Síguenos:

Destacadas

Roberto Rosario: “La reelección solo es posible con reforma constitucional”

Publicado

on

SANTO DOMINGO – El pasado presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, rompió el silencio que había mantenido por más de un año desde su salida del órgano electoral, que tuvo su sello durante una década, desde el 2006 hasta noviembre del 2016. A pesar de los cuestionamientos a su desempeño en las elecciones del 2016, en especial por la compra de equipos que fueron objeto de críticas por parte de la oposición, días previos a  los comicios, y que la actual administración de la JCE dijo que no usará por el “desempeño deficiente”, Rosario había guardado silencio, lo que contrasta con su perfil público de hombre contestatario que “no deja pasar una”. De las críticas se defendió diciendo que los candidatos que sabían de antemano que no serían favorecidos con el voto decidieron desacreditar las pasadas elecciones, y que el propio informe de la JCE establece que solo el 30% de los equipos no fueron utilizados, pero no porque no servían sino por factores humanos. Rosario es una voz autorizada para hablar del actual debate de la ley de partidos y la reforma a la Ley Electoral, pues además de ser jurista y tener amplia experiencia en materia política y electoral, fue durante su gestión que se elaboraron los proyectos que se debaten en el Congreso sobre la materia. Sobre la ley de partidos consideró que en este momento las condiciones no están dadas para ser aprobada por la falta de consenso, y que aprobarla en un ambiente tan caldeado resultaría contraproducente. Sobre el recurso que busca que el Tribunal Constitucional anule el vigésimo artículo transitorio de la Constitución que veda al presidente Danilo Medina para presentarse como candidato en el 2020, sostuvo que la reelección del presidente Medina solo es posible con una nueva reforma a la Carta Magna. Recibió al equipo de Elcaribe en su casa.

 ¿Por qué mantuvo silencio a pesar de los cuestionamientos a su desempeño en las elecciones del 2016?

Creo que cuando se ejerce una función pública estamos obligados a rendir cuentas por el desempeño de esa función. En mi caso la forma de rendir cuentas se hacía a través de la comisión de planificación, y los informes se discutían o se aprobaban, o rechazan en el pleno. Cada dos años la Cámara de Cuentas hacía una auditoría general de la gestión. Precisamente en el curso de este mes fui informado por la Cámara de Cuentas que la auditoría que se practicó a los últimos dos años que quedaban de mi gestión, es decir al 2015 y la parte que me correspondió administrar del 2016, ya concluyeron. Eso significa que los 10 años de administración de recursos públicos que yo tuve en la JCE ya fueron auditados por la Cámara de Cuentas, y los resultados que he tenido han sido extremadamente satisfactorios. No había hablado porque estaba esperando que la Cámara de Cuenta cumpliera su labor para salir.

¿Cuál fue su legado de diez años al frente de la JCE?

Hay muchas cosas que a veces quisiéramos borrar, pero están tan impregnadas en el pueblo dominicano que no hay forma que puedan ser borradas, y mi legado trasciende el tiempo que estuvo y trasciende en los propios planes que me dí. Cuando llegué a la JCE el 98% de las actividades del registro civil eran manuales, a mí salida el 100 por ciento son automatizadas, son 165 oficialías del estado civil que realizan todas sus actividades en línea. La inmensa mayoría de los folios no estaban automatizados y cuando salí el 90% se habían digitalizado, por eso hoy los dominicanos pueden obtener su documento de identidad en cualquier lugar que se encuentren. Cuando asumí la Cámara Administrativa solo funcionaban 13 centros de cedulación y ahora en los 158 municipios. Las oficialías del estado civil eran feudos que hacían millonarios a un grupo de personas y yo en el año 2006, elaboré el reglamento sobre los sueldos de los oficiales del estado civil y gracias a eso la JCE recibe anualmente mil 200 millones de pesos que se emplean en políticas públicas para resolver los problemas de los ciudadanos. Además, en mi gestión logramos que el documento de identidad se unificara con el acta de nacimiento, y se dejaron 62 oficialías en los hospitales donde el niño al momento de nacer tiene su número único de identidad que será su número de cédula cuando sea mayor. Creamos la Escuela Nacional de Formación Electoral que contribuyó a la educación y formación de los militantes y activistas políticos y del personal de la JCE. Más de 100 edificios fueron construidos, remodelados o intervenidos. El patrimonio neto de la JCE podría rondar los 100 o 200 millones de pesos, y hoy supera los 4 mil millones de pesos. La JCE era criticada por la forma en que organizaba los procesos electorales, a mi salida dejé la JCE presidiendo Asociación de órganos electorales, presidimos la Unión Regional de Órganos Electorales (Uniore), y además nos convertimos en tema de referencia obligada en la región, dejamos de ser un órgano que mendiga ayuda de otros pueblos, a ser un órgano que recibió cooperación, pero que también daba cooperación. Sin duda, la JCE del 2016 que yo dejé no se parece en nada a la JCE que recibí en el año 2006, empezando hasta por la imagen del edificio central.

