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Inspectoría Salesiana revela que el padre Rogelio tiene un hijo

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Al vencerse el plazo dado por la Orden Salesiana en República Dominicana para que el sacerdote Rogelio Cruz se traslade a Colombia a realizar un curso de renovación sacerdotal, de tres meses, se establece que en las oficialías del Estado Civil hay registradas varias declaraciones de nacimiento en favor de varios niños en que el sacerdote figura como ‘padre biológico’ y como ‘declarante’.

La Junta Central Electoral ha confirmado como auténticas las actas de nacimiento, de declaración tardía, copias en nuestro poder, hechas por el sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín, el padre Rogelio. En algunas de estas actas de nacimiento, como el caso de la declaración del niño Carlos de Jesús, Rogelio Cruz aparece como ‘Padre’ y como ‘Declarante’ del declarado, donde se consigna también el nombre de la madre. En otras actas Rogelio Cruz aparece solo como ‘Declarante’ y no se consigna el padre biológico del declarado, aunque sí está el nombre de la madre.

En una correspondencia del 15 de enero del 2017, remitida a Rogelio Cruz por el padre Francisco Batista, SDB, Inspector Superior de la Orden de los Salesianos, Inspectoría de las Antillas (copia en nuestro poder), se indica que “en la Oficialía del Estado Civil hay constancia de la declaración de varios niños que figuran como hijos tuyos, por lo que legalmente tienen un derecho a filiación y hay una obligación juridicial de paternidad”.

No tenemos constancia de que Rogelio Cruz respondiera al Inspector Superior de la Orden de los Salesianos, padre Francisco Batista, SDB, la carta del 15 de enero de 2017 en que le señala, asimismo, cuatro faltas a la disciplina religiosa, relacionadas con: la Fundación Padre Rogelio Cruz, la declaración de nacimiento de los niños, las ausencias a la casa religiosa y de la Inspectoría y opiniones emitidas en material de doctrina moral y ética de la Iglesia.

 

Proceso de destitución en marcha

El proceso de destitución de Rogelio Cruz, como sacerdote de la Orden Salesiana, ha sido iniciado.

En enero de este año, la Inspectoría de la Orden Salesiana de las Antillas, ordenó a Rogelio Cruz trasladarse a La Ceja, Medellín, Colombia, a realizar un curso de renovación espiritual, por tres meses.

Y aunque dicho curso había sido solicitado por el propio Rogelio Cruz, en septiembre del 2017, el cura salesiano se ha negado a cumplir con la orden de su congregación y, por el contrario, ha denunciado que con ello hay un ‘plan’ de sacarlo del país debido a sus posiciones de denuncias sociales, acusando al Gobierno, las empresas mineras y a la propia Iglesia de ser los responsables de la decisión.

El 19 de febrero se le notificó a Rogelio Cruz que se venció el plazo dado por la Inspectoría de la Orden Salesiana para que cumpliera con el mandato de trasladarse a Colombia a realizar el curso. En vista de la negativa del cura, se le remitió una amonestación, con un nuevo plazo, el cual venció el 6 de marzo y tras la nueva notificación y en vista de su negativa, el 15 de marzo se inició el proceso de destitución en el Consejo de la Orden Salesiana como sacerdote de esa congregación, decisión que será enviada a Roma, a los organismos correspondientes de la cúpula de la Iglesia Católica.

Fuentes de la Orden de los Salesianos en el país comentaron que “Rogelio Cruz busca su destitución como sacerdote de la Iglesia Católica para dedicarse, sin ningún tipo de ataduras, si las hubiera tenido, para dedicarse como activista social a las luchas y denuncias que le han caracterizado”. Incluso, la fuente comentó tener informaciones de que “Rogelio Cruz está planeando participar en la vida política activa, como miembro de algún partido e incluso lanzar una candidatura a diputado”.

