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Procuraduría: “En caso Odebrecht han surgido nombres de empresas y personas… procedimientos obligan a profundizar”

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Santo Domingo

La Procuraduría General de la República aseguró haber rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, además de realizar el análisis de miles de documentos en las investigaciones por el caso de sobornos Odebrecht.

La Procuraduría dijo que como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés “de nuestra organización”.

A continuación el comunicado completo divulgado esta tarde por la Procuraduría General de la República:

Durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por unos 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos.

En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales.

Como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas.

Es importante destacar, que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso.

El Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. Advertimos que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal.

El Ministerio Público cumple ese mandato legal al pie de la letra. De este modo también respeta la moral de las personas y su presunción de inocencia. Además, en virtud de esa disposición y para evitar distracciones ha continuado avanzando en la profundización de las investigaciones en completo sigilo.

Las investigaciones penales deben efectuarse con cuidado, perseverancia y dedicación. El discurrir de esos procesos determina a quién llamar y cuándo hacerlo. No se puede perder de vista que el caso Odebrecht es el de mayor complejidad en toda la historia del sistema de justicia dominicano.

Cualquier novedad divulgable sobre el mismo será informada oficialmente o se conocerá cuando se deposite la acusación formal dentro del plazo establecido por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción especial.

El único compromiso del Ministerio Público es encontrar la verdad en cualquier escenario y procurar que la justicia sancione ejemplarmente a todo aquel que haya cometido una infracción, como manda la ley, sin importar su estatus social, filiación política o profesión. En este caso ni en ningún otro habrá impunidad. La ley es igual para todos; especialmente en este episodio que concentra la atención de todos los dominicanos

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“Improcedente, fuera de contexto e ilegal”: así califican nuevas tarifas del Intrant para 39 servicios

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Por Javier Herrera.- “Totalmente improcedente, fuera de contexto e ilegal”. Así son las nuevas medidas, (entre los cuales están el aumento del costo de los servicios) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la emisión y renovación de la licencia de conducir, según un experto en la Ley de Tránsito, el cual prefirió optar por el anonimato.

“El Intrant comienza primero diciendo que si una persona dura equis cantidad de tiempo sin licencia está obligada a pagar unas multas o una especie de indexación. La Ley de Tránsito lo establece, pero el margen previsto en la ley no va más allá de cuatro años. Imagínese que usted se va fuera del país y allá dura cinco años; si se me venció la licencia y yo no necesito renovarla porque duré 10 años, ¿cómo va a ser que si yo quiero venir para acá a manejar, tengo que pagar los 10 años que duré fuera del país?”, cuestiona la fuente, la cual explicó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, prevé que el cobro de penalidad por el vencimiento de la licencia se limita sólo a cuatro años, establecidos en los artículos 208 y 209 de dicha normativa, respectivamente.

Esta posición contrasta exponencialmente con los años que establece dicha entidad, la cual lleva la penalidad por renovación de licencia de conducir hasta 20 años, con un costo de 23,100 pesos.

“La materia de tránsito al ser de naturaleza correccional tiene una prescripción menor que los crímenes y delitos. ¿Cómo es posible que administrativamente se amplíe hasta los 20 años como si fuera materia civil ordinaria?”, pregunta la fuente, quien además es abogado con un doctorado en Responsabilidad Jurídica por la Universidad de León, en España.

Intrant: Denuncian posibles mafias con subsidios de combustibles | Nuria

En ese sentido, precisó que el Intrant no tiene competencia para establecer los nuevos montos para los servicios. Sin embargo, la fuente apuntó que dicha institución tiene “algunos espacios” legales en su reglamento, pero a lo interno de la entidad.

“Lamentablemente, cuando se aprobó la ley, todos los 36 reglamentos que están previstos en la ley están para que sea el Presidente que los emita (…). Hasta que el Presidente no emita un decreto tú (como Intrant) no tienes calidad para eso”, explica la fuente, que además fue una de las personas ligadas al proceso de la creación de dicho órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, el cual aclaró, además, que esa institución debe tener funciones reguladoras, no ejecutoras.

Se puede revertir

El experto explicó que existe una manera legal para revertir los costos impuestos por el Intrant para los 39 servicios, de los cuales algunos aumentaron casi 1,000 pesos. A través del Tribunal Superior Administrativo (TSA), detalla la fuente, cualquier persona que calidad para ello puede someter una acción en nulidad.

“Usted tiene dos vías: Primero, un recurso de reconsideración (que lo puede ejecutar una persona que tenga un interés legítimamente comprometido o protegido) (…) Usted tiene una multa por 12 años, entonces, ya usted tiene un interés, puede elevar un recurso de reconsideración, si no, se va directamente al Tribunal Superior Administrativo y demanda la nulidad de la decisión. Pero viene otro punto, esa nulidad se le va a aplicar a nivel personal. Si usted quiere que se anule a nivel nacional va al Tribunal Constitucional con el mismo procedimiento, trabajando algunos artículos constitucionales, que son el principio de legalidad y otros. Pero se puede revocar”, afirmó.