Su salida de la JCE fue bajo cuestionamientos a pesar de todo eso ¿A qué lo atribuye?

Una de las grandes deficiencias del sistema electoral dominicano es la falta de responsabilidad de los actores políticos. Su resistencia al cambio, hablan del cambio de boca, pero en el fondo no lo aceptan. Lo más difícil para un órgano electoral es tener procesos muy reñidos o administrar un proceso electoral desbalanceado donde con mucho tiempo de anticipación ya se sabe cuál va ser el resultado. Me tocó administrar las elecciones del 2008, 2010 y 2012 y la diferencia de las pasadas con todas las demás es que tres meses antes todas las encuestas reflejaban un seguro ganador con una ventaja de aproximadamente un 25% o un 30% y eso no varió. Los últimos 15 días los partidos que adversaban a ese candidato y a ese partido estaban más concentrados en deslucir el proceso electoral que en ganar. 15 días antes de las elecciones lo que ya había sido consensuado pidieron que se modificara el sistema de conteo, pero nuestra respuesta fue simplemente crear un sistema paralelo de conteo manual. ¿Funcionó el sistema? Claro que sí. Si se observa la información que mandó a los medios de comunicación la propia JCE que aproximadamente el 70% de los equipos funcionó bien, y que hubo un 30% aproximadamente que no se utilizó en el proceso electoral, pero no porque los equipos estaban dañados, sino por factores humanos, porque el delegado de un partido desconectó el equipo, porque algunos miembros de mesa por la presión de los partidos no quisieron utilizarlos. Lo que sí registran todos los observadores es que en todos los lugares que se contó el conteo electrónico fue exactamente igual el resultado del conteo manual. Estas fueron las elecciones donde más se escrutó la voluntad popular, se contó hasta tres y cuatro veces una sola boleta.

¿Es cierto que por primera vez el centro de cómputos no estuvo bajo el control de la JCE según un informe de la JCE? 

La misma empresa desmintió esa información vertida por el pleno de la JCE, y dijeron que ellos únicamente fueron proveedores de software y hardware, y más aún, dijeron que eso fue instalado en la sede de la JCE y que todavía esos equipos están bajo el dominio de la JCE. Dicen de manera textual que no manipularon ni administraron la parte que tenía que ver con la elaboración, difusión del cómputo electoral.

¿Entonces no es cierto que la empresa Indra controló el cómputo en las elecciones?

Ese cómputo fue administrado por el equipo técnico de la JCE que siempre lo ha hecho. Había un equipo en la sede central de dominicanos y dominicanas que siempre han trabajado en la Junta y estuvo bajo la responsabilidad de Franklin Frías y el ingeniero Soler. Quien me entregaba los boletines era indistintamente o Franklin Frías o el ingeniero Soler, y a estos lo ayudaban otros técnicos. A los que dicen eso lo que le puedo decir es que se preocupen de hacer las cosas bien porque ya yo estuve, mi tiempo en la Junta terminó, es una etapa de mi vida superada y nadie me va a recordar como el que se dedicó a perseguir y criticar a Morel Cerda (Juan Manuel), me van a recordar porque lo que hice, ojalá que a los otros no lo recuerden como los que se dedicaron a criticar a Roberto Rosario.

¿Las elecciones del 2020 son tan complejas como se dice?

Creo que no, son fáciles por varias razones. Tendrán dos etapas, una en febrero, donde la JCE solo será una facilitadora, porque quien va administrar ese proceso son las juntas electorales, en el cómputo, transmisión y difusión son las juntas electorales, por tanto, eso no genera complicación en la administración de ese proceso. Es una sola boleta ¿Qué problema puede haber?

¿El voto preferencial municipal complicaría ese proceso?

No. El voto preferencial de los regidores y de los diputados es una conquista democrática que debe ser preservada. Cada día lo que necesita un ciudadano es que sea lo más cercano posible y la lista cerradas son antidemocráticas. No veo dificultad en eso, y si quieren pueden hacer dos boletas, una para el alcalde y una para los regidores.

