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Francia despierta con retraso ante el monstruo de la violencia machista

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Francia, considerada mucho tiempo un bastión de la igualdad de género, abre los ojos ahora a la lacra de la violencia machista cuando la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas está aumentando por segundo año consecutivo.

Expertos, psicólogos y asociaciones coinciden en señalar que el país ha vivido durante años de espaldas a esta realidad, a la que ni siquiera está dando respuesta el Gobierno de Emmanuel Macron que ha hecho de la igualdad uno de los pilares de su mandato.

En 2017, 109 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, 121 en 2018 y en lo que llevamos de año ya son 136.

Falta de medios

Cuando el Gobierno anunció recientemente un presupuesto de 1.100 millones de euros en 2020 para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres, las asociaciones feministas reclamaron 1.000 millones al año específicamente para luchar contra esa violencia machista.

Si se examinan en detalle, de la cifra del Ejecutivo, un 75 % del presupuesto anunciado es para cooperación internacional.

A modo de comparación, frente a los 220 millones de euros que España ha asignado en 2019 a la lucha contra la violencia conyugal, el gasto de Francia (que tiene una población más de un 40 % superior) se limita a 79 millones.

La asociación ‘Nous Toutes’, organizadora de la marcha de este 23 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, reprocha al Gobierno haber anunciado, por ejemplo, la creación de 560 plazas de acogida a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, ninguna de las entidades que controlan estos alojamientos han visto ampliaciones.

‘Ha habido cambios en la ley pero muy poca aplicación y los problemas que existían hace diez años siguen existiendo’, constata la psicóloga especializada en violencia sexista, María Eugenia Uriburu, investigadora para la Universidad de París Diderot.

Para Uriburu, la falta de recursos para la formación de los policías y del personal en los tribunales imposibilita la aplicación efectiva de ciertas medidas, como la ley de 2010 que permite a los jueces de familia dar con urgencia una orden de protección a una mujer y sus hijos y adoptar medidas penales contra el agresor.

Se disuade de denunciar

Por las vivencias de algunas de sus pacientes, Uriburu comprueba incluso los numerosos casos en que se disuade a las víctimas de denunciar.

‘Sobre todo – precisa – fuera de los horarios en los que hay personal formado, pero también porque el policía desvaloriza o minimiza la gravedad. En ocasiones no se da a la mujer ni el documento que le permite presentarse al forense para ser examinada’.

Este mismo mes, el vídeo de la hija de Sylvia Walter, una mujer de 40 años asesinada por su marido en la localidad de Oberhoffen-sur-Moder (noreste de Francia), ha circulado por Twitter y servido para ilustrar un hecho inquietante: un tercio de las mujeres asesinadas en 2018 había denunciado el maltrato.

‘Nadie nos ayudó. Solo nos decían: ‘Denuncie, señora, debería dejar su casa’. Pero ella les decía: ‘Es mi casa, tengo mi vida allí, no me puedo ir’. Así que la acompañaban al sofá y le daban las buenas noches, sin seguridad de si al día siguiente se despertaría’, se quejaba su hija.

Al descubrir un caso similar, la periodista Sophie Boutboul inició una investigación que se ha concretado en el libro ‘Silence on cogne’ (Silencio, se pega), publicado esta semana, donde salen a la luz numerosos casos de mujeres de policías, víctimas de maltrato. Para ella, esto es la prueba de la falta de protocolos.

Hay casos de mujeres asesinadas que habían llamado a la policía que nunca llegó; visitas a la comisaría que acabaron con frases como ‘ojo, si denuncia podría perder la custodia de sus hijos’; acoso continuado del agresor pese a estar condenado; etc.

Francia quiere trasponer el modelo de España con los brazaletes electrónicos pero la norma, prevista por ley desde febrero de 2017, aún no se ha puesto a prueba.

‘Con demasiada frecuencia, la Fiscalía no evalúa la peligrosidad de cada situación. Son investigaciones complicadas que requieren un gran trabajo y que se ven perjudicadas por el silencio de quienes saben pero prefieren callarse. En Francia, hay una cultura de no denunciar’, indica la abogada Isabelle Steyer en ‘France Inter’.

Cultura del silencio

Uriburu lamenta que muchos consideren que crímenes cometidos en plena calle a plena luz del día o palizas repetidas durante años, son ‘problemas de la pareja’. ‘Es importante hablar para no olvidar y para poder actuar’, zanja.

‘Estos últimos meses se empieza a tener en serio esta cuestión. Ahora cada vez que hay un feminicidio ocupa la portada de muchos periódicos. Antes se quedaba en la sección de sucesos de los medios locales’, hace notar Laure Jovignot, de ‘Nous Toutes’.