Mientras, sobre las quejas de los ciudadanos, el abogado cree que, como el dominicano “desconoce cuáles son los derechos que tiene”, la gente asumirá los nuevos costos del Intrant y no tendrá ningún tipo de efecto para que eso cambie.

El director del Intrant desconoce sentencia del Tribunal Constitucional

Sobre las recientes declaraciones que dijo el director del Intrant, Rafael Arias, sobre que la licencia en el país, más que un derecho es un privilegio, aseguró que el funcionario “desconoce totalmente” la sentencia del Tribunal Constitucional, “que permitió que las personas mayores de 65 años tuvieran licencia.

Fuerza del Pueblo llama a consejo de directores de Intrant revisar aumento a precios de servicios

“La licencia de conducir es un derecho, donde la lamentablemente no es como la licencia de un arma de fuego. La licencia de arma de fuego es un privilegio”, afirmó.

Las nuevas tarifas aumentaron casi 1,000 pesos

A principios de este mes de septiembre, el Intrant dio a conocer los nuevos montos para 39 servicios. Algunos registraron un aumento de hasta 900 pesos.

De acuerdo a lo que presenta el nuevo tarifario, el carné de aprendizaje costará RD$2,900, antes se pagaba sólo 2,000 pesos. Para que una persona renueve su licencia de conducir debe disponer de RD$ 1,900, cuando antes lo hacía con 800 pesos menos.

Los montos varían de acuerdo a la categoría de la licencia, lo que ha sido calificado por los ciudadanos como un abuso.

Piden aclarar las nuevas medidas

El pasado miércoles 22 de septiembre, la Comunidad Biker RD pidió al Intrat que aclare el sistema que están usando para el registro de motocicletas en el país. Alegaron, además, que la emisión del Manual de Conducción y Seguridad Vial no sólo genera confusiones, sino que son “contradictorias y hasta ilegales dentro del proceso”.

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El poder empresarial pasa de ser financiador a activo de la policía y la Administración Pública

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Por Ernesto Rodríguez.- Hacer el “crossover” del mundo empresarial al ámbito político para muchos es cuesta arriba, porque implica mucho riesgo al involucrarse con un partido o Gobierno so pena de enfrentar la aniquilación de bienes o prestigio económico.

Lo tradicional en la relación empresario-político radicaba en el hecho de la inversión económica en un proyecto ganable y luego retornaban los intereses en la contratación para la adquisición de compras de bienes y servicios y facilidades que proporcionan la mano larga del Gobierno.

Pero los nuevos tiempos cambiaron las reglas que habían y ya los empresarios no están detrás, en la sombra, ya son parte importante de proyectos políticos, mayormente cobijados en el denominado sector externo y luego forman parte esencial del gabinete de Gobierno.

La pregunta difícil de responder no es la de si un empresario de hoy debe intervenir en política. El empresario de todas las épocas, y bajo cualquier sistema de gobierno, ha participado en alguna forma en estas actividades, y el empresario de hoy, lo quiera o no, le guste o no, tendrá que seguir haciéndolo.

En la época actual no cabe ni la neutralidad, ni el abandonismo, ni el ausentismo ideológicos o políticos.

La relación entre el sector empresarial, o por lo menos la cúpula de sus representantes, y el poder político es evidente y muy estrecha.

En la última década, empresarios se integran a la política partidaria en número destacado, desde donde buscan candidaturas y sirven como ministros, consejeros o fuente de sinergia de los políticos con sectores industriales, agropecuarios o de servicios.

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ADMINISTRACION ABINADER. El presidente Luis Abinader es un genuino representante salido del seno del empresariado. Nunca antes había ocupado un cargo público, ni de elección popular. Dedicó casi toda su vida profesional al grupo Abicor, empresa familiar fundada por su padre, José Rafael Abinader, que es dueña de hoteles, una universidad y una de las fábricas de cemento más importantes del país.

Sin embargo, nunca estuvo desvinculado de la política porque desde que era muy joven tenía la escuela en su propia casa, con su padre, legendario dirigente del PRD y fundador de la organización Alianza Social Dominicana, hoy convertida en el gobernante Partido Revolucionario Moderno.

Su gabinete de Gobierno también está integrado por empresario de primer nivel.

Lisandro Macarrulla es el ministro de la Presidencia, que por décadas siempre se mantuvo como un destacado empresario, llegando a la presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Tuvo un rol activo en la pasada contienda electoral, coordinando el sector externo, y ya dio el paso al sector público.

Rafael Adolfo Pérez de León es director de Promese Cal. Su vida transcurrió como empresario ligado a las motocicletas.

Hace 20 años comenzó su incursión en política hasta ser presidente de la juventud PRD.

Para finales del 2021 RD podría estar igual que en 2019 a nivel turístico, según Joel Santos

Joel Santos, es asesor turístico del Poder Ejecutivo, muy conocido en el país por ser un empresario ligado al sector turismo por más 20 años, llegando a ocupar la presidencia Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores).

Rafael Canto Blanco es asesor honorífico del Ministerio de turismo. Es uno de los empresarios de más tradición del país, llegando a ser uno de los fundadores y presidente de  Asonahores y también fue presidente del CONEP.

