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FINJUS entiende aumento salarial de Cámara de Cuentas es inoportuno y cuestionable

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SANTO DOMINGO – La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) planteó que la decisión de los miembros de la Cámara de Cuentas de aumentarse el salario es inoportuna, incoherente y cuestionable y debe ajustarse de acuerdo con los principios de razonabilidad.

La entidad indicó que la medida refuerza las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad.

La FINJUS explicó mediante un comunicado que entiende que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser descoordinadas e incoherentes

 

A continuación el comunicado íntegro de la Finjus:

 Entendemos que esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.

En ocasión de la discusión de relevante interés público que ha suscitado el reciente aumento salarial de la Cámara de Cuentas a sus funcionarios y personal en general, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) entiende necesario realizar algunas puntualizaciones en atención a esta actuación administrativa.

Funjus se expresó al respecto de cara al marco normativo que rige la materia y las disposiciones contenidas en nuestra Constitución.

En su calidad de órgano constitucional, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana requiere de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria a fin de ejecutar su objeto en cuanto a institución técnica encargada de examinar y auditar las cuentas generales y particulares de la estructura gubernamental. En esto se fundamenta la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional sobre estos órganos, pues apunta que dada su naturaleza las legislaciones correspondientes a la estructura de la administración pública “se aplicarán (…) siempre  que  resulten  compatibles  con  su normativa específica, y no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes”.

El amplio catálogo de facultades derivado de esta autonomía funcional de la que goza la Cámara de Cuentas encuentra límites expresos en la propia Constitución, pues en su artículo 140 establece que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.

La prohibición contenida en el referido artículo responde a los principios que derivan del derecho a la buena administración, pues se orienta a que los altos mandos no regulen los aumentos salariales de manera que les favorezca en el transcurso de su período de función y así se desincentive a los funcionarios públicos de realizar aumentos salariales en provecho propio.

Amparándose en ello pudiese alegarse que se ha actuado conforme al ordenamiento jurídico pues fue el pleno anterior y no el actual que aprobó, mediante resolución número ADM-2013-012 de fecha 5 de noviembre del 2013, el reajuste salarial aplicado. Sin embargo la discusión sobre este asunto no puede relegarse a un test de legalidad de carácter simplista, sino que requiere una evaluación a la luz del principio de razonabilidad a los fines de verificar la legitimidad de la medida.

Es imprescindible tener en consideración que toda resolución debe estar ajustada a los principios de la administración pública. Los órganos constitucionales, como lo es la Cámara de Cuentas, no escapan a esta sujeción, pues aunque no se deben jerárquicamente al órgano rector de la administración pública, sí deben ser coherentes y contestes a los parámetros que rigen a la actuación administrativa.

Uno de los presupuestos básicos de la cláusula constitucional con relación a las decisiones administrativas que toman las entidades gubernamentales es que las mismas han de estar sujetas a los controles y principios de la administración pública establecidos en el ordenamiento jurídico; dentro de ellos resaltamos la razonabilidad jurídica y la racionalidad económica, los cuales se erigen como criterios necesarios a la hora de ejecutar una resolución de esta índole.

En este sentido, cabe apuntar que estos principios de razonabilidad, eficacia, proporcionalidad, economía, transparencia y buena administración exigen a los miembros de la Cámara de Cuentas que sus decisiones deben estar adoptadas de forma congruente con los fines de interés público que justifican la actuación administrativa, tomando en consideración todas aquellas circunstancias que conforman la realidad fáctica y jurídica subyacente.

Entendemos que esta medida se percibe como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo que informan los miembros de ese órgano, caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.

En este sentido, consideramos que  el organismo encargado de ejercer el control de la fiscalización de los bienes económicos del Estado no puede enviar en estos momentos un mensaje que contradice el espíritu de economicidad y razonabilidad para el buen uso de los recursos públicos. Además de ello, en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público debe destinar al pago de salarios de alto nivel se encuentra en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones estatales, sean satisfactorios.

En otro orden es impostergable que desde el Poder Ejecutivo se emitan los reglamentos que harán efectiva la aplicabilidad de la Ley No. 105-13, la cual normativa, además de indicar topes de salario para funcionarios específicos como el caso del Presidente de la Cámara de Cuentas, establece en su artículo 13 la atribución de los poderes y órganos constitucionales del Estado de fijar sus escalas salariales guiándose de un reglamento salarial que debe dictar el Poder Ejecutivo.

En suma, esta decisión de aumento salarial ha generado múltiples cuestionamientos dado que se adopta en un momento en que, desde el Estado, se insta a los funcionarios de los distintos estamentos a ser comedidos, razonables y coherentes con la situación de estrechez económica y presupuestaria que prevalece en la actualidad. Asimismo se advierte que la misma no estuvo acompañada de ningún tipo de evaluación de rendimiento, eficiencia y efectividad del accionar de la Cámara de Cuentas.

