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América Latina

Elecciones en dominicana: conspiración institucional y transparencia electoral

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Por Fernando Peña

República dominicana es uno de los países del hemisferio que goza de mas estabilidad social, económica y política. Esa es la realidad y percepción general que existe en nuestro país.

Observadores internacionales, medios de comunicación, gobiernos y países hermanos así lo atestiguan.

La reflexión nuestra nos lleva a la conclusión de que, a pesar de esa percepción de muchos, en nuestro país persisten muchos males estructurales e institucionales que duraran décadas para solucionarse.

Aún persiste la gran deuda social y educacional de los dominicanos, y lógico este gobierno y los anteriores han hecho grandes esfuerzos visible para paliar esos grandes temas.

Los sectores facticos, de poder, principalmente líderes políticos nuestros, por interés particular e individual, por apetencia de Poder se empeñan en crear desconfianza institucional de la ciudadanía pese a la estabilidad como nación que exhibimos.

Se empeñan en crear dudas y sospechas…

Apuestan al caos y el desorden…

Vienen sosteniendo denuncias de la supuesta existencia de fraude, sus dudas y sospechas de los procesos internos de las organizaciones partidarias, llegando al extremo de sabotear las elecciones recién iniciada dominicana.

Hasta donde consta, sin embargo, no se ha podido demostrar la veracidad de sus denuncias más mediáticas y, en cualquier caso, han sido atendidas e investigadas por las autoridades y se han dado las oportunas explicaciones.

Nada de ello le ha satisfecho, porque el interés marcado es llevar al país al desorden y a la deriva institucional, en un intento de pescar en rio revuelto y por la puerta de atrás asaltar el Poder, llegar al gobierno en una conducta paranoica y obsesiva de Poder.

Saben esos sectores, saben esos llamados líderes que ellos han llega al Poder, ha sido presidente por varias ocasiones y que se les ha acusado de fraude electoral, pero que las prácticas fraudulentas demostradas han puesto de manifiesto que no se trataba de fraudes masivos ni de una práctica sistémica, ni sistemática, de fraude electoral.

Porque el funcionamiento del sistema electoral dominicano, desde hace décadas transita elecciones transparentes y sin violencia, ni incidentes que destacar.

República dominicana, con tan solo hacer una radiografía visual, histórica de décadas atrás, puede mostrar los importantes avances logrados en libertad, transparencia y seguridad constatados en las elecciones son méritos de todos: de la ciudadanía y, sin duda, de las instituciones electorales de los últimos procesos.

En verdad que en nada ayudan las reiteradas denuncias de fraude de algún candidato presidencial acerca del sistema informático empleado para las elecciones.

Quiere imponer en la mente de todo el “fantasma del fraude”, con un avieso objetivo politiquero, sin importarle el país, su estabilidad y seguridad ciudadana.  

El efecto de estas denuncias, no todas probadas y otras investigadas y desmentidas por los órganos electorales, pueden ser catastrófica para la estabilidad de nuestro sistema democrático, ya llegaron al imite de sabotaje de las elecciones municipales del 16 de febrero, las cuales hubo de suspenderse y anularse.

Esto lo único que ha hecho es crear en la población, en los votantes desconfianza y temor.

De ninguna manera pretendo afirmar que se haya logrado eliminar por completo la sospecha de fraude, pero sin duda no se corresponde con la dimensión que ese sector conspirador, que pretende llegar nueva vez al Poder a cualquier precio, le otorgar o cuando menos la dimensión de las sospechas de fraude que pudieran existir al respecto.

Debemos todos afianzar, robustecer la importancia de las instituciones para el fortalecimiento democrático y, muy particularmente, la necesaria confianza que la ciudadanía debe tener en ellas.

Los conspiradores saben, están muy consciente de que sus acciones ponen el riesgo de que todas las mejoras y avances logrados por las instituciones electorales y política se vayan a pique.

En su afán de Poder, quieren llevar la falta de confianza de los ciudadanos, sabedores de que así pueden acabar bloqueando, en buena parte, los avances importantes que, en este sentido, hemos logrado como país.

Es necesario que todos, los ciudadanos, los sectores representativos del país hagamos conciencia de ello, y enfrentemos esas actitudes descabelladas y a todas luces negativas para nuestra nación.

Si se quiebra el orden institucional ellos serán los responsables, la historia y el pueblo de a pie se lo cobrara con creces.

Es oportuno que las autoridades, el gobierno asuman su responsabilidad y frenen este despropósito político.

El autor es periodista

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América Latina

Maduro quiere diálogo «directo y de entendimiento» con los EE.UU.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado en una entrevista con el canal multiestatal Telesur que quiere establecer un diálogo «directo, valiente y sincero» con Estados Unidos.

