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Finjus sugiere ver con telefónicas proyecto de ley de regulación

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que el proyecto de Ley de Regulación a los Servicios Telefónicos promovido por el Senado necesita ser sometido a una revisión y discusión con representantes del sector para evitar una “afectación desmedida” al mercado de las telecomunicaciones que pudiese derivar, incluso, en un desincentivo a la inversión y expansión del mercado.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que como el proyecto presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, es bueno que se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.

Consideró conveniente revisar que las medidas insertas en el referido proyecto, se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), dijo que es importante aclarar, que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos.

“Se debe tener en cuenta que al adquirir el servicio prepago, se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos”.

 

Dijo que extender a 6 meses el período de vigencia de los minutos, además de no corresponderse con el principio de razonabilidad que procura actualmente el plazo de tres meses para usar los saldos no consumidos, fue consensuado con el sector y el ente regulador.

Agregó que la regulación que entraría en vigencia el próximo mes de mayo, “eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica”.

Afirmó que esa limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.

Recordó que las empresas prestadoras del servicio realizan una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado “y donde se continúa imponiendo numerosas cargas regulatorias que, inclusive, pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad” situación que dijo, puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.

 

En cuanto a la eventual eliminación del cargo por reconexión del servicio por falta de pago, la Finjus dijo que hay que tomar en consideración que, además de que la Ley 153-98 reconoce el derecho a cobrar cargos vinculados a la reinstalación, las empresas prestadoras incurren en costos operativos, técnicos y administrativos.

“Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requiere de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores”, dijo Castaños Guzmán.

 

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que el proyecto de Ley de Regulación a los Servicios Telefónicos promovido por el Senado necesita ser sometido a una revisión y discusión con representantes del sector para evitar una “afectación desmedida” al mercado de las telecomunicaciones que pudiese derivar, incluso, en un desincentivo a la inversión y expansión del mercado.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus Servio Tulio Castaños Guzmán, indicó que como el proyecto presenta un marcado enfoque de favorabilidad al consumidor y/o usuario, es bueno que se reflexione sobre los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y libre mercado que resultan imprescindibles para ofertar el servicio por parte de las prestadoras del sector.

Consideró conveniente revisar que las medidas insertas en el referido proyecto, se sustenten en mecanismos equilibrados del mercado que justifiquen una nueva intervención regulatoria en ámbitos que han sido ya reglados por la entidad rectora del sector, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Respecto del traspaso de minutos no consumidos (Rollover), dijo que es importante aclarar, que hay una razón que justifica la existencia de límites en los plazos de caducidad o expiración de los minutos pagados y no consumidos.

“Se debe tener en cuenta que al adquirir el servicio prepago, se está pagando anticipadamente por un servicio y uso de la infraestructura que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones ponen a disposición inmediata y por un determinado período de tiempo, y por la cual están incurriendo en costos operativos”.

 

Dijo que extender a 6 meses el período de vigencia de los minutos, además de no corresponderse con el principio de razonabilidad que procura actualmente el plazo de tres meses para usar los saldos no consumidos, fue consensuado con el sector y el ente regulador.

Agregó que la regulación que entraría en vigencia el próximo mes de mayo, “eliminará la posibilidad de diseñar promociones y ofertas especiales con una vigencia específica”.

Afirmó que esa limitación a la oferta comercial en el segmento generará una homogeneización del producto de las diferentes empresas, restándole al mercado diversidad y opciones suficientes para cubrir los distintos perfiles de consumo, lo que evidentemente perjudica a mediano plazo la competitividad en el mercado.

Recordó que las empresas prestadoras del servicio realizan una gran inversión para entrar a competir en un mercado altamente concentrado “y donde se continúa imponiendo numerosas cargas regulatorias que, inclusive, pueden poner en peligro el ejercicio de la libertad de empresa, generando importantes efectos negativos en cuanto a su sostenibilidad” situación que dijo, puede ir en contravía a la relevancia que se pretende otorgar desde el Estado al fomento de la competencia.

 

En cuanto a la eventual eliminación del cargo por reconexión del servicio por falta de pago, la Finjus dijo que hay que tomar en consideración que, además de que la Ley 153-98 reconoce el derecho a cobrar cargos vinculados a la reinstalación, las empresas prestadoras incurren en costos operativos, técnicos y administrativos.

“Esta iniciativa de regulación de los servicios telefónicos requiere de una revisión extensiva pues la misma obvia las normas y disposiciones a las cuales se encuentran sujetos los operadores”, dijo Castaños Guzmán.