Desde FINJUS entendemos que a la luz del ordenamiento legal vigente, la actuación de la Cámara de Cuentas se suma a una serie de decisiones adoptadas por los órganos públicos, que lamentablemente se han caracterizado por ser inoportunas, desconsideradas, descoordinadas, incoherentes y cuestionables, que refuerzan las percepciones sociales que alimentan la falta de credibilidad en las promesas estatales de practicar la austeridad, cultivar la eficiencia y mejorar la comunicación hacia la sociedad.

 

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Informa que el horario de construcción de las obras es de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde

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El Sistema Integrado de Transporte de Santiago (SIT) dio a conocer a través de un comunicado de prensa los sectores que están siendo intervenidos en la ciudad de Santiago con el proceso de construcción de las obras relacionadas con el Monorriel y el Teleférico de Santiago.

Actualmente se trabaja en las Estaciones 2, 3, 4, 5, 7, y 8 del Monorriel.  “La Estación 2 se levanta en la Avenida Tamboril en el Barrio de Cienfuegos; la estación 3 en la Calle 51 del Ensanche Mella y la Calle 1 del Ensanche Espaillat.  La estación 4 se levanta en la Ave. Longitudinal de la Zona Industrial, mientras que la estación5 se construye en la Avenida Circunvalación Sur en los sectores Zona Industrial, Altos de Vireya y ensanches Bermúdez.  Asimismo, las estaciones 7 y 8 se levantan en la Ave. 27 de Febrero en los ensanches Román, Bolívar y Pueblo Nuevo”, informó la institución gubernamental.

“Los cierres de las estaciones están debidamente señalizados con material reflectivo con flechas indicadoras de dirección del tránsito, señalización indicando obstáculo en la vía, señales de hombres y equipos trabajando.  Todas estas medidas las hemos tomado para la seguridad de los transeúntes y los choferes que circulan por esas áreas.  Importante hay que destacar que los horarios de trabajo en las obras son de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde”.

Asimismo, la institución informó que en horarios pico y trabajos especiales cuentan con el apoyo y la colaboración de los agentes de la DIGESETT y personal señaleros para agilizar el tránsito y facilitar la circulación con seguridad de los ciudadanos.  “Todas las estaciones cuentan con la debida señalización, en material reflectivo desde 150 metros antes de llegar a la obra,

Los desvíos están debidamente señalizados indicando las rutas alternas y las señales restrictivas des las rutas recomendadas.

En este momento las obras que se están llevando a cabo en las diferentes estaciones son excavaciones profundas con pilotes y viaducto elevados incluyendo la instalación de equipos electromecánicos.

“Hacemos una llamado a la población de la ciudad de Santiago a estar atentos a las informaciones que estaremos proporcionando permanentemente a través de nuestras redes sociales (@sitdominicana) así como en la página https://fitram.gob.do/ y los medios de comunicación para informar sobre las rutas alternas que recomendamos en cada uno de los puntos en los que estamos trabajando para el desarrollo de las obras”.

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Importaciones llegando y los precios aumentando

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Felipe Ciprián
felipe.ciprian@listindiario.com
Santo Domingo, RD

El pasado sábado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) concedió una entrevista al programa televisivo “Síntesis”, de la familia Hazim, en el que habló de la necesidad de que en el país se produzcan más alimentos, porque los importados serán cada vez más caros.

Las palabras de Pedro Brache fueron directas: “Debido a la baja productividad (agropecuaria) que tenemos, debemos ocuparnos más y ser más efectivos. Producir rubros de ciclo corto para poder tener alimentación barata, alimentación a la que el pueblo pueda acceder porque no hay duda de que todo lo que sea importado va a sufrir aumento de precio”.

Aunque Brache habló extenso sobre el tema, fue claro en afirmar que el problema mayor que afecta al país es la inflación y si se incrementan las importaciones de alimentos que se pueden producir aquí, los precios seguirán aumentando y la gente dispondrá de menor capacidad de compra.

Lo que dice Brache hoy, con toda la autoridad que le confiere ser el líder del empresariado nacional y su propia experiencia, es lo que he venido diciendo desde enero de 2021, cuando pedí al gobierno de Luis Abinader que colocara la agropecuaria nacional como el eje de la recuperación de la economía.

Desde entonces he martillado constantemente la campana para que eso se escuche y solo se ha logrado ensordecer cada día más a los funcionarios del más alto nivel.

Cuando dije que la agropecuaria debía ser el centro de la recuperación, me basé en que la pandemia de Covid-19 estaba en plena expansión, las actividades manufactureras y turísticas eran limitadas, la población estaba pagando un costo altísimo en vidas, deterioro de la salud física y mental.

La agropecuaria tenía la ventaja de que se podía trabajar y producir con el menor riesgo de contagio, es esencial para garantizar la alimentación de la población y exportar principalmente a los mercados más cercanos, en una coyuntura en que junto con los medicamentos e insumos médicos, constituyen la mayor demanda en tiempos de pandemia.

Hace año y medio estimular la agropecuaria y hacer de la República Dominicana un potente granero, viandero y frutero –además de la actividad piscícola, ganadera y avícola- en el centro del Caribe, era y es una estrategia efectiva para garantizar alimentos a precios alcanzables para los niveles salariales de la población y para exportar.

