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La Contraloría cuestiona informe de Cámara de Cuentas sobre caso OMSA

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SANTO DOMINGO.-  La Contraloría General de República alegó que la Cámara de Cuentas, en su reciente auditoría, ignoró la  Resolución 15-08 emitida por el Órgano Rector de las Compras Públicas, la cual respalda ciertos tipos de operaciones directas de las instituciones públicas, como son “la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vales de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor”.

En un documento remitido a ALMOMENTO.NET, dice que esta circunstancia fue lo que  generó la mayoría de las  observaciones  que los inspectores de la Cámara de Cuentas presentan  en sus informes,  por la ausencia de contratos y otras debilidades.

Señala que le preocupa esta omisión,  ya que hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas no ha notificado que la citada resolución haya sido derogada.

Acara que la misma no fue hecha solo para OMSA, sino para todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.

El documento

El texto del documento es el siguiente:

“La Contraloría General de la República (CGR) analizó de forma objetiva los resultados del informe especial realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), concluyendo en que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por el Órgano Rector de las Compras Públicas.

En las operaciones relacionadas con compras directas, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo previo que el Organismo Rector de las Contrataciones Públicas, dentro del alcance de sus facultades, otorgó a tales compras mediante el Artículo 1 de la Resolución 15/08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y refrendada  por el Órgano Rector el 29 de febrero del año 2016, mediante la comunicación DGCP44-2016-00194 y notificada a la CGR y la CCRD.

Hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas, no ha notificado a la CGR de que la Resolución 15/08 haya sido derogada.

Para la Contraloría General de la República constituye un motivo de preocupación el hecho de que los auditores de la Cámara de Cuentas hayan obviado esta Resolución 15-08.

La misma respalda ciertos tipos de compras directas de las instituciones públicas, como son “la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vales de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor”.

Esta circunstancia, fue lo que  generó la mayoría de las  observaciones  que presentan  en sus informes,  por la ausencia de contratos   y otras debilidades que se objetan al no tener en cuenta la resolución citada.

Destaca la entidad del Estado que la Resolución 15/08, no fue hecha solo para OMSA, sino que abarca todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.

En un documento oficial la CGR indica que el papel de su personal instalado en las entidades es verificar que los procesos se hayan realizado ajustados a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las demás normativas vigentes y no a  responsabilidades que corresponden directamente a los titulares de cada institución según lo  establece la Ley 10-07, en su artículo 25.

Sostiene que el referido informe no toma en cuenta las normas vigentes sobre los controles internos y el alcance de las responsabilidades de esta institución en los procesos de autorización de las órdenes de pago.  Indica que los incumplimientos o debilidades señalados en las conclusiones del informe de la CCRD no se corresponden con las funciones de la Contraloría y por lo tanto las imputaciones legales que se le atribuyen tampoco, según lo establece la ley de control interno vigente.

 UAI OMSA autorizó pagos en virtud de resolución de Contrataciones Públicas

La Contraloría también aclaro que  la responsabilidad de las UAI, y para el caso que les ocupa, la de la OMSA, en cuanto a la autorización de las órdenes de pago, se limita a la verificación de los controles previos establecidos por la entidad en sus normas secundarias, como ha sido clarificado en el numeral 2., literal b. del artículo 27 de la Ley 10-07, en el  artículo 26.

Por tanto, las responsabilidades de la CGR no deben entenderse como una suplantación, reemplazo o rol de  co-administración.

En ese sentido, la UAI al analizar los documentos de soporte del pago, lo hizo sobre la base de la legalidad y procedencia de la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas.   Esta es  la primera vez que una institución cuestiona la validez de la citada resolución, ya que hasta la fecha no existe una revocación de la misma por parte de las instituciones legal y constitucionalmente competentes para ello.

Es evidente, que de conformidad con lo establecido en la Ley 10-07 no se encuentra dentro del ámbito de responsabilidades asignadas a las UAI, para la autorización de pagos, la de verificar más allá de la documentación suministrada por la institución ya que ello corresponde precisamente al control externo ejercido por la CCRD tal como lo establece la propia Ley 10-07.