Por eso, las especialistas coinciden en que debe dedicarse un presupuesto específico a la formación de los profesionales, a la creación de protocolos de alerta y protección, pero también a mejorar la acogida de víctimas y fomentar la educación en colegios, como se hizo en su día con la educación vial.

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Acusaciones narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos

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Especialistas han alertado de que la situación alimenta el discurso del antipartidismo que se viene instalando en RD

En los últimos cuatro años, al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidos que se ha venido instalando en el país. El último caso es el expediente por narcotráfico Operación Falcón en el que las autoridades del Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados.

En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega, vinculada al lavado de activos. Gutiérrez Díaz fue detenido en Miami acusado de narcotráfico.

En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figura Juan Maldonado, exdiputado y titular de la Dirección General Comunidad Digna, acusado de narcotráfico en la Operación Falcón.

En cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por el último caso está preso el dirigente del PRM en Bonao y exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.

En el expediente Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo e inició en mayo del 2017, varios dirigentes de la cúpula del PLD y del PRM fueron acusados. Figuran Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes siguen en juicio.
Originalmente fueron acusados Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD. Del PRM, Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del PRD.

Según la encuesta Latinobarómetro, para el 2018 solo el 14 % de los ciudadanos confiaba en los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad.

¿Cómo han respondido los partidos?

La respuesta del PLD y del PRM sobre sus dirigentes involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, ha sido las acusaciones entre un grupo y otro en un intento por sacar provecho político de la situación. El PRM dijo que respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, con “un Ministerio Público independiente”. “Por décadas, nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga”, dijo.

El PLD se ha limitado a pedir al PRM que diga cuánto dinero recibió del narcotráfico en la pasada campaña, mientras que ha dicho que se trata de persecución política y justicia selectiva el sometimiento por corrupción de los dirigentes de esa organización.

Costo facilita narco penetre partidos

Para el politólogo Engels Villanueva el narcotráfico ha encontrado la oportunidad de ampararse en las estructuras partidarias en un sistema político-electoral cada vez más costoso. “El mayor abono de esta relación ha sido la débil estructura democrática de República Dominicana y la financiación de las campañas electorales. Políticos se apalancan en esta estructura mafiosa, ante los escasos mecanismos de control y como una apuesta para financiar sus campañas electorales y evidentemente que estas estructuras del crimen organizado penetran y debilitan la institucionalidad democrática, porque comprometen a los políticos para que les aseguren impunidad”, sostuvo.

Consideró que el hecho de que los golpes al narcotráfico provengan de organismos internacionales como la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es una muestra de que las instituciones que combaten ese tipo de crimen necesitan fortalecerse. “No es posible que los partidos políticos no sean sujetos obligados en la Ley de Lavado de Activos, es decir, que no están obligados a depurar y verificar el origen de los fondos que reciben. Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados, y al parecer este no es un tema prioritario en los debates de las reformas que tenemos pendientes”, observó.

Acusaciones fortalecen el discurso antipartidos

Con la propuesta del presidente Abinader de que los integrantes de ciertos órganos del Estado como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no tengan militancia política partidista como mecanismo para garantizar independencia, se activaron algunas alarmas de que ese enfoque alimenta el discurso antipartidista y ahora los sometimientos por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción afectan aún más la credibilidad de las organizaciones. Villanueva consideró que el antídoto de los partidos ante esa realidad debe ser mayor transparencia. “Partidos y políticos están obligados a mayor transparencia porque es igual a mayor confianza y participación democrática y por ende más confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, apuntó. También llamó a poner controles al financiamiento privado.elcaribe

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Suprema designa juez Napoleón Estévez caso Operación Falcón

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SANTO DOMINGO.-  La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Napoleón Estévez como juez de instrucción especial en la investigación de la Procuraduría General sobre la red de lavado de activos y narcotráfico internacional, recién desmantelada a través de la Operación Falcón.

Tomó la decisión luego de recibir la tarde de este jueves el expediente  sobre este caso mediante el Auto 16-2021.

El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina desigó  a Estévez amparado en el artículo 17 de la Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.

La solicitud de designación de juez especial fue hecha por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con motivo de una investigación contra diputados Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo) y  Héctor Darío Féliz Féliz (PRD-Pedernales).

La SCJ recibió el expediente “Falcón” del Ministerio Público, el cual junto a otras entidades nacionales e internacionales, realizó allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y El Seibo y La Altagracia

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