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¿Cómo marcha la pelea legal de Donald Trump para revertir resultado de las elecciones?

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Durante una audiencia de una de las numerosas demandas electorales presentadas por el presidente Donald Trump, el juez de una corte de Pensilvania le preguntó esta semana a un abogado de su campaña si había encontrado algún indicio de fraude entre las 592 boletas impugnadas.

La respuesta fue no. “Acusar a las personas de fraude es un paso muy grande”, dijo el abogado, Jonathan Goldstein. “Sólo intentamos terminar con las elecciones”.

Trump no ha sido tan cauteloso, y ha insistido sin evidencia alguna que le “robaron” los comicios, incluso cuando funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país aseguran que no ha habido conspiración.

El miércoles, Trump centró sus ataques en Filadelfia, el bastión demócrata que impulsó al candidato demócrata Joe Biden a rebasar el umbral de los 270 votos electorales necesarios para ganar la contienda. El presidente acusó al funcionario electoral local, el republicano Al Schmidt, de ignorar “una montaña de corrupción y deshonestidad”. Twitter añadió una etiqueta a la publicación que decía que tal acusación de fraude electoral era un asunto contencioso.

Partidarios de Trump han interpuesto al menos 15 impugnaciones tan sólo en Pensilvania, en un intento por quedarse con los 20 votos electorales que otorga el estado. También se han presentado recursos legales en Georgia, Arizona, Nevada y Michigan.

Hasta ahora la campaña sólo ha conseguido una pequeña victoria, permitiendo a sus observadores estar un poco más cerca de los trabajadores electorales que procesan los votos por correo en Filadelfia. Pero el litigio continúa, generalmente centrado en acusaciones de observadores electorales partidarios, que no tienen ningún papel de auditoría en la elección, de que puede haber sucedido algo malo, sin pruebas que lo respalden.Conteo de votos en Filadelfia, con observadores de ambos partidos (Reuters)Conteo de votos en Filadelfia, con observadores de ambos partidos (Reuters)

En la corte, sus abogados deben caminar sobre una delgada línea entre defender a su cliente y cumplir con su juramento profesional.

Expertos en ética legal y activistas en favor de la democracia han cuestionado la participación de los abogados en esta batalla, en momentos en los que Trump se aferra al poder y en que Biden echa a andar su agenda.

“Este podría ser un intento por tranquilizar el ego del presidente, pero tiene consecuencias para el mundo real y para personas de verdad”, dijo el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Loyola Justin Levitt, un ex funcionario electoral del Departamento de Justicia. “El intento de apaciguar el ego del presidente no es un crimen sin víctimas”.

Schmidt declaró a “60 Minutes” de CBS que el personal de su oficina ha recibido amenazas de muerte por el simple hecho de contar votos.

“Viéndolo de adentro hacia afuera, todo esto se siente perturbador”, dijo Schmidt en una entrevista transmitida el domingo. “Contar los votos emitidos antes o durante la jornada electoral por votantes elegibles no es un acto de corrupción. No es hacer trampa. Es democracia”.

Sin embargo, un número incalculable de votantes está aceptando las acusaciones de Trump de que se trató de una elección amañada, y han hecho donativos a un fondo para defensa jurídica.

El despacho de abogados Porter Wright Morris & Arthur, con sede en Ohio e involucrado en las demandas electorales, aparentemente suspendió su cuenta de Twitter el martes después de que se vieron inundados con ataques. La firma no devolvió mensajes enviados en busca de comentarios.

Un segundo despacho, Jones Day, dijo que no representaba a la campaña de Trump sino al Partido Republicano de Pensilvania, en un litigio ante la Corte Suprema en torno a la extensión de tres días para aceptar votos por correo.

A nivel nacional, la estrategia está en manos de aliados de Trump como Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente; el operador político David Bossie, quien no es abogado de profesión; y Jay Sekulow, un abogado principal durante el juicio político a principios de este año. Bossie recientemente fue diagnosticado con COVID-19.

El experto en derecho electoral Rick Hasen dijo que si Trump tuviera un caso sólido, esperaría ver la participación de reconocidos litigantes ante la Corte Suprema, como los exfiscales generales Paul Clement o Theodore Olson.

“Hay algunos nombres de abogados reconocidos que le indican a la Corte Suprema que algo es serio”, dijo Hasen, profesor en la Universidad de California, campus Irvine. En su lugar, “la campaña anunció que pondría a cargo a Rudy Giuliani y a David Bossie”.

El punto más bajo del esfuerzo sin duda llegó el sábado, cuando Giuliani dio una conferencia de prensa en las afueras de Four Seasons Total Landscaping en Filadelfia justo después de que Biden fuera proclamado presidente electo. Se sospecha que quiso reservar una sala de la famosa cadena de hoteles, pero una confusión lo habría dejado en un terreno inusual.Conferencia del equipo legal del presidente (Reuters)Conferencia del equipo legal del presidente (Reuters)

Parado a la sombra de una tienda de sexo y un crematorio, justo al lado de una prisión estatal, Giuliani llamó a un observador electoral para que dé su testimonio sobre presuntas irregularidades en la ciudad. Los observadores políticos que sintonizaron desde la cercana ciudad de Trenton, Nueva Jersey, reconocieron inmediatamente al testigo como un delincuente sexual convicto y candidato permanente a un cargo público.

En otro momento de gran confusión, mientras la campaña intentaba detener el recuento de votos en Filadelfia la semana pasada, un juez trató de llegar al fondo de una queja republicana sobre el acceso de los observadores a la sala donde los trabajadores electorales estaban procesando las papeletas de voto por correo.