Responsabilidad del control interno institucional

La CGR puntualizó  que la gestión del control interno institucional, corresponde a la Administración de la OMSA.  Las funciones de los delegados de la UAI están relacionadas con el alcance de sus protocolos de verificación, los cuales incluyeron la revisión y aceptación de las compras directas sustentadas en la Resolución 15/08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Dicho alcance no incluyó, como ya se explicó en el literal b., verificaciones que corresponderían a una auditoría posterior, que no es posible ejecutar como parte de la autorización de una orden pago, conforme lo establece la Ley 10-07.

En virtud de los principios del control interno, al momento del pago se verifica principalmente la documentación de respaldo aplicable a cada caso, la evidencia de recibo de los bienes o servicios, el registro y liquidación del pago, como una corroboración del cumplimiento de los controles previos.

De conformidad con lo anterior, resulta obvia la separación de responsabilidades entre la institución supervisada  y la UAI. Asumir a la UAI como responsable de los controles previos al pago, sería atribuirle responsabilidad de co-administrador dentro de cada institución pública,  lo que contraviene las disposiciones que regulan el control interno ejercido por la CGR tanto en la propia ley como en la Constitución de la República.

 Consecuencias

Tan pronto fue recibido el informe  la Contraloría puso en marcha  una exhaustiva investigación a los fines de establecer responsabilidades individuales, si las hubiere, de cualquier servidor público dependiente de esta institución.

El extenso  informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD)  fue enviado a la Contraloría General de la Republica (CGR) el pasado viernes 13 de abril en horas de la tarde.

Hasta este momento la CCRD, no ha notificado a la CGR de su objeción a la Resolución 15-08 de fecha 4 de noviembre del 2008 y ratificada por el Órgano Rector de las Compras y Contrataciones el 29 de febrero de 2016. Esta resolución fue enviada para conocimiento tanto de la  Cámara de Cuentas como a la Contraloría.

La CGRD   envió a la CCRD la  comunicación No. IN-CGR-2018-001951,  el martes 17 de abril del año en curso  en horas de la mañana”.

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JCE vigilará uso recursos asignados a partidos políticos, en 23 años partidos manejan RD$20,261 millones

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  • En 23 años partidos manejan RD$20,261 millones; dependencia JCE vigilará uso

  • IFES recomienda establecer mecanismos rigurosos para el control de los recursos se manejan en financiamiento de las organizaciones políticas y dice es tiempo de implementar reformas

Desde 1998 al presente 2021, los partidos políticos de la República Dominicana han recibido RD$20,261,643,658.00 como parte de la contribución económica que les otorga el Estado, recursos que a partir de este año serán fiscalizados por una dirección especializada de la Junta Central Electoral (JCE).

Bajo el amparo de la Ley 33-18 de Partidos Políticos la Dirección Especializada de Control Financiero vigilará el financiamiento público y privado, tanto de las organizaciones políticas como de los precandidatos y candidatos a cargos electivos.

La meta es verificar que los sistemas internos de fiscalización partidaria se encuentren en funcionamiento y que se realice una adecuada distribución de los recursos entregados anualmente por el Estado.

La dirección a cargo del antiguo secretario general de la JCE Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, fue creada en diciembre del pasado año 2020 y deberá dar un estricto seguimiento al régimen de financiamiento de los partidos y detectar posibles violaciones a la ley.

Un informe de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) sobre “Financiación de los partidos políticos para el mejoramiento del proceso electoral en la República Dominicana” establece que el sistema electoral del país se encuentra en un buen momento para hacer una reforma en materia de financiamiento de partidos políticos. El planteamiento lo hacen tomando en cuenta que en el 2021 es un año no electoral y que actualmente las organizaciones se encuentran en un proceso de reconstrucción de cara a las próximas contiendas.

Recomienda establecer criterios y mecanismos rígidos para el control de los recursos, con la finalidad de evitar el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de otras fuentes ilícitas, así como para disminuir la corrupción política.

