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Colegio de Abogados somete recurso en el TC contra ley de Lavado de Activos

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SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana -CARD- sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional contra  la nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 155-17  bajo el alegato de que viola varios preceptos Constitucionales.

Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, dijo que el literal e del artículo 33 de la Ley 155-17 viola los artículos 40, 44 y 69 de la Constitución; el artículo 17 del Código Procesal Penal; así como la Convención  Interamericana  de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También, agregó, que  viola el decreto No. 1290 que ratifica el Código de Ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana y la Ley 91 del Colegio de Abogados.

Surún Hernández explicó, en una nota de prensa,  que identificar a los abogados como sujetos obligados pasibles de sanciones penales, civiles u administrativas por hechos derivados de sus clientes violenta el principio de la personalidad de la persecución penal contenido en el artículo 40 numeral 14 de la Constitución de la República que dispone: “Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro”.

 Asimismo, dijo que viola el artículo 17 del Código Procesal Penal que plantea que “Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción, sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal”.

El presidente del CARD dijo que al analizar este principio “recordamos las antiguas prácticas de la policía o viejos métodos de investigación que consistían en detener la madre, padre o familiar del sospechoso perseguido, investigado o buscado por la justicia para obtener colaboración del imputado”.

Advirtió que la Ley 155-17 de Lavado de Activos establece consecuencias penales, civiles y administrativas contra los abogados que no colaboren y cumplan con las obligaciones de los sujetos obligados de informar en perjuicio de sus clientes, lo que es constituye un chantaje, secuestro, amenaza, coacción y presión psicológica en contra de los profesionales del Derecho.

“Resulta inaceptable e inconstitucional que a un abogado se le persiga por ejercer su deber de confidencialidad, por guardar el secreto profesional, en síntesis el abogado irá preso por callar, por ejercer el sagrado derecho al silencio del profesional o quinta enmienda en la Constitución de los Estados Unidos de América”, expresó Surún, quien explicó que la acción de inconstitucionalidad fue realizada en coordinación con el abogado Félix Portes.

Informó también que obligar a los abogados mediante ley a proveer documentos recibidos en su actuación profesional o relación cliente-abogado vulnera el derecho a la intimidad contenido en el artículo 44 de la Constitución de la República.

Dijo que dicho artículo dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo”.

El CARD indicó que los abogados deben tener un profundo conocimiento sobre todos los hechos y documentos relevantes para una correcta defensa de sus clientes, por lo que el secreto profesional está contemplado en el derecho a la intimidad y el derecho de defensa, consagrados en los artículos 44 y 69.4 de la Constitución, respectivamente, alegando que sin secreto profesional del letrado, no existe derecho de defensa.

Dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que el derecho a la intimidad garantiza “un espacio que nadie puede invadir, una esfera de actividades absolutamente personal para cada individuo”

El recurso de inconstitucionalidad fue depositado en compañía de una comisión de juristas integrada por Surún Hernández, Trajano Vidal Potentini, José Juan Zapata, Elsa Alvarado, Selena Rosario, Monchy Rodríguez y otros.

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Acusaciones narcotráfico y corrupción golpean la imagen de los partidos

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Especialistas han alertado de que la situación alimenta el discurso del antipartidismo que se viene instalando en RD

En los últimos cuatro años, al menos cinco casos de corrupción y narcotráfico que involucran a dirigentes de los partidos políticos ha golpeado la imagen de las organizaciones y reforzado el discurso antipartidos que se ha venido instalando en el país. El último caso es el expediente por narcotráfico Operación Falcón en el que las autoridades del Ministerio Público han señalado al menos dos diputados, pero la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, ha dicho que son varios los legisladores involucrados.

En el último año, al menos cuatro legisladores han sido vinculados al narcotráfico y lavado de activos. Se trata de Héctor Darío Féliz Féliz, representante de Oviedo, Pedernales, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de los oficialistas perremeístas por Santiago, Nelson Marmolejos Gil y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, así como Rosa Amalia Pilarte, por La Vega, vinculada al lavado de activos. Gutiérrez Díaz fue detenido en Miami acusado de narcotráfico.

En el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas Azua. Además de esos funcionarios electos por voto popular, figura Juan Maldonado, exdiputado y titular de la Dirección General Comunidad Digna, acusado de narcotráfico en la Operación Falcón.

