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PRM busca convertirse en opción de cambio y no solo opositor para 2020

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SANTO DOMINGO.-Institucionalizar, aplicar mayor uso de las tecnologías y convertir al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en una opción de cambio y no solo de oposición, es la misión de su nueva dirección de cara a las elecciones de 2020.

José Ignacio Paliza, su presidente, explicó que junto a los demás dirigentes de esa organización han decidido una serie de estrategias para convertir al PRM en una estructura llamada a pensar y generar con su creatividad, e ingenio mancomunado de su militancia, propuestas para el futuro del país.

“Para institucionalizar el país debemos iniciar por nuestra propia casa, queremos que el PRM se convierta en una verdadera organización política, no en un partido de coyunturas electorales y para eso tenemos un sinnúmero de prácticas que ir construyendo con el tiempo”, explicó Paliza.

“Queremos ser un partido de oposición en el mejor sentido, pero para ello debemos ser fuertes en la crítica, verticales en las posiciones y demostrar otras virtudes que nos hacen merecedores del pueblo para alcanzar el poder”, manifestó.Agregó que dentro de los planes está convertir el partido en un formador y organizador social, para acompañar a la ciudadanía en sus diferentes reclamos y reivindicaciones, con el fin de estar más cerca de la población.

El también senador por la provincia Puerto Plata explicó que los proyectos y esfuerzos que desean proyectar a lo interno del PRM conllevarán la apertura de locales, la generación de una plataforma tecnológica que permita una mejor organización y la atracción de nuevos militantes.

En tal sentido, el presidente del principal partido opositor indicó que en lo que respecta al uso de las tecnologías se plantea “la contratación de una plataforma electrónica, en la que el aspirante a militante el PRM pueda, desde una aplicación móvil desde su celular, escanear el código biométrico de su cédula de identidad y sus datos y llegar así a la base de datos de nuestro partido e iniciar el proceso”.

Paliza aseguró que un país en el que el 70 % de sus ciudadanos desean un cambio, y la gran mayoría de su juventud quisiera vivir fuera, es un país en donde se debe buscar que instrumentos como el PRM sean espacios donde esas personas que no han tenido oportunidades puedan tener un lugar para expresar sus iniciativas.

Aumentar transparencia

La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, advirtió que para recuperar la transparencia dentro del quehacer político es necesario que los funcionarios públicos estén dispuestos a rendir de cuentas.

“El norte de todo servidor público debe ser justamente estar dispuesto a rendir cuentas y que su gestión sea absolutamente transparente.

Pero hay una actitud en evitar dar explicaciones, que es lo que la sociedad reclama”, aseguró la dirigente.

Mejía destacó que parte del proceso de cambio que se ha impulsado a lo interno del PRM ha sido la promoción del liderazgo femenino y una muestra de ello es su elección como secretaria general, además de la participación de otras mujeres en puestos importantes dentro de esa organización política.

Ley de partidos y aborto

El presidente del PRM aseguró que participar en política sin regulaciones es muy difícil, debido a que otros elementos se han enclavado en la cultura política que dificulta el desarrollo, advirtiendo que lo más importante dentro de la ley de partidos no son las primarias, ya que se le debe prestar más atención a temas como el financiamiento, sanciones y regulación de la publicidad.

“Queremos una ley de partidos y más aun una nueva ley electoral. Estamos dispuestos a flexibilizar nuestra posición. Ojalá esta extensión de la legislatura sea propicia para que podamos tener una ley”; argumentó.

José Ignacio Paliza reiteró que con relación al tema del aborto, el Partido Revolucionario Moderno mantendrá su postura de apoyar las tres causales, pero advirtió que el mismo debe ser debatido junto al Código Procesal Penal.

500 Mil militantes.
Tiene inscritos en su padrón el PRM, de los cuales más de cuatro mil ocupan puestos directivos .

Estado debe participar en conflicto de las ARS

Salud. El doctor Víctor Atallah, quien funge como secretario de modernización del PRM, advirtió que si el Estado no busca participar activamente en resolver el problemas de las ARS habrá siempre partes interesadas.

“Me duele cuando prescribo a un laboratorio y un prestador me dice que no puede ser aceptado porque no estoy adscrito dentro de los médicos del seguro de ese paciente y este tiene que ir a otro médico a buscar otra indicación.

Es increíble la cantidad de problemas que se están dando entre un sector y otro”, explicó Atallah quien es especialista en cardiología.

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Abinader ordena retirar proyecto de ley contra la ciberdelincuencia; revisarán aspectos sobre libertad de expresión

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El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó este miércoles retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia depositado hace varios días en ese órgano legislativo.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que ahora el proyecto será llevado a una Comisión Consultiva para su revisión y actualización en aspectos sobre la libertad de expresión.

“Por instrucción del Ptde de la Rep. estoy procediendo a retirar de la C. de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, informó el funcionario vía Twitter.