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La Justicia de EE.UU. dictamina que el expresidente peruano Alejandro Toledo puede ser extraditado a su país

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La Justicia de EE.UU. emitió un fallo este martes que habilita la posible extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo. El exmandatario se encuentra detenido en ese país desde julio de 2019, como acusado de aceptar un soborno de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht durante su mandato (2001-2006).

 

Según informaron medios locales, el juez de California Thomas Hixson consideró que la evidencia presentada por el Estado peruano es suficiente para establecer que Toledo habría cometido el delito de lavado de activos y colusión, y por ende ordenar su extradición.

“La Corte certifica a la Secretaría de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos bajo el tratado (de extradición) de EE.UU. con Perú”, señala el documento de a sentencia.

Toledo está involucrado en el llamado caso Ecoteva, una trama de corrupción en la que el Poder Judicial peruano “detectó una ruta de dinero con cuentas ‘offshore’ en Panamá y costa Rica”, que llegaron a Perú para la compra de inmuebles.

En ese marco, de acuerdo a la acusación del equipo especial Lava Jato, el exmandatario habría recibido sobresueldos de hasta 35 millones de dólares durante su gobierno para favorecer a las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa con unas licitaciones de la ruta Interoceánica, caso por el que ya pesa sobre él una orden de extradición.

REUTERS

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Abinader asegura ha realizado una de las mayores transformaciones políticas que ha tenido el país

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Lilian Tejeda
Santo Domingo, RD. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este martes un encuentro regional en el que líderes políticos, entre ellos varios presidentes y expresidentes, abordan los desafíos económicos y geopolíticos actuales que enfrenta América Latina y el Caribe.

Al pronunciar un discurso en la apertura del foro Abinader manifestó que su Gobierno, que recién cumplió un año de gestión, ha realizado una de las mayores transformaciones políticas que ha tenido el país.

“Hemos renunciado a influir en el Ministerio Público. Hemos instaurado una justicia independiente con iguales consecuencias para todos. Donde no hay excepciones y donde solo se cumple la ley. Este cambio, nos ha permitido mostrarnos ante el mundo como un país seguro a la inversión, serio y riguroso”, expresó el mandatario.

El presidente destacó los logros económicos y el proceso de reformas que se ha iniciado en el país.

“República Dominicana ahora predica con el ejemplo y pone en marcha aquello en lo que cree; la libertad y una buena democracia son los mejores elementos para desarrollar un proyecto económico sólido, inclusivo, y a largo plazo”, expresó.

Indicó que el destino de los países de la región siempre ha estado entrelazado y siempre lo estará, por lo que propuso una integración latinoamericana basada en estos valores, libertad, democracia y desarrollo inclusivo.

“Si conseguimos poner todos rumbo a ese propósito, y este foro es un buen sitio para trabajar en esa dirección, creo que el mundo puede tener un actor nuevo muy importante, uno que habla el mismo idioma, que tiene mil acentos pero que persigue un propósito unido; el bienestar de sus pueblos”, consideró.

Igualmente el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, quien es el presidente emérito del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), destacó también que el país necesita reformas que la conviertan en una nación más democrática, donde reine la justicia para desterrar la impunidad y dónde “la prosperidad esté al alcance de todos, libre de interferencia gubernamental”.

“En estos momentos de tanto incertidumbre a nuestro alrededor, los dominicanos podemos sentirnos orgullosos de ser un faro de la estabilidad democrática. Pero esto no debe ser nunca para autocomplacencia, sino más bien de autoexigencia, buscando siempre mantener y ampliar dichos logros”, expresó Bisonó.

Agregó que el mundo se encuentra en una difícil encrucijada y América Latina no es la excepción.

“Nos enfrentamos a importantes desafíos: democracias en declive, inmigración sin control producto del retroceso económico y social de aquellas naciones donde se infundió el llamado Socialismo del Siglo XXI; la corrupción, el control de la justicia y la polarización de la esfera pública, intensificadas por el surgimiento de las nuevas tecnologías y las redes sociales, entre otros fenómenos que se han visto acelerados y visibilizados por la pandemia”, refirió.

Consideró que este contexto sanitario global ha puesto a prueba el funcionamiento de las instituciones y ha  agregado elementos mucho más complejos para la toma de decisiones.

“Por esto, debemos seguir esforzándonos para elevar la calidad de las instituciones, y combatir las brechas sociales a través de políticas públicas que no dejen a ningún sector en rezago”, expuso.

Participantes

En el encuentro participan, algunos de forma presencial y otros virtual, el expresidente de Argentina Mauricio Macri; Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay; Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia; Gerardo Bongiovanni, de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL); entre otros.

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