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América Latina

Alumnos de América Latina muestran bajo conocimiento cívico y actitudes antidemocráticas

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Los sistemas educativos de América Latina podrían no estar preparando adecuadamente a los jóvenes a ejercer su rol como ciudadanos. Este 11 de abril, la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar (IEA) publicó los resultados para América Latina en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS), un examen que mide el conocimiento y las actitudes cívicas de alumnos alrededor del mundo.

El examen internacional ICCS fue aplicado a más de 94,000 alumnos de secundaria en 24 países para medir qué tan bien los jóvenes entienden conceptos de cívica y ciudadanía, qué tan activos son políticamente, y cuáles son sus actitudes sobre temas y problemáticas importantes en la sociedad. Además del instrumento de encuesta internacional, se aplicó un cuestionario regional para América Latina en cinco países—Chile, Colombia, la República Dominicana, México y Perú—que incluyó preguntas relevantes al contexto político de la región.

A continuación los principales hallazgos del estudio:

1. Los alumnos latinoamericanos tuvieron los niveles más bajos de conocimiento sobre temas cívicos. Los cinco países latinoamericanos que participaron en el examen ocuparon los últimos cinco puestos en el ranking internacional de conocimiento cívico y ciudadano. Dentro de la región, Chile, México y Colombia obtuvieron los puntajes más altos de conocimiento, mientras que la República Dominicana y Perú obtuvieron los más bajos. El examen, que cubrió temas sobre instituciones nacionales, procesos políticos, leyes y principios democráticos, calificó a los alumnos usando un sistema de puntaje en el cual el nivel A representa una buena comprensión de conceptos de cívica y el nivel D representa una comprensión débil. Internacionalmente, 35% de los alumnos calificó en el nivel A, pero en la región latinoamericana solo el 12% alcanzó este nivel. De hecho, en la República Dominicana, solo el 1% de los alumnos alcanzó este nivel mientras el 20% de los alumnos calificaron en el nivel D. Como ejemplo, en una pregunta que le pidió a los alumnos que identificaran ejemplos de abuso del poder, 75% de todos los alumnos contestaron correctamente, pero sólo el 41% y el 51% de los dominicanos y peruanos lograron hacerlo.  Sí cabe mencionar que hubieron algunas mejoras en los puntajes en relación a los del 2009, año en que se administró el examen previo. México y Colombia, dos países que han invertido en mejorar su educación cívica en años recientes, mejoraron sus puntajes por 20 y 15 puntos, respectivamente.

2. Una alta proporción de alumnos latinoamericanos apoyan las prácticas autoritarias y corruptas, así como el uso de la violencia. Es un hecho preocupante que el 69% de los alumnos de la región estuvieron de acuerdo que tener una dictadura estaría justificado si ésta trajera “ley y seguridad,” y el 65% estuvieron de acuerdo que una dictadura estaría justificada si trajera “beneficios económicos.” El porcentaje más alto de alumnos que hicieron estas afirmaciones provino de Perú, donde el 77% de los alumnos contestaron que las dictaduras podrían justificarse si trajeran orden y seguridad. La encuesta también encontró un nivel preocupante de aceptación de la corrupción y la violencia. Por ejemplo, encontró que el 53% de los alumnos cree aceptable que un servidor civil le dé un empleo a sus amigos desde su cargo, que el 60% cree que es aceptable desobedecer la ley cuando “se hace sin mala intención,” y que el 58% cree que los ciudadanos deben organizarse para castigar a los criminales cuando las autoridades no actúan. Los niveles de aceptación de estas prácticas fueron más altos en AL que a nivel internacional.

3. Los alumnos de la región demuestran altos niveles de aceptación de las minorías sociales. La aceptación de distintos grupos en la sociedad es otro elemento común de la educación cívica y ciudadana, dada su importancia para la cohesión social. Es alentador ver que la mayoría de los alumnos demuestra aceptación hacia las minorías sociales y que los niveles de aceptación han, en la mayor parte, aumentado en los últimos siete años. Más de 4 por cada 5 alumnos dijo que no le molestaría tener como vecinos a miembros de una minoría social—incluyendo personas de una raza, clase social, religión, región, u origen nacional distinto. En relación al nivel de aceptación de personas de distintas razas, el nivel más alto se vio en Chile (93%), y el más bajo en República Dominicana (80%). Los alumnos también mostraron crecientes niveles de aceptación por las personas de distinta orientación sexual, ya que el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo creció de 57% a 73%, en promedio, en Chile, Colombia, y México. Las mujeres, los alumnos de escuelas urbanas, y aquellos con los niveles más alto de conocimiento cívico fueron los más propensos a expresar actitudes tolerantes hacia los grupos minoritarios.