La última semana circuló, en busca de firmas, una carta a ser enviada al papa Francisco en que se “denuncia la trama” contra Rogelio Cruz “quien se ve acosado por una avasallante trilogía de poderosos intereses que incluyen sectores de la propia Iglesia, empresas de explotación minera y politicos corrompidos” y en la que acusan directamente al padre Francisco Batista, superior de los salesianos en República Dominicana, para ‘deportarlo’ del país.

“Yo no me voy del país, y menos a Colombia… ahora es que quieren que yo deje el compromiso con los pobres y que me dedique a rezar”, dijo Rogelio Cruz a la prensa en febrero pasado, a lo que la Inspectoría de las Antillas de la Orden de los Salesianos le respondió que el sacerdote “no ha sido trasladado de La Vega ni del país, a Colombia, sino que ha sido enviado a Medellín a un curso de renovación sacerdotal, de tres meses” atendiendo a una petición de Rogelio Cruz, el 28 de septiembre de 2017, en una carta al superior de los salesianos de Las Antillas, en que expresó “su deseo de participar en algunas de las propuestas de estudios y actualización pastoral que ofrece la congregación en Colombia e indicando al Superior las fechas en que podría participar en esos cursos”.

Grupos sociales, políticos y de la denominada sociedad civil, han cerrado filas con la rebeldía de Rogelio Cruz a realizar el curso de renovación sacerdotal que los superiores de su congregación le han ordenado. Han realizado marchas, declaraciones públicas y emitido manifiestos, así como la carta al Papa. En ese sentido el arzobispo de Santiago, Freddy de Jesús Bretón, recomendó a Rogelio Cruz que obedezca a sus superiores y tome un receso pues es “una decisión con la que no se acaba el mundo, pues no debería hacerse un problema de una cosa común”.

DETONANTE

Francisco Batista, Inspector de la Orden Salesiano de las Antillas, enviada el 15 de enero del 2017, fue el ‘detonante’ de la rebeldía de Rogelio Cruz con la Iglesia.

“El motivo de esta carta es para comunicarte mi preocupación sobre tu persona, y como religioso salesiano, y llamar tu atención sobre cuatro aspectos en los que estas faltando a la disciplina religiosa, explicitada a las Constituciones y Reglamentos que has profesado a la congregación a la que perteneces”, dice el padre Batista en su carta a Rogelio.

Y al detallar los cuatro aspectos “en los que estás faltando”, el padre Batista le recuerda sus conversaciones privadas en mayo del 2015, en las oficinas de la comunidad Domingo Savio, en La Vega, así como en los diálogos que ambos han sostenido en las oficinas de la Casa Inspectorial, en noviembre de ese mismo año, sobre la situación del sacerdote.

Los cuatro puntos, “en los que estás faltando”, y que cita la carta del padre Batista a Rogelio son:

•1ro. Fundación Padre Rogelio: a tenor del artítulo 188 de las Constituciones de la Sociedad de San Francisco de Sales, un religioso salesiano no puede constituir vitalicios, becas, legados para misas, fundaciones particulares o entidades benéficas sin permiso del Rector y su Consejo. Ya hemos hablado de esto y en el caso de la ‘Fundación Padre Rogelio Cruz’ aún no has solucionado nada, de manera formal e institucional. (el 3 de septiembre de 2017, Rogelio dijo, a través de la prensa, que había renunciado al cargo de presidente y como miembro de la Fundación que lleva su nombre. Se supo de que las operaciones de dicha Fundación han estado siendo arqueados).

•2do. La declaración de niños/as dándoles tus apellidos: En la Oficina del Estado Civil hay constancia de la declaración de varios niños que figuran como hijos tuyos, por lo que legalmente tienen un derecho de filiación y hay obligacion juridical de paternidad.

•3ro. Las ausencias de la casa religiosa y de tu Inspectoría, sin los permisos debidos del Superior, a tenor del Canon 665, s1, y del artículo 50 de nuestros reglamentos generales.

•4to. Algunas de tus opinions en material de doctrina moral y ética contradicen la doctrina y el magisterio de la Iglesia a la que perteneces y en la que ejerces el ministerio sacerdotal. En concreto, te recomiendo que rectifiques tus opinions y/o declaraciones sobre el aborto, tema en torno al que te has expresado en los medios de comunicación, distanciándote de lo que enseña la doctrina Cristiana desde el magisterio.