Hacerlo garantiza que no haya desabastecimiento ni necesidad de importar alimentos que aquí se producen de mucha mejor calidad, se fomenta el empleo, el comercio, lo que a su vez estimula la demanda de bienes de la industria, muebles e inmuebles.

El rumbo del gobierno
Contrario a ese planteamiento, que ya vemos que es el mismo que hace ahora públicamente el líder del Conep, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) decidió abandonar la producción agropecuaria nacional para dar rienda suelta a los negocios de importación de alimentos.

La operación comenzó con el despido de 700 profesionales y técnicos agropecuarios (agrónomos, veterinarios, zootecnistas, biólogos, ambientalistas) que laboraban en el Estado y acompañaban los procesos productivos de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Los efectos dañinos fueron inmediatos: profesionales que formó el país quedaron sin empleo después de décadas de servicio público. Al botar a los técnicos fitosanitarios de los aeropuertos y puertos, entró la peste porcina africana y golpeó al sector destruyendo parte de su producción, provocando desempleo y encarecimiento de la carne de cerdo e induciendo a una mayor demanda de pollo.

El Banco Agrícola, bajo las directrices del Ministerio de Agricultura que ordenó cancelar a los técnicos agropecuarios, volcó el grueso de sus financiamientos a la “comercialización”, una palabra dominguera para clasificar los créditos a los intermediarios de la producción nacional y a los importadores.

Aunque eso bastaba para quebrar la agropecuaria, los funcionarios decidieron acelerar la marcha y además de los créditos generosos del Banco Agrícola, el presidente Abinader anunció el 17 de marzo de 2022 “un subsidio” a la importación de alimentos de 3,000 millones de pesos y 475 millones para la producción de arroz.

El objetivo del subsidio fue “mitigar la inflación internacional de la que no se escapa ningún país del mundo”.

Aquí hay dos cosas curiosas por la sobreabundancia de lógica: ¿Se puede “mitigar la inflación internacional” estimulando las importaciones? ¿Qué es lo que se “subsidia” a un comerciante que siempre vende a precios más caros de los que compra?

Pero si todo eso fuera poco para hacer a este país dependiente de la cebolla de Holanda, el arroz de Viet Nam, la papa de Canadá y las habichuelas de Argentina, el gobierno tomó la iniciativa de enviar a su Congreso Nacional el proyecto de ley de cero arancel para las importaciones agropecuarias.

El cuadro se simplifica así: Botar los técnicos agropecuarios, dar el dinero del Estado para importar alimentos y además sin pagar aranceles, lo que priva al productor de financiamiento y de acompañamiento técnico.

Resultado: ruina para el productor, bonanza para el intermediario-importador, y si un gran productor cosecha con eficacia, tiene que enfrentarse en el mercado con la competencia de los bienes importados con subsidios del Estado y sin pagar impuestos.

Subsidios y precios
Lo que acaba de decir Brache está más que demostrado: los bienes importados serán cada día más caros.

Y yo le agrego: Los subsidios que da el gobierno para importación de alimentos que se pueden producir en el país son un generoso regalo a esos comerciantes porque ninguno de esos bienes ha mantenido su precio.

Después del subsidio y las importaciones, ¿a cómo está la libra de carne de pollo en el país? Las amas de casa tienen que dar entre 90 y 100 pesos en polleras y colmados, mientras que el pollo entero en supermercados cuesta 80 pesos libra.

No hay que hablar de la habichuela, aceites, carnes de res y cerdo, leche, trigo, entre otros, todos a precios más caros, pese a las importaciones subsidiadas.

¡A la siembra!
Con la debacle de la política de financiamiento y subsidio a las importaciones porque los precios no bajan, el 16 de mayo pasado Abinader anunció el Plan SiembraRD, que según la formulación se propone obtener “746 millones de libras de alimentos de origen agrícola, 14 millones de libras de origen pecuario y 10 millones de unidades de huevos”.

¡Excelente! ¡Maravilloso! Las dos grandes preguntas sin contestar son: ¿Dónde están los 4,600 millones de pesos que necesita el Plan para ejecutarse? ¿Con cuáles técnicos agropecuarios se cuidará esa producción si permanecen cancelados?

La vida da muchas sorpresas porque de marzo para acá el gobierno le ha dado 3,000 millones a los importadores de alimentos (si cumplió) y 1,275 millones a los importadores de materias primas de fertilizantes y los precios de ambos siguen subiendo como si nada pasara.

Con esos 4,275 millones de pesos entregados a los comerciantes, se hubiese financiado el Plan Siembra RD, se estuviese comiendo habichuela verde de Vallejuelo, Constanza, Ocoa y se fomentaría el empleo rural.

El país está en una emboscada muy difícil porque sin producción nacional hay que importar más y más caro, y dudo que alguien se vaya a dormir la siesta con la amenaza de desabastecimiento, a mirar la televisión para ver cómo va Ecuador.

El líder del Conep, Pedro Brache, tiene razón: hay que producir aquí.

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