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Johnson prorrogará el brexit si no hay acuerdo, pero la oposición no confía

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Edmburgo, Reino Unido.-  Gobierno británico está dispuesto a cumplir la ley y solicitar una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea si para el 19 de octubre no logra un acuerdo con Bruselas, pero la oposición teme que guarde un as en la manga para evitar retrasar la fecha de partida haya o no pacto.

Según los documentos remitidos este viernes por el Ejecutivo del conservador Boris Johnson al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el Gobierno se compromete, en línea con la legislación, a pedir por carta a Bruselas una prórroga que evite una ruptura abrupta el próximo 31 de octubre.

Este fue el argumento en que el gabinete de Johnson basó su defensa durante la vista para valorar las consecuencias legales que podría asumir el primer ministro si forzara un divorcio por las bravas, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.

El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda que han presentado la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit “The Good Law Project” Jolyon Maugham.

Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el Gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario.

Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el “brexit” se producirá el 31 de octubre, como está previsto.

Acerca de la legislación, que se conoce como “Benn Act” por el diputado laborista Hilary Benn que la impulsó, dijo que “solo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión”, y su contenido, precisó, “puede ser interpretado de maneras diferentes”.

“Pero la ley no impide que el Gobierno haga otras cosas que no impliquen extensiones, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas”, sostuvo la citada fuente.

En declaraciones a los medios a la salida de la corte, Maugham afirmó que su “preocupación” y la de sus compañeros se basa en el hecho de que “no se puede confiar en este primer ministro”.

“Está haciendo declaraciones contradictorias y no confiamos en que hará lo que le ha dicho al tribunal. Por eso queremos que el tribunal dicte órdenes que lo obliguen a hacerlo y, si no lo hace, que afronte consecuencias legales en el ámbito personal”, señaló.

Esta fue la línea argumental que siguió el letrado de los demandantes, que durante la vista hizo referencia a las declaraciones en las que Johnson ha recalcado que preferiría “estar muerto en una zanja” antes que solicitar una extensión.

La ley aprobada por el Parlamento en septiembre establece la necesidad de pedir una prórroga de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre, después de que se celebre el Consejo Europeo que serviría para dar el visto bueno un eventual pacto.

Además, el Tribunal de Sesiones celebrará otra vista el martes para determinar si la Justicia podría activar el mecanismo legal “nobile officium”, que solo existe en Escocia y contempla adoptar el papel del primer ministro para solicitar una extensión del “brexit” si, llegado el momento, Johnson se negase a hacerlo.

De darse esta situación sin precedentes, la carta sería firmada por el secretario del juzgado.

Es probable que en cualquiera de los escenarios la parte derrotada el martes recurra el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, como ya pasó con el caso anterior sobre la suspensión del Parlamento.

Cherry y Maugham formaron parte también de la demanda que se dirimió en el Tribunal Supremo el pasado 24 de septiembre y que dejó sin efecto la polémica suspensión del Parlamento decretada por Johnson, al considerar que fue una decisión “ilegal”.

El “pemier” ha remitido a la UE una propuesta de acuerdo con la esperanza de que pueda servir para negociar un tratado de salida.

Su principal medida se centra en sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en la isla del Irlanda tras el “brexit”, el principal escollo hasta ahora.

Si bien las autoridades europeas estudian todavía el plan, el Gobierno irlandés ya ha expresado su oposición al indicar que no cumple los objetivos acordados para la salvaguarda.

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Acusaciones narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos

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Especialistas han alertado de que la situación alimenta el discurso del antipartidismo que se viene instalando en RD

En los últimos cuatro años, al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidos que se ha venido instalando en el país. El último caso es el expediente por narcotráfico Operación Falcón en el que las autoridades del Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados.

En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega, vinculada al lavado de activos. Gutiérrez Díaz fue detenido en Miami acusado de narcotráfico.

En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figura Juan Maldonado, exdiputado y titular de la Dirección General Comunidad Digna, acusado de narcotráfico en la Operación Falcón.

En cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por el último caso está preso el dirigente del PRM en Bonao y exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.

En el expediente Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo e inició en mayo del 2017, varios dirigentes de la cúpula del PLD y del PRM fueron acusados. Figuran Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes siguen en juicio.
Originalmente fueron acusados Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD. Del PRM, Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del PRD.

Según la encuesta Latinobarómetro, para el 2018 solo el 14 % de los ciudadanos confiaba en los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad.

¿Cómo han respondido los partidos?

La respuesta del PLD y del PRM sobre sus dirigentes involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, ha sido las acusaciones entre un grupo y otro en un intento por sacar provecho político de la situación. El PRM dijo que respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, con “un Ministerio Público independiente”. “Por décadas, nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga”, dijo.

El PLD se ha limitado a pedir al PRM que diga cuánto dinero recibió del narcotráfico en la pasada campaña, mientras que ha dicho que se trata de persecución política y justicia selectiva el sometimiento por corrupción de los dirigentes de esa organización.

Costo facilita narco penetre partidos

Para el politólogo Engels Villanueva el narcotráfico ha encontrado la oportunidad de ampararse en las estructuras partidarias en un sistema político-electoral cada vez más costoso. “El mayor abono de esta relación ha sido la débil estructura democrática de República Dominicana y la financiación de las campañas electorales. Políticos se apalancan en esta estructura mafiosa, ante los escasos mecanismos de control y como una apuesta para financiar sus campañas electorales y evidentemente que estas estructuras del crimen organizado penetran y debilitan la institucionalidad democrática, porque comprometen a los políticos para que les aseguren impunidad”, sostuvo.

Consideró que el hecho de que los golpes al narcotráfico provengan de organismos internacionales como la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es una muestra de que las instituciones que combaten ese tipo de crimen necesitan fortalecerse. “No es posible que los partidos políticos no sean sujetos obligados en la Ley de Lavado de Activos, es decir, que no están obligados a depurar y verificar el origen de los fondos que reciben. Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados, y al parecer este no es un tema prioritario en los debates de las reformas que tenemos pendientes”, observó.

Acusaciones fortalecen el discurso antipartidos

Con la propuesta del presidente Abinader de que los integrantes de ciertos órganos del Estado como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no tengan militancia política partidista como mecanismo para garantizar independencia, se activaron algunas alarmas de que ese enfoque alimenta el discurso antipartidista y ahora los sometimientos por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción afectan aún más la credibilidad de las organizaciones. Villanueva consideró que el antídoto de los partidos ante esa realidad debe ser mayor transparencia. “Partidos y políticos están obligados a mayor transparencia porque es igual a mayor confianza y participación democrática y por ende más confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, apuntó. También llamó a poner controles al financiamiento privado.elcaribe

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Suprema designa juez Napoleón Estévez caso Operación Falcón

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SANTO DOMINGO.-  La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Napoleón Estévez como juez de instrucción especial en la investigación de la Procuraduría General sobre la red de lavado de activos y narcotráfico internacional, recién desmantelada a través de la Operación Falcón.

Tomó la decisión luego de recibir la tarde de este jueves el expediente  sobre este caso mediante el Auto 16-2021.

El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina desigó  a Estévez amparado en el artículo 17 de la Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.

La solicitud de designación de juez especial fue hecha por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con motivo de una investigación contra diputados Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo) y  Héctor Darío Féliz Féliz (PRD-Pedernales).

La SCJ recibió el expediente “Falcón” del Ministerio Público, el cual junto a otras entidades nacionales e internacionales, realizó allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y El Seibo y La Altagracia

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