“Comenzar un proceso de reforma en materia de financiamiento de partidos políticos evitaría problemas a futuro y sentaría las bases para el desarrollo de procesos electorales de mejor calidad”, recomienda el estudio.

Recursos partidos

En 23 años el Estado dominicano ha entregado a los partidos políticos RD$20,261,643,658.00; siendo el 2020 el año donde más recursos se erogaron RD$4,013,903,594.00 debido a la suspensión de las elecciones municipales de febrero.

En 1998 el monto aprobado fue de RD$171,683,880.00; en 1999 la contribución arribó los RD$105,823,185.00 y ya para el 2000 se incrementó a RD$224,231,085.00. Actualmente hay 26 partidos y movimientos reconocidos ante la JCE, de los cuales cuatro ostentan la categoría de mayoritarios. Se trata de los partidos: Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano (PRD).

Entre el 2001 y el 2010 las partidas oscilaron entre los RD$ 147,982,947.00 y RD$1,085,488,234.00; en el 2011 fueron RD$590,960,548.00 para el 2012 por ser electoral los recursos fueron RD$ 1,403,210,000.00.

Desde el 2013 y hasta el 2015 el reparto económico fue de RD$ 805,043,460.00 y en el 2016 que hubo elecciones los montos asignados fueron RD$ 1,610,086,923.00; para el 2017 se volvió a la partida de RD$805,043,460.00.

A partir del 2018, la contribución económica destinada a las organizaciones políticas fue incrementada al pasar a los RD$1,260,400,000.00; en el 2019 fueron RD$1,506,933,594.00. Para el presente año 2021 se entregará una partida similar a la del 2018; unos RD$1,260,400,000.00.

De las leyes

De acuerdo con la Ley de Partidos 33-18 se considerarán ilícitas todas las donaciones o aportes que: no puedan determinar su procedencia u origen, que provengan de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional. Los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.

Los partidos no recibirán las cuotas o partidas correspondientes a los fondos de financiamiento público, cuando incurran en gastos e inversiones no permitidos, si no cuentan con sistema contable y no presentan informes.

En la actualidad, los bancos múltiples en su lucha contra el lavado de activos se mantienen vigilantes con el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y otros. Han pactado acuerdos con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de Análisis Financieros (UAF), la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas, así como tienen contacto con la Procuraduría General de la República.

Visión sobre lo ilícito

La contaminación de la política con los dineros provenientes del narcotráfico y el lavado de activos es, desde hace varias décadas, un gran desafío para la integridad de la democracia, aseguró Eddy Olivares, exmiembro de la JCE.

A su juicio, el uso de los recursos ilícitos en la política va en contra de la transparencia y la equidad que debe prevalecer en las competencias electorales.

Olivares sostiene que han sido ineficaces todas las disposiciones legales implementadas para evitar la infiltración de los fondos del narcotráfico, el lavado y la corrupción administrativa en la actividad política.

En ese orden, explicó que la Ley 33-18, penalizó el financiamiento ilegal, al disponer la condena de los candidatos, partidos, agrupaciones, movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables, al pago de una multa equivalente al doble de la contribución ilícita recibida, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes.

Sin embargo, afirmó que en el país nunca un partido o candidato ha sido condenado por financiamiento ilícito.diariolibre

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Desde Nueva York

Intenso tiroteo entre hispanos en parque del Bronx; 1 muerto y 4 heridos

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Una fiesta organizada entre más de 200 personas hispanas en el parque de Claremont, a la altura de la Tercera avenida y la calle 172, en El Bronx, dejó como resultado una persona muerta a balazos y otras 4 heridas.

La víctima tenía 22 años, y uno de los heridos es un niño de 11 años.

Las autoridades acudieron al sitio cuando se reportaron los disparos alrededor de las 11:13 de la noche del pasado sábado después que una pelea estallara durante la fiesta latina. Los asistentes al encuentro fueron desalojados del lugar durante el tiroteo, informó la institución del orden.

La policía dijo que tres hombres sospechosos no identificados escaparon del lugar en un vehículo Nissan blanco.

En el área del suceso residen cientos de familias dominicanas.

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