4. El conocimiento cívico es la variable más influye en las actitudes cívicas. Los alumnos con altos niveles de conocimiento cívico fueron mucho menos propensos que sus pares de menor conocimiento a estar de acuerdo con justificaciones para las dictaduras, la infracción de la ley y la violencia extrajudicial, y más propensos a expresar actitudes sociales tolerantes. Los alumnos con más conocimiento cívico también reportaron tener menos confianza en el gobierno y en los partidos políticos, lo cual podría significar que el contar con más información sobre estas instituciones conlleva a pensar más de manera crítica sobre sus prácticas. Es interesante que, como variable, el conocimiento cívico influye más en las actitudes cívicas que la ubicación de la escuela (urbana o rural) o si el alumno espera graduarse y asistir a la universidad—lo cual sugiere que el entendimiento de conceptos de cívica podría ser tan o más fuerte que el estatus socioeconómico en predecir la opinión pública sobre temas políticos. Más aún, cuestionarios aplicados a alumnos demuestran que la medida en que se enseñan estos temas en la escuela está directamente relacionada con su nivel de conocimiento cívico, lo que indica lo importante que es continuar mejorando la educación cívica en los sistemas educativos de la región.

5. En el caso de los comportamientos cívicos, sin embargo, los contextos sociales tienen una mayor influencia:Es interesante que, a diferencia de las actitudes cívicas, el comportamiento cívico—como la participación en la política y en actividades escolares—no está fuertemente relacionado con el conocimiento cívico. En cambio, casi el 90% de la variación en la participación cívica en Chile, Colombia y México se encontró dentro de las escuelas, lo cual sugiere que la familia y las variables contextuales como los medios de comunicación y las redes sociales son lo que más influye en la participación política de los jóvenes. Parece ser que el exponer a los jóvenes a la educación cívica tanto en al aula como en otros contextos sociales es importante para desarrollar ciudadanos cívicamente activos y con conciencia política.

CONCLUSIONES

El conocimiento cívico y ciudadano es esencial para el desarrollo de buenos ciudadanos alrededor del mundo. Viendo el impacto que tiene este conocimiento sobre las actitudes hacia los principios democráticos y hacia las minorías sociales, es preocupante que tantos jóvenes en América Latina tienen un pobre entendimiento de estos temas. En adelante, entender el impacto de distintos tipos de educación cívica—tanto dentro y fuera del aula—será importante para mejorar nuestras sociedades.

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América Latina

Maduro quiere diálogo «directo y de entendimiento» con los EE.UU.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado en una entrevista con el canal multiestatal Telesur que quiere establecer un diálogo «directo, valiente y sincero» con Estados Unidos.

«Ojalá, quien sabe cuando y con quien, se abran las posibilidades de un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos. Ojalá fuera con el Gobierno de Joe Biden», ha expresado Maduro en el canal multiestatal Telesur.

Maduro ha señalado que estableció diálogos con la oposición en México el pasado 13 de agosto y fueron suspendidos tras la extradición del empresario colombiano, Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, pese a estar acreditado como diplomático de Venezuela.

«Ahora Alex Saab está secuestrado en una cárcel de Florida (*) acusándolo de mil elementos falsos. Sigue siendo Alex Saab representante ante la mesa de México, y tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver con el secuestro de Alex Saab para que nosotros volviéramos al diálogo en México, veremos qué sucede en enero, febrero», ha aseverado el mandatario.

Respecto a las conversaciones ha dicho que «iban por buen camino cuando fueron suspendidas», y consideró que se trató de una acción premeditada de Estados Unidos.

A su juicio fue una «puñalada trapera para trastabillar» y hacer «descarrilar» las negociaciones la extradición de Saab, a Estados Unidos para ser juzgado por blanqueo de capitales.

Asimismo, Maduro ha recordado que las sanciones impuestas impiden la libre comercialización del petróleo, el oro y otros productos.

«Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera, nos planteamos 1.200.000 barriles para este año (…) pero es un logro tremendo (…) sin dinero prácticamente», ha agregado.