Desde que se dio a conocer el sometimiento de este proyecto varios sectores expresaron su rechazo al señalar que la iniciativa buscaba coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.

Esta iniciativa contemplaba de tres meses a cuatro años de prisión las sanciones que enfrentarían las personas en la República Dominicana por difundir o poner a disposición material y publicaciones que discriminen a otros ciudadanos.

Según el referido proyecto, serán sometidos a la acción de la justicia quienes difundan publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color de piel, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión.

También, las personas que incurran en este delito pueden recibir multas de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Esta ley establece que la difamación cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público. La persecución del delito de difamación se promoverá mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.

En cambio que la injuria pública cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Hace varias semanas, el presidente Abinader remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

El objeto de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

El proyecto de ley establece su propio ámbito de aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación corresponden.

En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.

La eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con una tipificación penal.

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Denuncian Procuradora Mirian Germán cancela 137 fiscales

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Santo Domingo-El distinguido Jurista y abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz declaró a este diario que el apresamiento del abogado Johnny Portorreal es a todas luces ilegal por haber sido practicado por el Fiscal adscrito al departamento de prófugos Juan Ramirez, independientemente de que haya estafador o no a los sucesores de la familia Rosario.

Ferreras Díaz dijo que ese fiscal actuante en ese ilegal apresamiento Juan Ramirez es uno de los 137 fiscalizadores que en el día de ayer denunciaron una persecución de la Procuradora Mirian Germán al cancelarlo de su condición de fiscal efectivo al 31 de julio próximo al establecer que su designación había sido ilegal en la Procuraduria de Jimenez Peña, Francisco Dominguez Brito y Jean Alain Rodríguez ya que fueron designados de manera administrativa y no por concurso como establece la ley, para lo cual iniciaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que quedó en estado de fallo.

Ferreras Díaz dijo que con la situación irregular de esos fiscales todas sus actuaciones escapan a los principios de legalidad y transparencia que establece el artículo 171 de la Carata Magna y la ley 33/2011 que regula el funcionamiento del Ministerio Público por lo que todas las acciones, arresto, condenas, sentencias, allanamientos y demás operaciones propias del Ministerio Público son ilegales y contrarias a la constitución y el Estado Dominicano puede ser demandado en responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios por esas acciones antijurídicas.

El populoso abogado dijo que con la Resolución emanada del Consejo del Ministerio Público degradando a esos fiscales a abogado ayudantes vulnera sus derechos fundamentales y crea un estado de ingobernabilidad en el país, pues todas sus acciones de más de 15 años son nulas de pleno derecho bajo el principio de que el fraude todo lo corrompe y todo proceso sobre base fraudulenta es nula de pleno derecho.

Ferreras Díaz hizo un llamado a la Fiscal Independiente Mirian Germán a poner frenos a e esos abusos del Consejo del Ministerio Publico retirando estas acciones de cancelación ilegal de Fiscalizadores para no crear un caos en el sistema de justicia dominicano y respetar así el estado de derecho que existe en el país y la Supremacía de la constitución y la continuidad del estado moderno creado por la constitución proclamada el 26 de enero del alo 2010.

El Exponente jurista Fredermido Ferreras estableció que el Fiscal Juan Ramirez es quien se encuentra a la derecha del abogado defensor Carlos Mesas en la rueda de prensa de ayer con motivo de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo buscando que la Procuradora Mirian Germán Brito respete sus derechos adquiridos como Fiscalizador y lo mantenga en su cargo, pero mientras el Consejo del Ministerio Publicó lo humilla, lo maltrata, lo degrada, lo saca del sistema de manera vejatoria, este eficiente fiscalizador trabaja 24/7 para resolver problemas tan viejo como este del Abogado Johnny portorrear quien tenía una orden de arresto por más de 2 años y ni la Fiscal del Distrito Rosalva Ramos, ni la Policía Nacional, ni la Procuradora Mirian Germán, Yenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y demás cuerpos investigativos no pudieron resolver este caso que constituía una burla al sistema de justicia penal donde más de 400 querellantes reclamaban justicia y que era un dolor de cabeza para el Ministerio Público, sin embargo para resolver estos problemas si su nombramiento es legal pero para su promoción y mantenimiento en su cargo ahora resulta es ilegal y quieren sacarlo de su cargo ejercido con eficiencia y eficacia ya que en 15 días apresó a este prófugo estafador, pero que la disyuntiva ahora es la siguiente: “Si como dice el Consejo del Poder Judicial y la procuradora General este nombramiento de Juan Ramirez y 136 fiscalizadora más son ilegales y deben ser cancelados, son o no ilegales también sus acciones pues todo proceso que nace de una ilegalidad es también ilegal o no?”

Concluimos preguntando son legales las actuaciones de los Fiacalizadores Juan Ramirez, Juana Cabrera y 135 fiscalizadores más que segun sus superiores fueron designados de manera ilegal??? Sea usted el jurado.

Dr. Fredermido Ferreras Díaz
Abogado penalista y constitucionalista

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