejan RD$20,261 millones; dependencia JCE vigilará uso

  • IFES recomienda establecer mecanismos rigurosos para el control de los recursos se manejan en financiamiento de las organizaciones políticas y dice es tiempo de implementar reformas

Desde 1998 al presente 2021, los partidos políticos de la República Dominicana han recibido RD$20,261,643,658.00 como parte de la contribución económica que les otorga el Estado, recursos que a partir de este año serán fiscalizados por una dirección especializada de la Junta Central Electoral (JCE).

Bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos la Dirección Especializada de Control Financiero vigilará el financiamiento público y privado, tanto de las organizaciones políticas como de los precandidatos y candidatos a cargos electivos.

La meta es verificar que los sistemas internos de fiscalización partidaria se encuentren en funcionamiento y que se realice una adecuada distribución de los recursos entregados anualmente por el Estado.

La dirección a cargo del antiguo secretario general de la JCE Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, fue creada en diciembre del pasado año 2020 y deberá dar un estricto seguimiento al régimen de financiamiento de los partidos y detectar posibles violaciones a la ley.

Un informe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) sobre “Financiación de los partidos políticos para el mejoramiento del proceso electoral en la República Dominicana” establece que el sistema electoral del país se encuentra en un buen momento para hacer una reforma en materia de financiamiento de partidos políticos. El planteamiento lo hacen tomando en cuenta que en el 2021 es un año no electoral y que actualmente las organizaciones se encuentran en un proceso de reconstrucción de cara a las próximas contiendas.

Recomienda establecer criterios y mecanismos rígidos para el control de los recursos, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de otras fuentes ilícitas, así como para disminuir la corrupción política.

“Comenzar un proceso de reforma en materia de financiamiento de partidos políticos evitaría problemas a futuro y sentaría las bases para el desarrollo de procesos electorales de mejor calidad”, recomienda el estudio.

Recursos partidos

En 23 años el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos RD$20,261,643,658.00; siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron RD$4,013,903,594.00 debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero.

En 1998 el monto aprobado fue de RD$171,683,880.00; en 1999 la contribución arribó los RD$105,823,185.00 y ya para el 2000 se incrementó a RD$224,231,085.00. Actualmente hay 26 partidos y movimientos reconocidos ante la JCE, de los cuales cuatro ostentan la categoría de mayoritarios. Se trata de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre el 2001 y el 2010 las partidas oscilaron entre los RD$ 147,982,947.00 y RD$1,085,488,234.00; en el 2011 fueron RD$590,960,548.00 para el 2012 por ser electoral los recursos fueron RD$ 1,403,210,000.00.

Desde el 2013 y hasta el 2015 el reparto económico fue de RD$ 805,043,460.00 y en el 2016 que hubo elecciones los montos asignados fueron RD$ 1,610,086,923.00; para el 2017 se volvió a la partida de RD$805,043,460.00.

A partir del 2018, la contribución económica destinada a las organizaciones políticas fue incrementada al pasar a los RD$1,260,400,000.00; en el 2019 fueron RD$1,506,933,594.00. Para el presente año 2021 se entregará una partida similar a la del 2018; unos RD$1,260,400,000.00.

De las leyes

De acuerdo con la Ley de Partidos 33-18 se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes que: no puedan determinar su procedencia u origen, que provengan de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Los partidos no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en gastos e inversiones no permitidos, si no cuentan con sistema contable y no presentan informes.

En la actualidad, los bancos múltiples en su lucha contra el lavado de activos se mantienen vigilantes con el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros. Han pactado acuerdos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, así como tienen contacto con la Procuraduría General de la República.

Visión sobre lo ilícito

La contaminación de la política con los dineros provenientes del narcotráfico y el lavado de activos es, desde hace varias décadas, un gran desafío para la integridad de la democracia, aseguró Eddy Olivares, exmiembro de la JCE.

A su juicio, el uso de los recursos ilícitos en la política va en contra de la transparencia y la equidad que debe prevalecer en las competencias electorales.

Olivares sostiene que han sido ineficaces todas las disposiciones legales implementadas para evitar la infiltración de los fondos del narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa en la actividad política.

En ese orden, explicó que la Ley 33-18, penalizó el financiamiento ilegal, al disponer la condena de los candidatos, partidos, agrupaciones, movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables, al pago de una multa equivalente al doble de la contribución ilícita recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Sin embargo, afirmó que en el país nunca un partido o candidato ha sido condenado por financiamiento ilícito.diariolibre

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