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Abogado Carlos Salcedo dice “Compras en la OMSA se hicieron conforme a la ley”

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El abogado Carlos Salcedo, de la defensa del ex administrador de la OMSA preso por el asesinato del abogado Junior Ramírez, expresó que  “los procesos de compra y contrataciones de bienes y servicios durante la gestión del Ing. Manuel Antonio Rivas Medina en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) se realizaron acorde con las disposiciones de la Ley núm. 340-06 y su reglamento de aplicación, núm. 543-12”.

Además, fueron debidamente aprobados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), de la Contraloría General de la República, luego de agotados los demás procedimientos internos de aprobación, control y fiscalización, contrario a lo expuesto en el informe de investigación especial realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana de 10 de abril de 2018.

De igual forma, dichas contrataciones, mediante compras directas, entre otras modalidades, estuvieron sustentadas en el artículo 1 de la Resolución núm. 15-08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, del 4 de noviembre de 2008 que establece: “establecer como al efecto establece la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustible o vales de combustible y las reparaciones de vehículos de motor”.

La resolución núm. 15-08 señala claramente que los órganos contratantes podrán hacer compras directas de combustibles o vales de combustibles, en razón de que se trata de bienes que son suplidos a nivel nacional a un mismo precio a todos los consumidores por una pléyade de comercializadores. Por lo que, a juicio del órgano rector del sistema de contrataciones públicas, no hace sentido establecer concursos o licitaciones, considerando el hecho cierto de que el precio de los combustibles es el mismo en todo el país y queda fijado cada viernes a partir de las resoluciones que emite el Ministerio de Industria y Comercio en virtud de la Ley núm. 112-00, sobre Hidrocarburos.

Precisó que  en el caso de las reparaciones de vehículos, el órgano rector permite la compra o adquisición directa del servicio de mantenimiento y reparaciones de los vehículos de motor atendiendo a la propia naturaleza de dicha actividad.

“Ignorando su propia resolución, como órgano rector del sistema de compras y contrataciones de las instituciones del Estado, la Dirección General de Contrataciones Públicas, no puede desconocer la existencia ni los efectos de la referida resolución, la cual no ha sido derogada por resolución posterior y, por consiguiente, sigue siendo parte del universo normativo. Contrario a la posición pública del órgano rector en torno al informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del ingeniero Manuel Rivas Medina, todos los procesos de compra fueron debidamente publicados en el portal de esa institución y por lo tanto, cumplieron con el filtro correspondiente”, indicó.

 

Argumenta que “de hecho, una muestra de la vigencia y efectividad de la resolución núm. 15-08, es que la propia Dirección General de Contrataciones Públicas emitió la circular núm. DGCP44-2016-000194 del 29 de febrero de 2016 sobre la correcta aplicación de esta norma, señalando claramente que “el ámbito de aplicación de su contenido no se extiende más allá de su dispositivo, es decir, únicamente a pasajes aéreos, combustibles y reparaciones de vehículos de motor”.

 

Debemos recordar que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses tiene por objeto precisamente los rubros contemplados en la citada resolución. Son estos, mantenimientos y reparación de las unidades, siendo necesario combustible para el servicio, como  lo establece el artículo 1 del Decreto 448-97 que crea la OMSA: “Se crea la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), como una dependencia de la Presidencia de la República, la cual tendrá como propósito dar servicios de preparación, mantenimiento, reparación y despacho a la flota de autobuses de transporte público a la ciudad de Santo Domingo.”

 

Es claro que las compras directas de combustibles y para las reparaciones de vehículos de motor que hizo la OMSA durante la gestión del Ing. Rivas fueron realizadas en estricta observancia de la resolución núm. 15-08, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como de las disposiciones de la Ley núm. 340-06 y su reglamento de aplicación.

 

Cabe destacar que cada una de estas operaciones fueron revisadas y cada uno de los pagos efectuados fueron aprobados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República, la cual tiene por función verificar si se cumplieron cada uno de los controles internos establecidos por la entidad y también si se observaron los procedimientos de compras dispuestos en la ley y sus normas complementarias. De hecho, la propia Auditoría de la Cámara de Cuentas reconoce que “Estos procesos fueron revisados y aprobados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República (CGR), según evidencia de las documentaciones soportes”.

 

De ahí, que cuando el Ing. Manuel Rivas Medina firmaba las autorizaciones de pago a los proveedores de la OMSA, que recibieron cada uno de estos valores, lo hacía autorizado en primer lugar por la Dirección General de Contrataciones Públicas en virtud de su propia resolución y cumpliendo con los procesos establecidos por este órgano rector  y en segundo orden por la Contraloría General de la República.

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Extraditables del caso Falcón podrían ser condenados a cadena perpetua; EE.UU. pidió a seis

Juan José de la Cruz Morales, uno de los presuntos cabecillas de la supuesta red internacional de tráfico de cocaína entre la República Dominicana y Puerto Rico, desmantelada en territorio dominicano mediante la denominada Operación Falcón, podría enfrentar hasta cadena perpetua de ser hallado culpable.

De acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto a de la Cruz Morales hay otros cinco extraditables.

“Un Gran Jurado Federal en el distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de siete cargos por conspiración para importar una sustancia controlada, importación de una sustancia controlada (complicidad y complicidad), intento de importación, conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión con intención de distribuir (complicidad y complicidad), intento de posesión con intención de distribuir y un cargo por conspiración para lavar dinero contra Juan José De La Cruz-Morales, alias “Wandy” y cinco acusados adicionales como parte de una Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF) investigación”, establece un comunicado de las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos, mediante el agente especial interino a cargo de la División del Caribe de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), reconoció el trabajo “extraordinario” de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y las autoridades de la República Dominicana en el ataque a las organizaciones criminales transnacionales “que dañan a nuestros dos países”.

“Las plataformas Caribbean Corridor Strike Force y Caribbean Border Integency Group fomentan un alto grado de cooperación y transparencia entre las agencias federales de aplicación de la ley que facilitan la investigación y el enjuiciamiento de objetivos de alto nivel y líderes de organizaciones criminales transnacionales como el Sr. De La Cruz -Morales ”, dijo Ivan J. Arvelo, agente especial a cargo de HSI San Juan.

“HSI también aprecia los esfuerzos de nuestros excelentes socios encargados de hacer cumplir la ley en la República Dominicana, particularmente la DNCD y la PGR”, precisó.

La Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF) es un grupo de Trabajo de Lucha contra las Drogas contra el Crimen Organizado que opera en el Distrito de Puerto Rico y se enfoca en Organizaciones Criminales Transnacionales con base en el Caribe y Sudamérica involucradas en el contrabando marítimo y aéreo de cargamentos de narcóticos a Puerto Rico. Rico y los Estados Unidos continentales y en el lavado de las ganancias de las drogas mediante el contrabando de efectivo a granel y actividades sofisticadas de lavado. Las agencias signatarias de la CCSF incluyen la DEA, HSI, FBI, CGIS, USMS y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La fiscal federal adjunta Jawayria Z. Auchter de la Sección Organizada Transnacional está a cargo del procesamiento del caso. La CCSF inició una investigación que condujo a la identificación de De La Cruz-Morales y otros objetivos que operan en República Dominicana. La inteligencia compartida con las contrapartes dominicanas ayudó a la DNCD en el desarrollo de la exitosa Operación Falcón. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para asegurar el arresto y extradición de De La Cruz-Morales de la República Dominicana.

El acusado enfrenta una posible sentencia de 10 años hasta cadena perpetua.

“Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, concluye el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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El hombre que amenazó a Abinader estuvo interno en un psiquiátrico y apuñaló a su hermana

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El hombre detenido por las autoridades estadounidenses y acusado por la Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Enrique Figueroa, además de acuchillar a su hermana hace un tiempo, estuvo recluido varios meses en un hospital psiquiátrico en Nueva York.

El dominicano hizo amenazas al presidente de la República, Luis Abinader, a través de varios videos que fueron publicados en su cuenta de Instagram y se viralizaron. El criollo fue detenido, además, tras haber agredido a varios activistas y dirigentes Marcha Verde y el movimiento Acción Rápida en los que tuvo participación.

El hombre, amenazó mediante videos publicados en el internet con secuestrar, herir y matar al presidente Abinader, antes de la llegada de los funcionarios para los procedimientos de las Naciones Unidas de esta semana, fue retenido sin fianza el lunes por ser un peligro para la comunidad.

Figueroa, de 47 años, fue acusado en una denuncia penal en un tribunal federal de Manhattan por hacer amenazas interestatales y contra un funcionario extranjero. Fue arrestado el domingo después de que las fuerzas del orden lo invitaran a reunirse con ellos en una comisaría policial.

El fiscal federal adjunto Alexander Li dijo que Figueroa hizo amenazas en línea en agosto y septiembre antes y después de ser entrevistado por las autoridades policiales, quienes lo dejaron en libertad dos veces y le advirtieron sobre las amenazas solo para que continuaran.

Li aseguró que la hermana de Figueroa obtuvo una orden en contra de su hermano luego que la apuñalara e intentara estrangularla.

También lo describió como un creyente en la teoría de la conspiración QAnon, que sugiere que el ex presidente Donald Trump estaba luchando en una campaña secreta contra una camarilla de profundos enemigos estatales que adoraban a Satanás, demócratas prominentes y élites de Hollywood que operaban una red de tráfico sexual de niños.

Durante un procedimiento en la corte federal de Manhattan, Li le dijo al juez de primera instancia James L. Cott que Figueroa era “un peligro inminente” para Abinader después de varias publicaciones en Internet “muy preocupantes”, incluida la distribución de una fotografía de la caravana de Abinader el sábado y sugiriendo que tal vez no pudiera llegar a casa.

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