“Espero que reflexiones sobre estos cuatro puntos que te estoy señalando, con la esperanza de que la solución de ellos te ayuden a vivir en armonía con la vida religiosa que has profesado hace más de 30 años. Nunca es tarde, siempre se puede, basta que querramos y tengamos fe”, dice el padre Batista, superior de los salesianos en su carta a Rogelio, en la cual, asimismo, lo citó para el 9 de febrero del 2017, en sus oficinas, para “dialogar sobre otros aspectos, para que seas el verdadero salesiano que un día soñaste y que con ilusión profesaste en esta congregación”.

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Abinader ordena retirar proyecto de ley contra la ciberdelincuencia; revisarán aspectos sobre libertad de expresión

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El presidente de la República, Luis Abinader, ordenó este miércoles retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley contra la Ciberdelincuencia depositado hace varios días en ese órgano legislativo.

Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que ahora el proyecto será llevado a una Comisión Consultiva para su revisión y actualización en aspectos sobre la libertad de expresión.

“Por instrucción del Ptde de la Rep. estoy procediendo a retirar de la C. de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelicuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, informó el funcionario vía Twitter.

Desde que se dio a conocer el sometimiento de este proyecto varios sectores expresaron su rechazo al señalar que la iniciativa buscaba coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.

Esta iniciativa contemplaba de tres meses a cuatro años de prisión las sanciones que enfrentarían las personas en la República Dominicana por difundir o poner a disposición material y publicaciones que discriminen a otros ciudadanos.

Según el referido proyecto, serán sometidos a la acción de la justicia quienes difundan publicaciones de carácter discriminatorio por ideología, raza, color de piel, ascendencia u origen nacional o étnico, de género, orientación sexual y religión.

También, las personas que incurran en este delito pueden recibir multas de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Esta ley establece que la difamación cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de dos a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público. La persecución del delito de difamación se promoverá mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.

En cambio que la injuria pública cometida a través de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con multa de doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público.

Hace varias semanas, el presidente Abinader remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia.

El objeto de esa iniciativa legislativa era lograr la protección integral de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como la prevención, persecución y sanción de dos tipos de delitos, por un lado, los cometidos en detrimento de tales sistemas, sus componentes o sus contenidos y, por otro lado, los cometidos mediante el uso de esas tecnologías de la información y comunicación en contra de personas físicas o jurídicas.

El proyecto de ley establece su propio ámbito de aplicación, sus principios rectores y las definiciones que para su aplicación corresponden.

En su parte central, el proyecto tipifica cada uno de los ciberdelitos y los clasifica en ciberdelitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos y sistemas de información; ciberdelitos contra las personas; ciberdelitos financieros y de sustracción; ciberdelitos contra la propiedad intelectual; ciberdelitos contra las telecomunicaciones; y ciberdelitos contra la nación y ciberterrorismo.

El proyecto de ley también dispone los organismos competentes para la persecución y enjuiciamiento de tales delitos, dentro de los cuales se incluyen el Ministerio Público, la Comisión Interinstitucional contra el Ciberdelito, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI).

Por otro lado, el proyecto define las reglas de derecho procesal, las cuales regulan aspectos diversos, tales como las medidas de investigación, la recopilación y control de evidencias, el decomiso de bienes, la competencia jurisdiccional y la acción pública.

También son contempladas de manera particular la sostenibilidad del sistema y la cooperación internacional.

La eventual ley derogaría de manera total la ley núm. 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la cual regula la materia en el presente. De esta manera se actualizaría este marco normativo dado que muchas de las nuevas conductas ciberdelictivas que afectan hoy en día a la sociedad no cuentan con una tipificación penal.