¿Están dadas las condiciones para que se apruebe la ley de partidos?

Más importante que lo que se apruebe sea primarias abiertas o cerradas es o no inconstitucional, más que eso, lo más importante es el clima que rodea el proceso de aprobación de una ley electoral. Las leyes electorales son las reglas básicas en la lucha por el poder político en un país, por tanto, al definir el tipo de primarias, estamos definiendo la forma de expresión de las fuerzas políticas y de los ciudadanos organizados en esas fuerzas políticas. La definición de partidos políticos más cercana al consenso es que son entes privados de interés público, que no es lo mismo que ente privado o que ente público. Me siento cercano a esa definición que es la que está contenida en la propuesta de ley de partidos y del régimen electoral. El clima para la aprobación de esas leyes no es el más conveniente en este momento, más que definir quien tiene o no tiene la razón. Los más afectados con esa ley podrían ser sus promotores, porque aunque se apruebe por ser satanizada, para su aprobación, dada la crispación que hay con el tema, habría que recurrir a métodos que no creo que sean los más convenientes. No hay el clima adecuado en este momento para que se apruebe algo que no sea del consenso de los partidos y de la sociedad.

Hay un recurso en el Tribunal Constitucional que busca suprimir el vigésimo artículo transitorio de la Constitución ¿El TC tiene competencia para declarar inconstitucional la Constitución?

Comparto el criterio del presidente del Senado (Reinaldo Pared). Solo es posible la reelección con una reforma a la Constitución. No creo que el Tribunal Constitucional tenga competencia para conocer de ese pedido. El argumento de que  los derechos fundamentales no pueden ser reglamentados no tiene sustancia, todos los derechos, sin excepción, tienen que ser regulados y reglamentados para poder ejercerlos. La gente tiene derecho a votar, pero dice la Constitución que debe ser de conformidad con la ley, y que si usted no tiene cédula no puede votar, ni puede ser elegido. No me estoy refiriendo a si estoy de acuerdo o no con la reelección, solo que comparto el criterio del presidente del Senado que solo es posible una reforma a la Constitución. ¿Se ha reunido con el presidente Danilo Medina luego que dejó la JCE?l Sí, la pasada semana (La entrevista se hizo el 27 de marzo).

“Voy a estar activo en la política a partir de abril”

¿Piensa volver a la política? En el curso de esta semana le estoy tramitando una comunicación al expresidente Fernández en su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y al secretario general, Reinaldo Pared, en la que le estoy diciendo que habiendo concluida mi función pública y habiendo desaparecido las causas que me alejaron del activismo partidario, que me indiquen cuál es mi estatus en esa organización para tomar una decisión posterior. ¿Entonces lo veremos en política? Claro y activo a partir de abril. La gente que estaba inquieto porque no me veían que se preparen. Estaremos en la actividad política, todavía tengo cosas que aportar, no soy perfecto, cometo errores, y hay muchos ciudadanos que valoran mi trabajo en la JCE. Voy a hacer el cambio como un ciudadano que ejerce sus derechos políticos a plenitud. Será a nivel nacional refiriéndome a todos los temas porque aquí hay un déficit en el liderazgo responsable.

Comparte esta noticia!
Continuar leyendo
Anuncio

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Click para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Haz tu comentario

Destacadas

Abinader ordena retirar proyecto de ley contra la ciberdelincuencia; revisarán aspectos sobre libertad de expresión

Publicado

on



El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó este miércoles retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia depositado hace varios días en ese órgano legislativo.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que ahora el proyecto será llevado a una Comisión Consultiva para su revisión y actualización en aspectos sobre la libertad de expresión.

“Por instrucción del Ptde de la Rep. estoy procediendo a retirar de la C. de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, informó el funcionario vía Twitter.

Desde que se dio a conocer el sometimiento de este proyecto varios sectores expresaron su rechazo al señalar que la iniciativa buscaba coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.

Esta iniciativa contemplaba de tres meses a cuatro años de prisión las sanciones que enfrentarían las personas en la República Dominicana por difundir o poner a disposición material y publicaciones que discriminen a otros ciudadanos.

Según el referido proyecto, serán sometidos a la acción de la justicia quienes difundan publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color de piel, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión.

También, las personas que incurran en este delito pueden recibir multas de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Esta ley establece que la difamación cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público. La persecución del delito de difamación se promoverá mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.