Miguel Vargas, presidente PRD

ATRAPADOS POR LA POLÍTICA. Miguel Vargas Maldonado brilló en el mundo empresarial y fue seducido por la política. Fue precandidato a alcalde por el Distrito Nacional en el 1998, ocasión en la que se produjo un tranque con Eligio Jáquez y Julio Maríñez, lo que motivó al líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, asumir esa candidatura y murió 10 días antes de las elecciones,el 10 de mayo del 2012.

En el Gobierno de Salvador Jorge Blanco (PRD 1982-1986), fue director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo CAASD. En el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), fue ministro de Estado de Obras Públicas.

En el 2007, Vargas Maldonado se convierte en el candidato presidencial del PRD y perdió las elecciones del 16 de mayo de 2008.

En el 2016 apoyó a Danilo Medina y fue recompensado como canciller. Ahora trata de reconstruir a su disminuido PRD y no se sabe si retomó la dirección de sus empresas

Jacinto Peynado fue un destacadísimo empresario que para la década de los 80 y 90 poseía las más variadas empresas que iban desde la agroindustria, automovilismo, neumáticos, jugos y otros, la mayoría de las cuales perdió desde que dio el salto definitivo a la política.

Peynado cosechó éxitos iniciales  cuando en el 1986 fue senador PRSC-Distrito Nacional (1986–1990 y 1990–1994).

Luego ocupó el cargo de vicepresidente de la República en el recortado mandato de Joaquín Balaguer 1994-1996.

Fue el sucesor de Balaguer como candidato presidencial en el 1996 y justamente su falta de respaldo lo llevó al tercer lugar. Para la época se decía extraoficialmente, que en esa campaña perdió más de 200 millones de pesos, toda una fortuna y de ahí comenzó su debacle empresarial, incluida la pérdida de la empresa de tradición familiar Delta Comercial, concesionaria de las marcas Toyota y Volvo.

Peynado llevó como compañera vicepresidencial a la empresaria Maribel Gassó, quien tuvo interés de continuar la actividad política pero se retiró.

SIMBIOSIS EMPRESARIO POLÍTICO. Carlos Morales Troncoso fue empresario de la industria azucarera y los hoteles. En las elecciones de 1986 era disputado por los dos contendores candidatos presidenciales: Joaquín Balaguer y Jacobo Majluta. Se decidió por el PRSC y logró ser vicepresidente de la República por dos períodos consecutivos (1986-1990 y 1990-1996).

Luego aspiró a la nominación del PRSC en el 1996 y perdió, retornando a sus actividades empresariales. En las elecciones del 2004 vuelve al ruedo político respaldando a Leonel Fernández y fue designado canciller de la República y también dirigió el PRSC.

Hipólito Mejía fue presidente de la República en el 2000, pero por décadas se ha desempeñado en esta actividad y la agroindustria. Fue ministro de Agricultura 1978-1982, y fue candidato presidencial en el 2004 y 2012, derrotado en ambos escenarios.

Perdió de Luis Abinader las primarias internas del PRM en el 2016 y el2020.

El fenecido Pedro A. Rivera, fue el más destacado empresario de La Vega en los 80, propietario de productos Induveca. Fue senador por esa provincia en varias ocasiones por el PRSC.

RETORNO AL EMPRESARIADO.Destacados empresarios hicieron breves incursiones en la política y pese a tener éxitos, retornaron a sus raíces.

El fenecidos radiodifusor José Heriberto Medrano fue senador por La Vega-PRD, en el 1998-2002. Abandonó la política y retomó sus actividades en Microondas Nacionales hasta su muerte.

El también radiodifusor Julio Antonio González  Burrel (Machacho González) dio el salto a la política y fue senador por el PRD-Duarte 1998-2002 y 2002-2006, pero renunció cuando faltaban cerca de dos años de su segundo período. Volvió a sus actividades en Telenor.

Andrés Bautista García fue senador por tres períodos desde el 1998 PRD-Espaillat y llegó a la presidencia del Senado. Es un destacado agroempresario avícola y de ganadería en Moca. Ahora enfrenta la Justicia en el caso Odebrecht y está alejado de la política.

DE LA POLÍTICA A EMPRESARIO. Un caso muy particular fue el de denominado “Cacique de Higüey”, que fue hombre formado en la política y agotó más de tres décadas como legislador (diputado-senador) por el PRSC-La Altagracia.

Fue electo diputado en 1982 y reelecto hasta el 90. Desde fue  senador hasta el 2020. En el 1999 renunció para ocupar la secretaría general de la Liga Municipal Dominicana.

Esta práctica de ganar la senaduría por la Altagracia y luego renunciar para seguir en la LMD la continuó hasta el 2010.

Fue candidato presidencial del PRSC en el 2008 y perdió. Hizo alianzas electorales con todos los partidos mayoritarios del sistema, hasta tener su propia organización, Partido Liberal Reformista.

Aristy Castro hizo el “crossover” de la política a empresario y hoy día es dueño de dealers, estaciones de combustibles e inversiones en hoteles en La Altagracia.

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