En cuanto a los casos de corrupción, desde diciembre del 2020 a la fecha, han sido sometidos cuatro expedientes: Antipulpo, Coral, Medusa y Operación 13. Por el último caso está preso el dirigente del PRM en Bonao y exdirector de la Lotería, Luis Maisichell Dicent. Los demás expedientes involucran a colaboradores cercanos del expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como miembros del Comité Central por supuestos actos de corrupción en el pasado gobierno como Jean Alain Rodríguez y Francisco Pagán.

En el expediente Odebrecht, que está en la etapa final del juicio de fondo e inició en mayo del 2017, varios dirigentes de la cúpula del PLD y del PRM fueron acusados. Figuran Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán, quienes siguen en juicio.
Originalmente fueron acusados Temístocles Montás, Julio César Valentín y Radhamés Segura, todos del Comité Político del PLD. Del PRM, Alfredo Pacheco y César Sánchez, así como Ruddy González del PRD.

Según la encuesta Latinobarómetro, para el 2018 solo el 14 % de los ciudadanos confiaba en los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad.

¿Cómo han respondido los partidos?

La respuesta del PLD y del PRM sobre sus dirigentes involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, ha sido las acusaciones entre un grupo y otro en un intento por sacar provecho político de la situación. El PRM dijo que respalda las acciones tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, con “un Ministerio Público independiente”. “Por décadas, nuestro país estuvo inmerso en un sistema de impunidad latente y uno de los mayores compromisos del Partido Revolucionario Moderno ha sido romper con ese sistema. Nuestra organización respalda la justicia independiente, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad de manera contundente, caiga quien caiga”, dijo.

El PLD se ha limitado a pedir al PRM que diga cuánto dinero recibió del narcotráfico en la pasada campaña, mientras que ha dicho que se trata de persecución política y justicia selectiva el sometimiento por corrupción de los dirigentes de esa organización.

Costo facilita narco penetre partidos

Para el politólogo Engels Villanueva el narcotráfico ha encontrado la oportunidad de ampararse en las estructuras partidarias en un sistema político-electoral cada vez más costoso. “El mayor abono de esta relación ha sido la débil estructura democrática de República Dominicana y la financiación de las campañas electorales. Políticos se apalancan en esta estructura mafiosa, ante los escasos mecanismos de control y como una apuesta para financiar sus campañas electorales y evidentemente que estas estructuras del crimen organizado penetran y debilitan la institucionalidad democrática, porque comprometen a los políticos para que les aseguren impunidad”, sostuvo.

Consideró que el hecho de que los golpes al narcotráfico provengan de organismos internacionales como la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, es una muestra de que las instituciones que combaten ese tipo de crimen necesitan fortalecerse. “No es posible que los partidos políticos no sean sujetos obligados en la Ley de Lavado de Activos, es decir, que no están obligados a depurar y verificar el origen de los fondos que reciben. Los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados, y al parecer este no es un tema prioritario en los debates de las reformas que tenemos pendientes”, observó.

Acusaciones fortalecen el discurso antipartidos

Con la propuesta del presidente Abinader de que los integrantes de ciertos órganos del Estado como la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas no tengan militancia política partidista como mecanismo para garantizar independencia, se activaron algunas alarmas de que ese enfoque alimenta el discurso antipartidista y ahora los sometimientos por delitos vinculados al crimen organizado y la corrupción afectan aún más la credibilidad de las organizaciones. Villanueva consideró que el antídoto de los partidos ante esa realidad debe ser mayor transparencia. “Partidos y políticos están obligados a mayor transparencia porque es igual a mayor confianza y participación democrática y por ende más confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, apuntó. También llamó a poner controles al financiamiento privado.elcaribe

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Suprema designa juez Napoleón Estévez caso Operación Falcón

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SANTO DOMINGO.-  La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Napoleón Estévez como juez de instrucción especial en la investigación de la Procuraduría General sobre la red de lavado de activos y narcotráfico internacional, recién desmantelada a través de la Operación Falcón.

Tomó la decisión luego de recibir la tarde de este jueves el expediente  sobre este caso mediante el Auto 16-2021.

El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina desigó  a Estévez amparado en el artículo 17 de la Orgánica de la Suprema Corte de Justicia.

La solicitud de designación de juez especial fue hecha por la Dirección de Persecución del Ministerio Público, con motivo de una investigación contra diputados Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo) y  Héctor Darío Féliz Féliz (PRD-Pedernales).

La SCJ recibió el expediente “Falcón” del Ministerio Público, el cual junto a otras entidades nacionales e internacionales, realizó allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y El Seibo y La Altagracia

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