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Denuncian Procuradora Mirian Germán cancela 137 fiscales

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Santo Domingo-El distinguido Jurista y abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz declaró a este diario que el apresamiento del abogado Johnny Portorreal es a todas luces ilegal por haber sido practicado por el Fiscal adscrito al departamento de prófugos Juan Ramirez, independientemente de que haya estafador o no a los sucesores de la familia Rosario.

Ferreras Díaz dijo que ese fiscal actuante en ese ilegal apresamiento Juan Ramirez es uno de los 137 fiscalizadores que en el día de ayer denunciaron una persecución de la Procuradora Mirian Germán al cancelarlo de su condición de fiscal efectivo al 31 de julio próximo al establecer que su designación había sido ilegal en la Procuraduria de Jimenez Peña, Francisco Dominguez Brito y Jean Alain Rodríguez ya que fueron designados de manera administrativa y no por concurso como establece la ley, para lo cual iniciaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que quedó en estado de fallo.

Ferreras Díaz dijo que con la situación irregular de esos fiscales todas sus actuaciones escapan a los principios de legalidad y transparencia que establece el artículo 171 de la Carata Magna y la ley 33/2011 que regula el funcionamiento del Ministerio Público por lo que todas las acciones, arresto, condenas, sentencias, allanamientos y demás operaciones propias del Ministerio Público son ilegales y contrarias a la constitución y el Estado Dominicano puede ser demandado en responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios por esas acciones antijurídicas.

El populoso abogado dijo que con la Resolución emanada del Consejo del Ministerio Público degradando a esos fiscales a abogado ayudantes vulnera sus derechos fundamentales y crea un estado de ingobernabilidad en el país, pues todas sus acciones de más de 15 años son nulas de pleno derecho bajo el principio de que el fraude todo lo corrompe y todo proceso sobre base fraudulenta es nula de pleno derecho.

Ferreras Díaz hizo un llamado a la Fiscal Independiente Mirian Germán a poner frenos a e esos abusos del Consejo del Ministerio Publico retirando estas acciones de cancelación ilegal de Fiscalizadores para no crear un caos en el sistema de justicia dominicano y respetar así el estado de derecho que existe en el país y la Supremacía de la constitución y la continuidad del estado moderno creado por la constitución proclamada el 26 de enero del alo 2010.

El Exponente jurista Fredermido Ferreras estableció que el Fiscal Juan Ramirez es quien se encuentra a la derecha del abogado defensor Carlos Mesas en la rueda de prensa de ayer con motivo de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo buscando que la Procuradora Mirian Germán Brito respete sus derechos adquiridos como Fiscalizador y lo mantenga en su cargo, pero mientras el Consejo del Ministerio Publicó lo humilla, lo maltrata, lo degrada, lo saca del sistema de manera vejatoria, este eficiente fiscalizador trabaja 24/7 para resolver problemas tan viejo como este del Abogado Johnny portorrear quien tenía una orden de arresto por más de 2 años y ni la Fiscal del Distrito Rosalva Ramos, ni la Policía Nacional, ni la Procuradora Mirian Germán, Yenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y demás cuerpos investigativos no pudieron resolver este caso que constituía una burla al sistema de justicia penal donde más de 400 querellantes reclamaban justicia y que era un dolor de cabeza para el Ministerio Público, sin embargo para resolver estos problemas si su nombramiento es legal pero para su promoción y mantenimiento en su cargo ahora resulta es ilegal y quieren sacarlo de su cargo ejercido con eficiencia y eficacia ya que en 15 días apresó a este prófugo estafador, pero que la disyuntiva ahora es la siguiente: “Si como dice el Consejo del Poder Judicial y la procuradora General este nombramiento de Juan Ramirez y 136 fiscalizadora más son ilegales y deben ser cancelados, son o no ilegales también sus acciones pues todo proceso que nace de una ilegalidad es también ilegal o no?”

Concluimos preguntando son legales las actuaciones de los Fiacalizadores Juan Ramirez, Juana Cabrera y 135 fiscalizadores más que segun sus superiores fueron designados de manera ilegal??? Sea usted el jurado.

Dr. Fredermido Ferreras Díaz
Abogado penalista y constitucionalista

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