En cambio que la injuria pública cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Hace varias semanas, el presidente Abinader remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

El objeto de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

El proyecto de ley establece su propio ámbito de aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación corresponden.

En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.

La eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con una tipificación penal.

Comparte esta noticia!
Continuar leyendo

Destacadas

Denuncian Procuradora Mirian Germán cancela 137 fiscales

Publicado

on


Santo Domingo-El distinguido Jurista y abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz declaró a este diario que el apresamiento del abogado Johnny Portorreal es a todas luces ilegal por haber sido practicado por el Fiscal adscrito al departamento de prófugos Juan Ramirez, independientemente de que haya estafador o no a los sucesores de la familia Rosario.

Ferreras Díaz dijo que ese fiscal actuante en ese ilegal apresamiento Juan Ramirez es uno de los 137 fiscalizadores que en el día de ayer denunciaron una persecución de la Procuradora Mirian Germán al cancelarlo de su condición de fiscal efectivo al 31 de julio próximo al establecer que su designación había sido ilegal en la Procuraduria de Jimenez Peña, Francisco Dominguez Brito y Jean Alain Rodríguez ya que fueron designados de manera administrativa y no por concurso como establece la ley, para lo cual iniciaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que quedó en estado de fallo.

Ferreras Díaz dijo que con la situación irregular de esos fiscales todas sus actuaciones escapan a los principios de legalidad y transparencia que establece el artículo 171 de la Carata Magna y la ley 33/2011 que regula el funcionamiento del Ministerio Público por lo que todas las acciones, arresto, condenas, sentencias, allanamientos y demás operaciones propias del Ministerio Público son ilegales y contrarias a la constitución y el Estado Dominicano puede ser demandado en responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios por esas acciones antijurídicas.

El populoso abogado dijo que con la Resolución emanada del Consejo del Ministerio Público degradando a esos fiscales a abogado ayudantes vulnera sus derechos fundamentales y crea un estado de ingobernabilidad en el país, pues todas sus acciones de más de 15 años son nulas de pleno derecho bajo el principio de que el fraude todo lo corrompe y todo proceso sobre base fraudulenta es nula de pleno derecho.

Ferreras Díaz hizo un llamado a la Fiscal Independiente Mirian Germán a poner frenos a e esos abusos del Consejo del Ministerio Publico retirando estas acciones de cancelación ilegal de Fiscalizadores para no crear un caos en el sistema de justicia dominicano y respetar así el estado de derecho que existe en el país y la Supremacía de la constitución y la continuidad del estado moderno creado por la constitución proclamada el 26 de enero del alo 2010.

El Exponente jurista Fredermido Ferreras estableció que el Fiscal Juan Ramirez es quien se encuentra a la derecha del abogado defensor Carlos Mesas en la rueda de prensa de ayer con motivo de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo buscando que la Procuradora Mirian Germán Brito respete sus derechos adquiridos como Fiscalizador y lo mantenga en su cargo, pero mientras el Consejo del Ministerio Publicó lo humilla, lo maltrata, lo degrada, lo saca del sistema de manera vejatoria, este eficiente fiscalizador trabaja 24/7 para resolver problemas tan viejo como este del Abogado Johnny portorrear quien tenía una orden de arresto por más de 2 años y ni la Fiscal del Distrito Rosalva Ramos, ni la Policía Nacional, ni la Procuradora Mirian Germán, Yenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y demás cuerpos investigativos no pudieron resolver este caso que constituía una burla al sistema de justicia penal donde más de 400 querellantes reclamaban justicia y que era un dolor de cabeza para el Ministerio Público, sin embargo para resolver estos problemas si su nombramiento es legal pero para su promoción y mantenimiento en su cargo ahora resulta es ilegal y quieren sacarlo de su cargo ejercido con eficiencia y eficacia ya que en 15 días apresó a este prófugo estafador, pero que la disyuntiva ahora es la siguiente: “Si como dice el Consejo del Poder Judicial y la procuradora General este nombramiento de Juan Ramirez y 136 fiscalizadora más son ilegales y deben ser cancelados, son o no ilegales también sus acciones pues todo proceso que nace de una ilegalidad es también ilegal o no?”

Concluimos preguntando son legales las actuaciones de los Fiacalizadores Juan Ramirez, Juana Cabrera y 135 fiscalizadores más que segun sus superiores fueron designados de manera ilegal??? Sea usted el jurado.

Dr. Fredermido Ferreras Díaz
Abogado penalista y constitucionalista

Comparte esta noticia!
Continuar leyendo

Destacadas