«Ojalá, quien sabe cuando y con quien, se abran las posibilidades de un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Ojalá fuera con el Gobierno de Joe Biden», ha expresado Maduro en el canal multiestatal Telesur.

Maduro ha señalado que estableció diálogos con la oposición en México el pasado 13 de agosto y fueron suspendidos tras la extradición del empresario colombiano, Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, pese a estar acreditado como diplomático de Venezuela.

«Ahora Alex Saab está secuestrado en una cárcel de Florida (*) acusándolo de mil elementos falsos. Sigue siendo Alex Saab representante ante la mesa de México, y tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver con el secuestro de Alex Saab para que nosotros volviéramos al diálogo en México, veremos qué sucede en enero, febrero», ha aseverado el mandatario.

Respecto a las conversaciones ha dicho que «iban por buen camino cuando fueron suspendidas», y consideró que se trató de una acción premeditada de Estados Unidos.

A su juicio fue una «puñalada trapera para trastabillar» y hacer «descarrilar» las negociaciones la extradición de Saab, a Estados Unidos para ser juzgado por blanqueo de capitales.

Asimismo, Maduro ha recordado que las sanciones impuestas impiden la libre comercialización del petróleo, el oro y otros productos.

«Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera, nos planteamos 1.200.000 barriles para este año (…) pero es un logro tremendo (…) sin dinero prácticamente», ha agregado.

ECONOMÍA DE VENEZUELA

El mandatario ha pronosticado que las autoridades económicas declararán el fin de la hiperinflación «en los próximos meses». Pese a esta situación la economía de su país en el segundo semestre de 2021, tuvo un crecimiento económico de 7,5 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de Venezuela experimentó en noviembre una variación mensual del 8,4%, acumulando tres variaciones consecutivas por debajo de la barrera de los dos dígitos, según datos publicados por el Banco Central de Venezuela.

Los datos del Banco Central suponen un registro mayor al publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, un órgano ligado a la oposición venezolana que publica datos sobre la inflación en paralelo al organismo oficial. Según el Observatorio, la inflación mensual del país latinoamericano registró en noviembre un alza del 6%, inferior al 8,1% oficial.

Los datos del Banco Central explican que los bienes agrupados en servicios de educación registraron el mayor incremento (22,4%), seguidos de equipamientos del hogar (12,2%) y bienes y servicios diversos (11,3%).

En términos interanuales, el Banco Central de Venezuela no ha expuesto nuevos datos sobre la inflación. No obstante, el Observatorio de Finanzas publicó que entre noviembre de este año y noviembre de 2020 los precios se incrementaron hasta un 769%

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América Latina

Abinader entre tres mandatarios de América Latina en millones de documentos filtrados

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El presidente Luis Abinader, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador, son los tres mandatarios de América Latina que aparecen en los Pandora Papers la mayor colaboración periodística en la historia, que examinó 11.9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países.

Los documentos filtrados y analizados por 600 periodista de 150 medios, incluyendo El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN, muestran que Abinader está vinculado a dos sociedades de Panamá: Littlecot, Inc, que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso, S.A., de la que los tres hermanos son accionistas.

Ambas compañías fueron creadas antes de que Abinader se convirtiera en presidente. Littlecot fue creada en 2011 y Padreso en 2014. Los documentos muestran que fueron incorporadas como tenedoras de activos en República Dominicana, pero no incluyen detalles sobre dichos activos.

El primer mandatario dominicano dijo a ICIJ que Littlecot, Inc, controla una propiedad familiar en la zona de La Romana, mientras que Padreso S.A. tiene acciones en otras seis empresas que poseen propiedades y terrenos, mayormente de la Universidad O&M de su familia.

Documentos adicionales indican que, en un principio, ambas compañías contaban con acciones al portador, en las que no aparece el nombre del dueño real.

En el año 2015, una ley entró en vigor en Panamá y obligó a las compañías a revelar los nombres de los dueños de estas acciones. En 2018, un abogado que representaba a los Abinader entregó un documento a Overseas Management Corp, un proveedor de servicios offshore, en el que dio a conocer los nombres de los hermanos como accionistas de las compañías, en lugar de “al portador”.

Sobre las acciones al portador, el mandatario respondió por escrito que  “Estas compañías fueron creadas por consultores que contratamos para comprar las compañías en estas jurisdicciones. Para facilitar transacciones comerciales con los clientes y reducir las trabas administrativas de las empresas durante la incorporación, algunos abogados tienden a utilizar acciones al portador. Una vez que cualquiera de las compañías se asigna a un cliente particular, las acciones al portador se convierten en acciones ordinarias, y se incluyen en la estructura familiar de manera expedita”.