ECONOMÍA DE VENEZUELA

El mandatario ha pronosticado que las autoridades económicas declararán el fin de la hiperinflación «en los próximos meses». Pese a esta situación la economía de su país en el segundo semestre de 2021, tuvo un crecimiento económico de 7,5 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de Venezuela experimentó en noviembre una variación mensual del 8,4%, acumulando tres variaciones consecutivas por debajo de la barrera de los dos dígitos, según datos publicados por el Banco Central de Venezuela.

Los datos del Banco Central suponen un registro mayor al publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, un órgano ligado a la oposición venezolana que publica datos sobre la inflación en paralelo al organismo oficial. Según el Observatorio, la inflación mensual del país latinoamericano registró en noviembre un alza del 6%, inferior al 8,1% oficial.

Los datos del Banco Central explican que los bienes agrupados en servicios de educación registraron el mayor incremento (22,4%), seguidos de equipamientos del hogar (12,2%) y bienes y servicios diversos (11,3%).

En términos interanuales, el Banco Central de Venezuela no ha expuesto nuevos datos sobre la inflación. No obstante, el Observatorio de Finanzas publicó que entre noviembre de este año y noviembre de 2020 los precios se incrementaron hasta un 769%

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América Latina

Abinader entre tres mandatarios de América Latina en millones de documentos filtrados

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El presidente Luis Abinader, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador, son los tres mandatarios de América Latina que aparecen en los Pandora Papers la mayor colaboración periodística en la historia, que examinó 11.9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países.

Los documentos filtrados y analizados por 600 periodista de 150 medios, incluyendo El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN, muestran que Abinader está vinculado a dos sociedades de Panamá: Littlecot, Inc, que posee junto con su hermana y su hermano, y Padreso, S.A., de la que los tres hermanos son accionistas.

Ambas compañías fueron creadas antes de que Abinader se convirtiera en presidente. Littlecot fue creada en 2011 y Padreso en 2014. Los documentos muestran que fueron incorporadas como tenedoras de activos en República Dominicana, pero no incluyen detalles sobre dichos activos.

El primer mandatario dominicano dijo a ICIJ que Littlecot, Inc, controla una propiedad familiar en la zona de La Romana, mientras que Padreso S.A. tiene acciones en otras seis empresas que poseen propiedades y terrenos, mayormente de la Universidad O&M de su familia.

Documentos adicionales indican que, en un principio, ambas compañías contaban con acciones al portador, en las que no aparece el nombre del dueño real.

En el año 2015, una ley entró en vigor en Panamá y obligó a las compañías a revelar los nombres de los dueños de estas acciones. En 2018, un abogado que representaba a los Abinader entregó un documento a Overseas Management Corp, un proveedor de servicios offshore, en el que dio a conocer los nombres de los hermanos como accionistas de las compañías, en lugar de “al portador”.

Sobre las acciones al portador, el mandatario respondió por escrito que  “Estas compañías fueron creadas por consultores que contratamos para comprar las compañías en estas jurisdicciones. Para facilitar transacciones comerciales con los clientes y reducir las trabas administrativas de las empresas durante la incorporación, algunos abogados tienden a utilizar acciones al portador. Una vez que cualquiera de las compañías se asigna a un cliente particular, las acciones al portador se convierten en acciones ordinarias, y se incluyen en la estructura familiar de manera expedita”.

Respecto a la razón por la cual tiene entidades offshore, Abinader dijo: “Hasta finales de 2008, el sistema legal de República Dominicana no tenía una ley corporativa eficiente y actualizada. Usar compañías dominicanas para comprar bienes o intercambiar bienes en el extranjero solía ser un reto (y todavía lo es) debido a la falta de reconocimiento que estas compañías tienen en jurisdicciones extranjeras. Por otra parte, nuestro sistema legal permitía a las entidades extranjeras realizar operaciones y comprar bienes en el país”.

“Para organizar la estructura más eficiente para nuestra familia, creamos una serie de compañías en varias jurisdicciones: entidades locales para controlar bienes en República Dominicana y realizar operaciones en el país, y compañías holding en jurisdicciones extranjeras para los activos y operaciones que podían involucrar a más de una jurisdicción, y con ello facilitar la apertura de cuentas, transferencias de acciones, reconocimiento universal de estas entidades, así como para tener un sistema de gobernanza corporativo fuerte, entre otros beneficios”, agregó el presidente dominicano.