“Le pregunto, como miembro del colegio de abogados de este tribunal, ¿están las personas que representan a Donald J. Trump para presidente (de la campaña) en esa sala?” El Juez de Distrito de los Estados Unidos Paul S. Diamond preguntó, para confirmar que sí hay observadores.

Hay un número no cero de personas en la sala”, respondió el abogado de la campaña Jerome Marcus, sin poder negar que los veedores estaban, pero sin querer dar el número exacto.

Diamond hizo que ambas partes forjaran un acuerdo y amenazó con acusarlos de desacato si no mantenían la paz.

Algunas de las demandas presentadas en nombre de Trump parecen haber sido lanzadas apresuradamente, con errores de ortografía, errores de procedimiento y poco para respaldar sus demandas. Los jueces han sido escépticos.

En Michigan, la juez Cynthia Stephens desestimó una presentación como “inadmisible de rumores dentro de rumores”. Cuando los abogados de Trump apelaron, el siguiente tribunal rechazó la presentación como “defectuosa”.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, insiste en que el presidente está “100% en su derecho” de investigar las acusaciones de fraude y seguir sus opciones legales. El Fiscal General William Barr ha autorizado al Departamento de Justicia a investigar “alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades”.

De cualquier manera, los expertos dudan que las demandas puedan revertir el resultado en un solo estado, y mucho menos la elección. Los asesores y aliados de Trump han admitido en privado, sugiriendo que las impugnaciones están diseñadas más para alimentar su base.

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Acusaciones narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos

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Especialistas han alertado de que la situación alimenta el discurso del antipartidismo que se viene instalando en RD

En los últimos cuatro años, al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidos que se ha venido instalando en el país. El último caso es el expediente por narcotráfico Operación Falcón en el que las autoridades del Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados.

En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega, vinculada al lavado de activos. Gutiérrez Díaz fue detenido en Miami acusado de narcotráfico.

En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figura Juan Maldonado, exdiputado y titular de la Dirección General Comunidad Digna, acusado de narcotráfico en la Operación Falcón.

En cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por el último caso está preso el dirigente del PRM en Bonao y exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.

En el expediente Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo e inició en mayo del 2017, varios dirigentes de la cúpula del PLD y del PRM fueron acusados. Figuran Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes siguen en juicio.
Originalmente fueron acusados Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD. Del PRM, Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del PRD.

Según la encuesta Latinobarómetro, para el 2018 solo el 14 % de los ciudadanos confiaba en los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad.

¿Cómo han respondido los partidos?

La respuesta del PLD y del PRM sobre sus dirigentes involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, ha sido las acusaciones entre un grupo y otro en un intento por sacar provecho político de la situación. El PRM dijo que respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, con “un Ministerio Público independiente”. “Por décadas, nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga”, dijo.

El PLD se ha limitado a pedir al PRM que diga cuánto dinero recibió del narcotráfico en la pasada campaña, mientras que ha dicho que se trata de persecución política y justicia selectiva el sometimiento por corrupción de los dirigentes de esa organización.

Costo facilita narco penetre partidos

Para el politólogo Engels Villanueva el narcotráfico ha encontrado la oportunidad de ampararse en las estructuras partidarias en un sistema político-electoral cada vez más costoso. “El mayor abono de esta relación ha sido la débil estructura democrática de República Dominicana y la financiación de las campañas electorales. Políticos se apalancan en esta estructura mafiosa, ante los escasos mecanismos de control y como una apuesta para financiar sus campañas electorales y evidentemente que estas estructuras del crimen organizado penetran y debilitan la institucionalidad democrática, porque comprometen a los políticos para que les aseguren impunidad”, sostuvo.

Consideró que el hecho de que los golpes al narcotráfico provengan de organismos internacionales como la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es una muestra de que las instituciones que combaten ese tipo de crimen necesitan fortalecerse. “No es posible que los partidos políticos no sean sujetos obligados en la Ley de Lavado de Activos, es decir, que no están obligados a depurar y verificar el origen de los fondos que reciben. Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados, y al parecer este no es un tema prioritario en los debates de las reformas que tenemos pendientes”, observó.

Acusaciones fortalecen el discurso antipartidos

Con la propuesta del presidente Abinader de que los integrantes de ciertos órganos del Estado como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no tengan militancia política partidista como mecanismo para garantizar independencia, se activaron algunas alarmas de que ese enfoque alimenta el discurso antipartidista y ahora los sometimientos por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción afectan aún más la credibilidad de las organizaciones. Villanueva consideró que el antídoto de los partidos ante esa realidad debe ser mayor transparencia. “Partidos y políticos están obligados a mayor transparencia porque es igual a mayor confianza y participación democrática y por ende más confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, apuntó. También llamó a poner controles al financiamiento privado.elcaribe

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Suprema designa juez Napoleón Estévez caso Operación Falcón

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SANTO DOMINGO.-  La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Napoleón Estévez como juez de instrucción especial en la investigación de la Procuraduría General sobre la red de lavado de activos y narcotráfico internacional, recién desmantelada a través de la Operación Falcón.

Tomó la decisión luego de recibir la tarde de este jueves el expediente  sobre este caso mediante el Auto 16-2021.

El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina desigó  a Estévez amparado en el artículo 17 de la Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.

La solicitud de designación de juez especial fue hecha por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con motivo de una investigación contra diputados Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo) y  Héctor Darío Féliz Féliz (PRD-Pedernales).

La SCJ recibió el expediente “Falcón” del Ministerio Público, el cual junto a otras entidades nacionales e internacionales, realizó allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y El Seibo y La Altagracia

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