Respecto a la razón por la cual tiene entidades offshore, Abinader dijo: “Hasta finales de 2008, el sistema legal de República Dominicana no tenía una ley corporativa eficiente y actualizada. Usar compañías dominicanas para comprar bienes o intercambiar bienes en el extranjero solía ser un reto (y todavía lo es) debido a la falta de reconocimiento que estas compañías tienen en jurisdicciones extranjeras. Por otra parte, nuestro sistema legal permitía a las entidades extranjeras realizar operaciones y comprar bienes en el país”.

“Para organizar la estructura más eficiente para nuestra familia, creamos una serie de compañías en varias jurisdicciones: entidades locales para controlar bienes en República Dominicana y realizar operaciones en el país, y compañías holding en jurisdicciones extranjeras para los activos y operaciones que podían involucrar a más de una jurisdicción, y con ello facilitar la apertura de cuentas, transferencias de acciones, reconocimiento universal de estas entidades, así como para tener un sistema de gobernanza corporativo fuerte, entre otros beneficios”, agregó el presidente dominicano.

Tanto Littlecot Inc, como Padreso, S.A., junto a otras siete offshore, forman parte de un Fideicomiso Revocable, donde el Abinader, no tiene ninguna participación en la administración del mismo, según sus abogados. La información fue entregada a la Cámara de Cuentas, a su llegada a Palacio.

En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerolíneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa entre sus operaciones offshore un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas.

La decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un ex banquero conservador y millonario que en abril pasado logró la presidencia ecuatoriana. El mandatario, según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que abrió estas compañías opacas porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. También sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.

Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina.

Alcogal creó la mayoría de las 78 compañías que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigación de Armando.info, está una parte importante de la jerarquía chavista.

En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones sobre este tipo de inversiones.

Este posible conflicto afecta especialmente al ministro de Economía, quien ha llevado adelante una reforma fiscal que ha reducido la presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.

Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades más polémicas del gigante sudamericano por sus conexiones con la élite financiera, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes.

El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades «fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group». «Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad», indica la nota.

El presidente del Banco Central, Campos Neto, era propietario de dos empresas, Cor Assets y ROCN Limited, ambas registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos.

El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central.

También insiste en que ha construido su «patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero».

Colombia es otro de los países donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas políticas. Entre las personalidades que figuran en la filtración destacan dos ex presidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Ambos, que mantienen una notable influencia política, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya habían dejado el poder. Gaviria constituyó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Como constata la investigación de Connectas y El Espectador, Gaviria forma parte de la sociedad panameña MC2 desde 2012 junto a su hermano Luis Fernando, quien constituyó la matriz colombiana en 2006.

La empresa ha realizado operaciones en el campo de la comercialización, transporte, compresión y almacenamiento de gas natural. El ex presidente no respondió a las preguntas del ICIJ, y su hermano, al ser interrogado sobre si estas actividades habían sido declaradas a las autoridades colombianas, señaló: «La información financiera y tributaria está amparada por la reserva documental».

En el caso del ex presidente Pastrana, la investigación muestra cómo el político conservador estuvo vinculado, al menos desde 2016, a una sociedad offshore en Panamá con la que administró parte de su patrimonio familiar. En su defensa, el ex mandatario asegura que declaró esta actividad y que el objetivo de los movimientos era “invertir en el extranjero y convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.

En Argentina los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Durán Barba, consultor político que catapultó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Muñoz (ya fallecido), ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepción de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra pública a los gobiernos peronistas.

Mucho más abultado es el resultado de la investigación en México, donde los documentos señalan a más de 3.000 personas. Entre ellas, sobresalen tres de los empresarios más ricos del país: el magnate minero Germán Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicación. Sus fortunas juntas suman más de 30.000 millones de dólares.

Aunque el destino que dieron al dinero fue diferente, coincidieron en usar paraísos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente. Larrea llegó a abrir entre 2013 y 2016 nueve sociedades en las Islas Vírgenes Británicas con las que controlaba, sin dejar apenas rastro, la adquisición de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos.

Aramburuzabala compró propiedades millonarias en Utah y Nueva York así como dos aviones privados. Y Vázquez Aldir y su entorno, a través de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avión y al menos dos mansiones. Ni Larrea ni Aramburuzabala han respondido a las peticiones de aclaración de consorcio de periodistas. Vázquez, a través de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en México como en el extranjero.

Pero no solo fueron los multimillonarios quienes incurrieron en estas prácticas (legales siempre que no se oculten al fisco). Los Papeles de Pandora muestran como alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore.

Así ocurrió en los círculos próximos al ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) y también en grandes proveedores de la petrolera pública mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de dólares.

Un personaje político que emerge con fuerza en México es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2017 figuraba como único propietario de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas con activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

La compañía era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2018, el año que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Preguntado por estos movimientos, el ex consejero presidencial se ha limitado a señalar que en las fechas en que realizó las inversiones no era funcionario público sino un profesional independiente.

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