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El 88.5 % de inmigrantes en RD es haitiano

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SANTIAGO – La población extranjera residente en el país es de 847 mil personas, para un 8% del total de habitantes, de los cuales 571 mil son inmigrantes, 277 mil son descendientes, es decir hijos e hijas de inmigrantes que han nacido aquí, de  los cuales el 88.5% son de nacionalidad haitiana.

Los datos están contenidos en la segunda encuesta presentada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la República Dominicana y el Centro de Investigación en Educación y Desarrollo (CIEDHumano), durante un acto celebrado este jueves en la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El estudio de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2017), refleja que el 69% de los inmigrantes forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA).

Indica que las principales actividades productivas de los inmigrantes haitianos, son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 34%, mientras que en los inmigrantes de otros países son los servicios de comida y alojamiento con un 28%.

En su explicación, Sonia Vásquez, destacó que la ENI-2017, pone a disposición de las instituciones del Estado, tomadores de decisiones, organizaciones de la sociedad civil, academias y público en general, información actualizada, sobre el proceso inmigratorio que impacta al país.

“El desafío que se desprende de estos resultados es aprovechar los datos para tomar decisiones colectivas y diseñar y ejecutar políticas públicas integrales que permitan garantizar los derechos humanos de todas y todos”, expresó.

Entre los resultados del estudio destaca que el 61% de los inmigrantes haitianos tiene contratos de trabajo por escrito, muy diferente al 61% de los inmigrantes de otros países; donde la diferencia notable también en la relación a los seguros de salud, las pensiones y los riesgos laborales.

Mientras que el 50% de los inmigrantes  de otros países tiene acceso a seguros médicos, de los inmigrantes haitianos, solo el 7%; pero a nivel nacional la tasa de ocupación general, es de 70% en inmigrantes haitianos, de 48% en inmigrantes de otros países y de 34% en descendientes de inmigrantes.

La encuesta levantada por la ONE, con la iniciativa y apoyo técnico del UNFPA, y el financiamiento de la Unión Europea, describe las principales características sociodemográficas de la población de inmigrantes en el país y sus descendientes.

Estima que en el caso de los inmigrantes haitianos, se determinó que el 26% de ellos trabaja en la construcción y un 16% labora en las actividades comerciales y el resto participa en el sector servicios, entre otras actividades.

Señala que el 62% de la población inmigrante es masculina y el 38% restante es femenina, donde la mayor concentración de estos se produce en las provincias fronterizas y contiguas, con un 8%, seguidas por las que cultivan caña de azúcar, con un 7%, descenso que continúa en las provincias de alta concentración de población, con un 6%.

Mientras que las provincias en las que se cultiva arroz, banano, víveres y pecuarias, fue de 5%; terminando con un 4% en el resto del país, pero en términos generales la población de origen extranjero aumentó en cinco años, de forma moderada, al pasar de un 7% al 8% de la población total del país.

El acto de presentación estuvo encabezado por Dulce Rodríguez, directora del CIEDHumano; Alexis Cruz, director de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAES) y Dolores Romero, jefa de la Sección Política de la Unión Europea.

Además Sonia Vásquez, representante nacional  de la UNFPA; Francisco Cáceres, director del Censos y Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y Wilfredo Lozano, investigador principal de la ENI-2017.

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Abinader ordena retirar proyecto de ley contra la ciberdelincuencia; revisarán aspectos sobre libertad de expresión

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El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó este miércoles retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia depositado hace varios días en ese órgano legislativo.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que ahora el proyecto será llevado a una Comisión Consultiva para su revisión y actualización en aspectos sobre la libertad de expresión.

“Por instrucción del Ptde de la Rep. estoy procediendo a retirar de la C. de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, informó el funcionario vía Twitter.

Desde que se dio a conocer el sometimiento de este proyecto varios sectores expresaron su rechazo al señalar que la iniciativa buscaba coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.

Esta iniciativa contemplaba de tres meses a cuatro años de prisión las sanciones que enfrentarían las personas en la República Dominicana por difundir o poner a disposición material y publicaciones que discriminen a otros ciudadanos.

Según el referido proyecto, serán sometidos a la acción de la justicia quienes difundan publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color de piel, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión.

También, las personas que incurran en este delito pueden recibir multas de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Esta ley establece que la difamación cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público. La persecución del delito de difamación se promoverá mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.