Tanto Littlecot Inc, como Padreso, S.A., junto a otras siete offshore, forman parte de un Fideicomiso Revocable, donde el Abinader, no tiene ninguna participación en la administración del mismo, según sus abogados. La información fue entregada a la Cámara de Cuentas, a su llegada a Palacio.

En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerolíneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot destapa entre sus operaciones offshore un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares. El monto debía satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas.

La decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un ex banquero conservador y millonario que en abril pasado logró la presidencia ecuatoriana. El mandatario, según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que abrió estas compañías opacas porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. También sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.

Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina.

Alcogal creó la mayoría de las 78 compañías que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigación de Armando.info, está una parte importante de la jerarquía chavista.

En Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones sobre este tipo de inversiones.

Este posible conflicto afecta especialmente al ministro de Economía, quien ha llevado adelante una reforma fiscal que ha reducido la presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.

Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino. Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades más polémicas del gigante sudamericano por sus conexiones con la élite financiera, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes.

El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades «fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group». «Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad», indica la nota.

El presidente del Banco Central, Campos Neto, era propietario de dos empresas, Cor Assets y ROCN Limited, ambas registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos.

El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central.

También insiste en que ha construido su «patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero».

Colombia es otro de los países donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas políticas. Entre las personalidades que figuran en la filtración destacan dos ex presidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Ambos, que mantienen una notable influencia política, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya habían dejado el poder. Gaviria constituyó en 2010 con uno de sus hermanos y otros socios una sociedad en Panamá con la que pasó a controlar una firma colombiana relacionada con el sector de los hidrocarburos. Como constata la investigación de Connectas y El Espectador, Gaviria forma parte de la sociedad panameña MC2 desde 2012 junto a su hermano Luis Fernando, quien constituyó la matriz colombiana en 2006.

La empresa ha realizado operaciones en el campo de la comercialización, transporte, compresión y almacenamiento de gas natural. El ex presidente no respondió a las preguntas del ICIJ, y su hermano, al ser interrogado sobre si estas actividades habían sido declaradas a las autoridades colombianas, señaló: «La información financiera y tributaria está amparada por la reserva documental».

En el caso del ex presidente Pastrana, la investigación muestra cómo el político conservador estuvo vinculado, al menos desde 2016, a una sociedad offshore en Panamá con la que administró parte de su patrimonio familiar. En su defensa, el ex mandatario asegura que declaró esta actividad y que el objetivo de los movimientos era “invertir en el extranjero y convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.

En Argentina los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Durán Barba, consultor político que catapultó a la presidencia a Mauricio Macri en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore a Daniel Muñoz (ya fallecido), ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepción de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra pública a los gobiernos peronistas.

Mucho más abultado es el resultado de la investigación en México, donde los documentos señalan a más de 3.000 personas. Entre ellas, sobresalen tres de los empresarios más ricos del país: el magnate minero Germán Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicación. Sus fortunas juntas suman más de 30.000 millones de dólares.

Aunque el destino que dieron al dinero fue diferente, coincidieron en usar paraísos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente. Larrea llegó a abrir entre 2013 y 2016 nueve sociedades en las Islas Vírgenes Británicas con las que controlaba, sin dejar apenas rastro, la adquisición de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos.

Aramburuzabala compró propiedades millonarias en Utah y Nueva York así como dos aviones privados. Y Vázquez Aldir y su entorno, a través de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avión y al menos dos mansiones. Ni Larrea ni Aramburuzabala han respondido a las peticiones de aclaración de consorcio de periodistas. Vázquez, a través de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en México como en el extranjero.

Pero no solo fueron los multimillonarios quienes incurrieron en estas prácticas (legales siempre que no se oculten al fisco). Los Papeles de Pandora muestran como alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore.

Así ocurrió en los círculos próximos al ex presidente Enrique Peña Nieto (PRI, 2012-2018) y también en grandes proveedores de la petrolera pública mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de dólares.

Un personaje político que emerge con fuerza en México es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2017 figuraba como único propietario de una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas con activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

La compañía era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2018, el año que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Preguntado por estos movimientos, el ex consejero presidencial se ha limitado a señalar que en las fechas en que realizó las inversiones no era funcionario público sino un profesional independiente.

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