En cambio que la injuria pública cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Hace varias semanas, el presidente Abinader remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

El objeto de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

El proyecto de ley establece su propio ámbito de aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación corresponden.

En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.

La eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con una tipificación penal.

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Denuncian Procuradora Mirian Germán cancela 137 fiscales

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Santo Domingo-El distinguido Jurista y abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz declaró a este diario que el apresamiento del abogado Johnny Portorreal es a todas luces ilegal por haber sido practicado por el Fiscal adscrito al departamento de prófugos Juan Ramirez, independientemente de que haya estafador o no a los sucesores de la familia Rosario.

Ferreras Díaz dijo que ese fiscal actuante en ese ilegal apresamiento Juan Ramirez es uno de los 137 fiscalizadores que en el día de ayer denunciaron una persecución de la Procuradora Mirian Germán al cancelarlo de su condición de fiscal efectivo al 31 de julio próximo al establecer que su designación había sido ilegal en la Procuraduria de Jimenez Peña, Francisco Dominguez Brito y Jean Alain Rodríguez ya que fueron designados de manera administrativa y no por concurso como establece la ley, para lo cual iniciaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que quedó en estado de fallo.

Ferreras Díaz dijo que con la situación irregular de esos fiscales todas sus actuaciones escapan a los principios de legalidad y transparencia que establece el artículo 171 de la Carata Magna y la ley 33/2011 que regula el funcionamiento del Ministerio Público por lo que todas las acciones, arresto, condenas, sentencias, allanamientos y demás operaciones propias del Ministerio Público son ilegales y contrarias a la constitución y el Estado Dominicano puede ser demandado en responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios por esas acciones antijurídicas.

El populoso abogado dijo que con la Resolución emanada del Consejo del Ministerio Público degradando a esos fiscales a abogado ayudantes vulnera sus derechos fundamentales y crea un estado de ingobernabilidad en el país, pues todas sus acciones de más de 15 años son nulas de pleno derecho bajo el principio de que el fraude todo lo corrompe y todo proceso sobre base fraudulenta es nula de pleno derecho.

Ferreras Díaz hizo un llamado a la Fiscal Independiente Mirian Germán a poner frenos a e esos abusos del Consejo del Ministerio Publico retirando estas acciones de cancelación ilegal de Fiscalizadores para no crear un caos en el sistema de justicia dominicano y respetar así el estado de derecho que existe en el país y la Supremacía de la constitución y la continuidad del estado moderno creado por la constitución proclamada el 26 de enero del alo 2010.

El Exponente jurista Fredermido Ferreras estableció que el Fiscal Juan Ramirez es quien se encuentra a la derecha del abogado defensor Carlos Mesas en la rueda de prensa de ayer con motivo de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo buscando que la Procuradora Mirian Germán Brito respete sus derechos adquiridos como Fiscalizador y lo mantenga en su cargo, pero mientras el Consejo del Ministerio Publicó lo humilla, lo maltrata, lo degrada, lo saca del sistema de manera vejatoria, este eficiente fiscalizador trabaja 24/7 para resolver problemas tan viejo como este del Abogado Johnny portorrear quien tenía una orden de arresto por más de 2 años y ni la Fiscal del Distrito Rosalva Ramos, ni la Policía Nacional, ni la Procuradora Mirian Germán, Yenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y demás cuerpos investigativos no pudieron resolver este caso que constituía una burla al sistema de justicia penal donde más de 400 querellantes reclamaban justicia y que era un dolor de cabeza para el Ministerio Público, sin embargo para resolver estos problemas si su nombramiento es legal pero para su promoción y mantenimiento en su cargo ahora resulta es ilegal y quieren sacarlo de su cargo ejercido con eficiencia y eficacia ya que en 15 días apresó a este prófugo estafador, pero que la disyuntiva ahora es la siguiente: “Si como dice el Consejo del Poder Judicial y la procuradora General este nombramiento de Juan Ramirez y 136 fiscalizadora más son ilegales y deben ser cancelados, son o no ilegales también sus acciones pues todo proceso que nace de una ilegalidad es también ilegal o no?”

Concluimos preguntando son legales las actuaciones de los Fiacalizadores Juan Ramirez, Juana Cabrera y 135 fiscalizadores más que segun sus superiores fueron designados de manera ilegal??? Sea usted el jurado.

Dr. Fredermido Ferreras Díaz
Abogado penalista y constitucionalista

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